Ante la “inseguridad”, más política y participación

Por Evelina Ramírez

En los últimos meses, el binomio seguridad-inseguridad ha llenado los titulares de los medios locales y, quizás también, haya sido el principal tema de conversación que hemos tenido los carlospacenses. Es que más allá de los intentos de la policía de minimizar el problema acusando a la prensa de “generar psicosis”, lo cierto es que los hechos están ocurriendo. Hablamos de muertes, violentos asaltos, detenciones arbitrarias y malos tratos recibidos en la sede de la departamental Punilla (tal como lo ha salido a expresar públicamente el Defensor del Pueblo, Alejandro Luchessi).

Hoy se cumplen seis meses de los hallazgos de los cuerpos sin vida de Hernán Sánchez y Andrea Castana en el Cerro de la Cruz y prácticamente hay muy pocos avances en cada una de las causas. En el caso de Hernán, la Fiscal General de la provincia, Alejandra Hillman, dispuso que se avance en una investigación especial para determinar cuál ha sido la causa de la muerte del fotógrafo (ver página 12).

El abogado de la familia, Carlos Nayi, reveló que la autopsia arroja la conclusión de que no se puede determinar la causa de la muerte, aunque aclaró que la pericia de parte señala que ha sido asesinado. Cabe recordar que el cuerpo fue encontrado esqueletizado y a pesar de eso fue posible observar equimosis intravita, golpes en ambos omóplatos, una herida producto del ingreso de un arma punzocortante y signos de arrastre, puntualizó el letrado.

En cuanto al cuchillo que se había encontrado junto al cuerpo de Hernán, Nayi dijo que se había ordenado su peritaje, pero que hoy esa arma “no está”. “Se ha ordenado peritar a los fines de saber si es compatible la hoja con el tamaño de la herida que ingresa en el colgajo, parte del abdomen zona derecha inferior. Hoy esa arma no está. No estoy interviniendo desde un principio en la causa. No puede ser encontrada, por lo que tampoco podrá ser peritada”, dijo el abogado a VillaNos Radio. Se estima que en las próximas horas van a trabajar en el lugar donde fue encontrado.

El caso de Andrea tiene un rumbo más incierto aun. Días atrás, el abogado de la familia Castana, Facundo Pace, sostuvo que en la investigación del caso se encuentra paralizada y sin el aporte de nuevos datos. “Desde la fiscalía nos indicaron que están manejando nuevas líneas de investigación, pero en estos momento no hay mayores avances”, afirmó.

Sus amigas no cejan en el reclamo de justicia y la recordaron con un emotivo video que compartieron en las redes sociales. El video no tiene sonido, “porque hace seis meses que la justicia nos tiene en silencio”, explicó Nadia Corzo (ver página 12).

“6 MESES… SILENCIO. 6MESES=EXTRAÑAR=SIN JUSTICIA=SENTIR=IMPOTENCIA=CERRANDO LOS OJOS= HIJA=HERMANA=MUJER= MADRE=AMIGA. 6 MESES NO NOS OLVIDEMOS DE ANDREA CASTANA …♡…”, escribió en su perfil en Facebook.

A esto hay que sumar también el asesinato de Ingrid Vidosa, ocurrido el 25 de agosto y caratulado como femicidio. Tras la marcha “Ni una menos”, ocurrida el 3 de junio en todo el país y a la que Villa Carlos Paz también adhirió, debemos decir que en nuestra ciudad tenemos una menos. Y no me refiero al domicilio que figuraba en su documento (como también se planteó en el caso de Hernán Sánchez, cuando su familia solicitaba desesperada que lo buscaran), sino al hecho de que estas cosas (desapariciones y muertes) están ocurriendo en nuestra ciudad.

 

La reacción del poder político

La respuesta del poder político ante esta problemática ha sido, cuanto menos, tibia. De parte del partido gobernante, sobre todo durante la campaña electoral, se solicitó al resto de las fuerzas que no utilizaran de manera partidaria el tema. Pasadas las elecciones, son muy pocas las expresiones públicas que se conocen del intendente abordando la cuestión.

Durante el discurso de apertura Avilés dijo: “Si bien la responsabilidad de la seguridad depende del gobierno de la Provincia de Córdoba, nosotros entendemos que el compromiso y la colaboración de los Municipios son fundamentales en lo que hace a la prevención. Por tal motivo hemos reforzado la Seguridad Urbana Municipal constituyéndose en la más importante de la Provincia. Esta flota cuenta con móviles que circulan de manera permanente distribuidos en cada distrito de la ciudad. Por tal motivo hemos reforzado la Seguridad Urbana Municipal constituyéndose en la más importante de la Provincia. Esta flota cuenta con móviles que circulan de manera permanente distribuidos en cada distrito de la ciudad”.

