La Defensoría del Público desarrolló el pasado viernes la primera audiencia pública del año con el objetivo de evaluar el funcionamiento de los medios de radiodifusión. La convocatoria estuvo dirigida a todas las personas, organizaciones e instituciones interesadas de la Región Centro (que involucra a las provincias de La Pampa, San Luis, San Juan, Mendoza y Córdoba).
El encuentro se desarrolló en la sede la UEPC con una fuerte participación de las radios comunitarias. Este año, continuando el recorrido iniciado en 2017, el eje temático de las audiencias es “el funcionamiento de los servicios de comunicación audiovisual en Argentina. Aportes sobre derecho a la comunicación y convergencia”.
Durante las nueve horas de duración que tuvo la audiencia se tocaron importantes temáticas como el acceso y ejecución del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FOMECA), la “democratización de la palabra”, el reclamo por la designación de una nueva Defensora o Defensor del Público mediante un mecanismo representativo, el reparto igualitario en la pauta publicitaria oficial en medios audiovisuales de todo el país, el tratamiento responsable sobre género, la no discriminación y criminalización a jóvenes y niños niñas y adolescentes en situación de encierro.
En total fueron 94 las personas que hicieron uso de la palabra, entre las cuales hubo representantes de medios comunitarios, cooperativos, públicos, universitarios, escolares y privados. Se expresaron, además, organizaciones sociales, de mujeres, de migrantes y de derechos humanos; organizaciones de intérpretes, sindicatos y funcionarios y funcionarias públicos. También expusieron usuarixs de instituciones de salud mental, personas con discapacidad, investigadorxs, estudiantes y personas privadas de su libertad.
También se denunció la persecución hacia los medios comunitarios, la concentración de la información, se reclamó la eliminación de restricciones en las redes, el fomento a los contenidos locales, la inserción de niños, niñas y adolescentes en los medios audiovisuales como productores de sentido, la democratización del acceso a distintas plataformas, la inclusión y mejora de las condiciones laborales las y los intérpretes de lengua de señas y otros trabajadores de medios.
VillaNos Radio estuvo presente a través del coordinador de la radio y del área de comunicación de la Cooperativa Integral, Jorge Boido, quien recordó que la Coopi había conseguido la licencia para prestar el servicio de televisión por cable y que el gobierno del intendente Avilés truncó esta posibilidad al no habilitarle el uso del espacio aéreo para el tendido del cableado.
“La Coopi, a lo largo de sus 55 años, en un momento entiende que la comunicación tiene que ser parte de los servicios que brinda. Y que lo tiene que hacer con carácter público y masivo. Hizo el primer intento con el servicio de televisión por cable, y no lo pudimos desarrollar porque el municipio de Villa Carlos Paz nos vedó esa posibilidad y no nos dio los permisos necesarios para usar el espacio aéreo. Por eso sólo pudimos desarrollar el proyecto radial”, expresó Boido y remarcó que la decisión del municipio constituye un acto de “censura previa”.
Como contrapartida recordó que el gobierno de Avilés sí autorizó el uso del espacio aéreo para que se pudiera concretar el proyecto de Carlos Paz Televisión. “Se trata de un proyecto privado -que tiene el mismo carácter que Cablevisión- y no de una propuesta cooperativa”, subrayó.
Aun así, la Coopi siguió adelante y puso en funcionamiento VillaNos Radio. “Coincidimos con los reclamos del cumplimiento total de la ley de medios y el pago de los FOMECAS. Las radios comunitarias necesitamos de una ley que dé la estructura ley para funcionar como corresponde. Que nos ampare”, manifestó.
Rodríguez Villafañe: “El poder no solo está en lo que se dice, sino en lo que se oculta”
El abogado constitucionalista y especialista en derecho a la comunicación, Miguel Julio Rodríguez Villafañe, fue uno de los oradores en la audiencia pública. El profesional valoró el espacio de la audiencia y dijo: “Reunirnos para tratar estos temas siempre es positivo. El público es el pueblo, todos somos públicos. La gente siente, cree y hace en función de los medios de comunicación. Es importante garantizar que los medios sean plurales y participativos porque si no estamos condenados a un discurso de un sólo sector manipulado a través de los medios”.
