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Este viernes a las 18 horas se realizará una intervención en la intersección de Los Gigantes y Alem para alzar la voz en pedido de justicia. “La idea es concentrar en esa esquina y continuar avanzando por el camino de calle Los Gigantes que Franco hubiera hecho si no hubiera sido frenado por una bala en el pecho”, sentenció Analía, una de las impulsoras de la actividad.
Franco Amaya tenía 18 años cuando fue fusilado por la espalda al pasar en moto por un control vehicular la madrugada del 22 de febrero de 2017, a unas cuadras del centro de Villa Carlos Paz. El disparo fue ejecutado por el policía Rodrigo Maximiliano Velardo Bustos (26) con seis meses de antigüedad en la fuerza. Mientras José Ezequiel Villagra (23), el oficial responsable del control con dos meses de experiencia, se negó a auxiliar al joven que agonizaba. Ambos estaban alcoholizados.
La actividad comenzará en la esquina donde Franco Amaya fue asesinado con una pintada de su nombre en el asfalto y concluirá con un festival y muraleada en la plazoleta ubicada en la esquina de Los Gigantes y Av. Perón. Habrá micrófono abierto y rap.
A partir de esta iniciativa se pretende avanzar en el desarrollo de un proyecto y junta de firmas para que el camino que Franco hacía esa noche quede marcado con su nombre. “La intervención consiste en estar en el espacio público, habitarlo, modificarlo y hacerlo de los jóvenes. La propuesta es que la calle Los Gigantes, el puente que está a una cuadra y la plazoleta que está a unas cinco cuadras se llamen Franco Amaya”, explicó Martín, otro de los organizadores.
“Hubo juicio, pero no JUSTICIA. La lucha continúa”, es una de las consignas que acompañará el recorrido, dando cuenta de que a un año del fallo el repudio continúa. En mayo del año pasado Bustos fue condenado a 12 años por el crimen y Villagra fue absuelto por el tribunal de la Cámara 11ª del Crimen integrado por Daniel Ferrer Vieyra (presidente) y las vocales Graciela Bordoy de Pizzicari y María Susana Frascaroli. Los jueces consideraron que Bustos actuó por “dolo eventual” y no por “culpa consiente”, es decir que no tuvo intenciones de matar y consideró que el hecho de que estuvieran alcoholizados fue un atenuante.
La pena que recibieron los imputados es la misma que había pedido el fiscal Diego Albornoz, que redujo la condena propuesta por la acusación original. Bustos llegó al juicio imputado por el homicidio doblemente agravado por el uso de arma de fuego y por la condición de policía, pero Albornoz quitó el segundo calificante, lo cual le permitió no solicitar la prisión perpetua sino una pena inferior. Cabe recordar que en su alegato, Albornoz argumentó que Bustos “obró incorrectamente, pero no en el ejercicio de su función”.
Por otra parte, para José Ezequiel Villagra, acusado de omisión de los deberes de funcionario público por no prestar asistencia a la víctima, el fiscal de Cámara pidió la absolución. “Fue un juicio corto donde se notó la indiferencia del poder judicial y los sectores que legitiman el lugar de poder para que la policía avance sobre los derechos de la gente. A pesar del acompañamiento a la familia, Bustos recibió una condena menor y absolvieron al cómplice. Fue un camino que en la justicia quedó truncado, por eso nosotros necesitamos completar esa justicia en la calle”, manifestó Analía.
“Queremos retomar un sentido de justicia que no abarca solamente lo que diga un tribunal, no nos conforma esa justicia. Creemos que la verdadera justicia es que los jóvenes puedan andar libremente por las calles de sus pueblos, necesitamos que justicia sea que no se repitan los casos de violencia policial o de abuso de poder hacia la juventud”, agregó Martín.
Laura Cortez, mamá de Franco, va participar para exigir avances en la apelación y mantener a su hijo presente en la memoria colectiva en un país donde las fuerzas de seguridad cometen un caso de gatillo fácil cada 22 horas. “Voy a volver a salir a la calle en Carlos Paz para volver a pedir justicia justa para mi hijo. A pesar de que paso un año del juicio no fue bien condenado el asesino y quiero seguir caminando las calles para que se sepa que acá estoy para seguir luchando por mi hijo y que todavía con mis pasos hago sentir que él camina por las calles, como tendría que estar haciéndolo con la edad que él tenía”, expresó.
Además del asesinato de Franco se siguen conociendo casos de gatillo fácil a diario en nuestro país, con una reducción drástica del lapso de tiempo en el que se producen las muertes. El adelanto del archivo de casos 2018 de la Correpi (Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional) registra niveles de represión alarmantes. Determina que el promedio de muertes ocurridas por gatillo fácil, en cárceles o protestas sociales, arroja una cifra de una persona muerta por violencia institucional cada 22 horas en el 2018, ante el cálculo de 23 horas del informe anterior.
“Lo que terminó con el asesinato de Franco es una política de Estado en Córdoba y en el país. Por eso, queremos resolver una condena social también, que involucre y pueda señalar a toda la violencia que está ejerciendo el Estado a través de la policía a los jóvenes, los trabajadores, a los pobres y a todos los negados por este sistema”, subrayó Analía.