Aquí queda expuesta una de las miradas reduccionistas del problema. El creer que la seguridad es una cuestión policial y de vigilancia. Creer que la seguridad depende sólo del gobierno provincial, quien debe enviar más agentes, más móviles, debe capacitar al personal y poner más puntos de vigilancia. Y que en esto, la municipalidad sólo puede ayudar también poniendo más móviles y más vigilancia.

Pero más allá de reconocer que “la responsabilidad de la seguridad depende del gobierno de la Provincia de Córdoba”, el gobierno emprendió una modificación del organigrama municipal, que le dio categoría de dirección al área de Seguridad (antes, Seguridad Urbana dependía del área de Inspectoría General). Según dice la ordenanza sancionada a tal efecto, esta dependencia tendrá como funciones “la organización de los Servicios de Seguridad Urbana, desarrollando políticas de mejoramiento de las condiciones socio ambientales que colaboren en la prevención del delito (…)”. Luego habla de abordar “los asuntos referidos a la Policía Municipal, su organización, funcionamiento y atribuciones”.

La idea de “Policía Municipal” fue explicada por el mandatario en el diario La Voz del Interior (4 de agosto de 2015) donde se indica que la propuesta es unificar las actuales áreas de Inspectoría General y de Seguridad Urbana y crear un cuerpo de agentes públicos que patrullen las calles para colaborar con la Policía. “Se va a incluir al personal de vía pública que estará formado como observadores preventivos, en primeros auxilios, y van a tener una fuerte conexión con un Centro de Seguridad que vamos a crear”, anunció Avilés en la nota y adelantó que el sistema se llamará “Seguridad Villa Carlos Paz” y que se pondrá en marcha antes de finalizar este año.

“Los agentes tendrán un uniforme especial, similar al que utilizan las empresas de seguridad privada, y vamos a trabajar sobre un plano de riesgo de la ciudad para luego hacer inversiones en esos sectores en materia de prevención de accidentes, iluminación y otras cuestiones”, dijo el mandatario.

La otra medida que el oficialismo anunció –también en el discurso de apertura- fue la idea de promover una modificación de la ley sobre las Cámaras de Seguridad. “La ley provincial vigente le da la exclusividad del uso y colocación de cámaras de seguridad al Gobierno de la Provincia de Córdoba, y su monitoreo a la policía. Gestionaremos la modificación de la misma ante la mesa Provincia-Municipios y el Ministerio de Seguridad”, expresó Avilés en el discurso de apertura.

Sin embargo, Avilés pegó el faltazo en la última reunión de la Mesa (que además fue la segunda de todo el 2015).

De parte de la oposición, quienes han tomado el tema –y esto se ve a partir de las notas e iniciativas legislativas promovidas en el Concejo- son los dirigentes de la UCR-PRO. Con una nota ingresada a fines de agosto, un grupo identificado como “Profesionales del PRO” le solicita al Concejo que declare la emergencia jurisdiccional en materia de seguridad.

Y añade la misiva: “Es necesario implementar un conjunto de medidas para el fortalecimiento tanto de los órganos judiciales competentes, cuanto de la institución policial y la potenciación de sus área investigativas y operativas, además de dotar al personal policial del equipamiento necesario”.

De hecho, el representante parlamentario de este grupo político, Marcelo Cuevas (quien además es presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Ciudadana dentro del Concejo), promovió una iniciativa para que el Departamento Ejecutivo “realice las acciones necesarias para la implementación de una garita de seguridad y control en el pie del Cerro de la Cruz”.

La propuesta establece, además, que se fijen horarios de ascenso y descenso, y que se anoten en una planilla diaria, nombre, apellido y DNI de los peatones, así también entregar un mapa e información de seguridad correspondiente a todo el circuito turístico del Cerro de la Cruz.

“El equipamiento y el personal destinado al control deberá estar capacitado para la tarea que llevara adelante con comunicación directa con la fuerza policial”, sostuvo el edil.

Por su parte, su compañera de banca, Natalia Lenci (UCR), propuso regular la utilización -por parte del municipio- “de videocámaras para grabar imágenes en lugares públicos de autonomía, competencia y administración municipal o los lugares de propiedad privada a afectar para tal fin, y su posterior tratamiento en un Centro de Monitoreo Municipal”. Y entre los considerandos afirma que la Ley Provincial Nº 9380 y su Decreto Reglamentario Nº 1159/07 “no prohíbe en ninguno de sus artículos en forma taxativa la utilización de videocámaras en la vía publica operadas por municipios”.

 

El necesario abordaje integral

Lo expuesto nos lleva a conclusión de que, hasta el momento, la problemática de la seguridad viene siendo encarada predominantemente desde un paradigma represivo, basado en el control, la vigilancia y el deseo de darle más poder (y recursos) a la policía. El tema es que no se ve -o no se quiere ver- que la ciudad ya cuenta con una importante cantidad de agentes policiales y precisamente esto no ha logrado prevenir eficazmente los episodios de violencia.