Desde ese lugar destacó la importancia de los medios comunitarios y populares, y subrayó que el gobierno de Cambiemos apunta a modificar el paradigma de la comunicación, desregulando el escenario y apuntando a producir una mayor concentración de medios de comunicación.
“Hay una falta de respeto del gobierno nacional que pisoteó una ley que es una de las que más consenso tuvo en la historia. De un plumazo en un DNU inconstitucional se la sacó de encima, desnaturalizándola. Con un criterio peligrosísimo cambia la historia argentina. Ahora decidieron hacer una ley a medida de la empresa española Telefónica”, señaló a VillaNos Radio sobre el proyecto de Ley de Comunicaciones Convergentes.
El letrado habló también de la persecución a periodistas que tienen un punto de vista crítico del gobierno nacional. “Están usando la política del miedo. El periodista sufre la posibilidad de quedarse sin empleo y no conseguir trabajo en otros medios (debido a la concentración)”, advirtió y enfatizó: “El poder no solo está en lo que se dice, sino en lo que se oculta”.
Las radios de FARCO, presentes
Las radios integrantes del Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO) también se expresaron a través de un documento conjunto en el que denunciaron que bajo los eufemismos de ‘convergencia’ y ‘telecomunicaciones’, el proyecto de nueva Ley de Comunicaciones esconde la noción de “la comunicación como un bien de uso, una mercancía regida bajo las leyes del mercado”.
“Esto atenta de forma directa contra el derecho de las audiencias a informarse de forma plural y veraz, contra el libre ejercicio de la libertad de expresión pero también, contra el derecho de nosotros, los actores del denominado ‘tercer sector, al ejercicio de la comunicación. Todos estos, aspectos contemplados en la concepción de comunicación entendida como derecho humano, que promueve, fortalece y asegura el sistema democrático de nuestro país”, plantearon las radios de FARCO.
Las audiencias que vienen
Para avanzar en el recorrido iniciado en 2017, este año las audiencias públicas invitan a toda la ciudadanía a profundizar en las propuestas, necesidades y dificultades en torno a los servicios de comunicación audiovisual y la convergencia, en el marco del derecho a la comunicación.
De acuerdo al cronograma, la segunda Audiencia Pública será el 1 de junio para la región NOA (Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero). El 27 de julio será el encuentro para la región NEA (Corrientes, Santa Fe, Misiones, Formosa, Chaco y Entre Ríos) y la cuarta Audiencia 2018 será el 14 de septiembre para la región Patagonia (Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro y Neuquén). Se suman a la primera consulta sobre esta temática que el 29 de septiembre de 2017 convocó a la región Buenos Aires.
Cada Audiencia Pública es una invitación a actualizar el diagnóstico y acompañar las miradas y experiencias de cada sector con propuestas que se inserten en el contexto actual y en las proyecciones sobre la regulación de la comunicación audiovisual “convergente” desde la perspectiva del derecho a la comunicación.
“Las audiencias públicas nos sirven para adoptar políticas nuevas, trazar líneas de trabajo o profundizar las que se vienen trabajando”, expresó a VillaNos Radio María Capurro, subdirectora Protección de Derechos de la Defensoría del Público.
Además aclaró que en, términos de la legalidad, la Defensoría del Público no se tocó en absoluto. “El artículo 19 y el 20 están plenamente vigentes. No paso lo del AFSCA y el Consejo Federal”, dijo y añadió: “En noviembre de 2016 terminó el mandato de Cynthia Ottaviano. No se inició el proceso para elegir una nueva defensora o defensor, sino que se otorgó a un titular la autorización para conservar los recursos y el funcionamiento de la defensoría.
“La comisión bicameral no inició ese proceso de designación de un defensor o defensora. El organismo sigue cumpliendo sus funciones, pero al no tener desplegadas las facultades del defensor condiciona nuestras posibilidades de hacer”.
