De aprobarse un proyecto de ordenanza que será debatido en el Concejo de Representantes de Villa Carlos Paz, los funcionarios del municipio deberán realizarse, obligatoriamente, una rinoscopía anual para detectar el consumo de drogas.
La iniciativa fue presentada por el edil del Frente Cívico, Oscar Sequeira, y precisa que quienes deben someterse al examen son todos los “funcionarios públicos sujetos a la presentación de Declaración Jurada según Código de Ética de la Función Pública”. Esto es: intendente; concejales, Auditor de Gestión, Secretario Legislativo, Pro-Secretario Legislativo; tribunos de Cuentas; defensor del Pueblo y Defensor del Pueblo Adjunto; secretarios, Subsecretarios, Directores, Subdirectores y Coordinadores o cargos equivalentes del Departamento Ejecutivo Municipal; Asesor Letrado, Sub-asesor Letrado, Procurador del Tesoro, Oficial Mayor; Jueces de Falta, Secretarios Letrados; Directores y Síndicos de Personas Jurídicas en las que tenga participación el Municipio; Miembros de Entes Reguladores o de control; Cualquier otro funcionario que intervenga en la gestión de fondos públicos; administre patrimonios públicos o privados por decisión de la Administración Pública Municipal; integre comisiones de adjudicación en procesos licitatorios o sea responsable de la compra o recepción de bienes, o de otorgar habilitaciones o autorizaciones.
“El consumo de estupefacientes puede llegar a convertirse en una adicción y es responsabilidad del Estado brindar los medios de prevención y recuperación necesarios para los afectados. Algunas sustancias producen el desgaste del tabique nasal, pero hay estudios de la sangre más precisos para detectar el consumo de estupefacientes”, señaló Sequeira en los fundamentos, y advirtió que en Villa Carlos Paz, “nos hemos acostumbrado a los casos de narcotráfico expuestos por los medios, demostrando el peso que tienen éstas redes ilícitas en nuestra localidad”.
Planteó, además, que hay casos en que, “las estructuras gubernamentales son permeadas por redes de narcotráfico y corrupción”.
“Quien consume se vincula con la ilegalidad y los funcionarios estatales deben definir claramente su situación frente a situaciones ilícitas”, subrayó, y citó antecedentes de proyectos y normativas que van en el mismo sentido de diversas localidades argentinas.
Qué dice el proyecto
El proyecto establece que, “los funcionarios públicos sujetos a la presentación de Declaración Jurada según el artículo 22 de la Ordenanza N°5922 – Código de Ética de la Función Pública – deben realizarse anualmente un examen de rinoscopia, un examen de detección de metabólicos de drogas en orina (DDO) en dos (2) muestras identificadas como FRASCO A y FRASCO B, para determinar la presencia de sustancias psicoadictivas en sus organismos, a realizarse en laboratorios químicos públicos”.
Los análisis deberán ser presentados a la dependencia correspondiente del área de Recursos Humanos de la municipalidad de Villa Carlos Paz, siendo el 31 de octubre de cada año la fecha límite para que el funcionario entregue los estudios.
En caso de resultado positivo, “el funcionario involucrado tendrá derecho a exigir la contraprueba, dentro de los 5 días hábiles siguientes a aquel en que fue conocido el resultado del análisis de la muestra contenida en el FRASCO A, utilizando el FRASCO B, acompañado por un perito bioquímico que éste designe”.
Por último, el texto determina que, “si se detectare en un funcionario la presencia de metabólicos de drogas prohibidas se procederá a su suspensión, respetándose todas las garantías constitucionales hasta su recuperación, y considerándose dentro del régimen de licencias vigente, brindando el Estado Municipal los medios idóneos y necesarios para su recuperación”.