Es curioso –y no tanto- que la clase política de Villa Carlos Paz apele a estas soluciones, cuando nuestra Carta Orgánica habla de otra cosa. En efecto, el artículo 59 expresamente indica que “el Municipio planifica y ejecuta políticas destinadas a promover la seguridad y protección de los habitantes. Desarrolla estrategias multidisciplinarias, en coordinación con entidades estatales y no gubernamentales, para la prevención del delito, la violencia y la asistencia a las víctimas. Facilita canales de participación comunitaria a través de la creación del Foro Municipal de Seguridad, cuya integración y regulación serán establecidas por Ordenanza”.

Ese Foro Municipal de Seguridad todavía no ha sido creado.

Pero lo interesante de ese artículo de la COM es que va en consonancia con una idea de seguridad pensada desde lo colectivo y respetuosa de los derechos humanos. Una propuesta que va a tono con lo que instituciones destacadas (como la propia Universidad Nacional de Córdoba), organismos de derechos humanos y organizaciones sociales vienen planteando en torno a la seguridad.

Es importante que Villa Carlos Paz reconozca que el problema existe. Pero también es importante emprender un debate público serio y responsable a la hora de pensar en medidas concretas y efectivas. Y para ello hay que estar atentos a las discusiones que se vienen dando a nivel provincial y nacional, para no volver a cometer los mismos errores ni seguir apelando a estas “soluciones mágicas”, que luego redundan en mayor segregación y violencia.

“La política de seguridad en Córdoba sigue el rumbo del populismo punitivo implementado en la mayoría de los contextos urbanos actuales: se sostiene sobre la selección de delito callejero, dejando de lado los delitos complejos y las economías delictivas que mayor violencia producen. Además cobra color local por la estructura policial, el núcleo legislativo provincial, las medidas implementadas y la retórica que las acompañan, que se fundamental en la asociación entre juventud-pobreza-delincuencia”, sostienen Valeria Plaza y Susana Morales, investigadoras de la UNC en la revista Deodoro (diciembre de 2013).

La clase dirigente debe salirse de las respuestas fáciles; y nosotros, los ciudadanos, debemos salir del encierro y el miedo. Hay que recuperar la palabra entre vecinos y volver a ocupar el espacio público.

Ante la “inseguridad”, más política y participación.

 

Proponen instalar una garita de seguridad y control al pie del Cerro de la Cruz

El concejal Marcelo Cuevas (PRO) presentó un proyecto a través del cual pretende que el departamento Ejecutivo “realice las acciones necesarias para la implementación de una garita de seguridad y control en el pie del Cerro de la Cruz”, frente al complejo Aerosilla.

La propuesta establece, además, que se fijen horarios de ascenso y descenso, y que se anoten en una planilla diaria, nombre, apellido y Documento de Identidad de los peatones, así también entregar un mapa e información de seguridad correspondiente a todo el circuito turístico del Cerro de la Cruz.

“El equipamiento y el personal destinado al control deberá estar capacitado para la tarea que llevara adelante con comunicación directa con la fuerza policial”, sostuvo el edil.

Cabe recordar que el sendero que lleva a la Cruz permanece cerrado desde que Ingrid Vidosa fuera hallada asesinada el pasado 25 de agosto, en inmediaciones de la segunda estación del tradicional Vía Crucis. En marzo, en tanto, fueron encontrados también en el Cerro de la Cruz los cuerpos sin vida de Hernán Sánchez y Andrea Castana.

Por estas razones, Cuevas considera necesario “implementar un mayor control en el Cerro de la Cruz, sendero utilizado para recreación Turística y entrenamiento físico de vecinos y deportistas”.

Si bien aclaró que la seguridad de la población “depende exclusivamente del Estado provincial”, el concejal remarcó que “es necesario articular con el municipio políticas de prevención con el objetivo de promover controles de seguridad, tanto para vecinos como turistas que nos visitan todo el año”.

Puso como ejemplo el sistema implementado en el Cerro Uritorco (Capilla del Monte), donde se realiza un control de peatones “muy satisfactorio para controlar el ascenso y descenso de vecinos y turistas para recorrer el entorno no solo del cerro, sino también las zonas comerciales cercanas y educativas”.

Asimismo, acotó que el gobierno provincial, “a través de Dipas, puso a disposición una cabaña de madera ubicada en el dique San Roque, que podría utilizarse para tal fin, trasladándola hasta el pie del Cerro de la Cruz”.

El proyecto tomó estado legislativo en la sesión del jueves pasado, y fue derivado a la comisión de Seguridad donde será analizado.

 

Nota correspondiente a la edición n° 384 del semanario La Jornada, del 13 de setiembre de 2015.