viernes, septiembre 4, 2026
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La Cámara de Turismo de Villa Carlos Paz llevó a la Legislatura provincial un proyecto para equiparar al sector con la industria

La iniciativa elevada ante la Legislatura de Córdoba propone un régimen de promoción para los servicios turísticos, con cambios en el esquema tarifario de EPEC, una reducción de la carga de Ingresos Brutos y condiciones crediticias similares a las de la actividad industrial.


La Cámara de Turismo de Villa Carlos Paz presentó ante la Legislatura provincial un proyecto denominado Ley de Promoción de Servicios Turísticos, con el que busca establecer un marco específico para la actividad y equiparar su tratamiento con el de la industria manufacturera en materia energética, tributaria y financiera.

La propuesta tiene alcance provincial y contempla como potenciales beneficiarios a establecimientos de alojamiento y servicios turísticos debidamente inscriptos y habilitados, ubicados en los distintos valles y localidades de Córdoba y cuya actividad económica principal sea el turismo.

El planteo impulsado desde Villa Carlos Paz parte de una demanda histórica del sector empresario: que la consideración del turismo como una industria también se traduzca en condiciones económicas similares a las que tienen las actividades productivas tradicionales.

El presidente de la Cámara, Christian Metrebián, sostuvo que la iniciativa surgió del diálogo con prestadores de distintos puntos de la provincia y explicó que “el proyecto consiste en equiparar la actividad turística con la industrial a través de un marco normativo propio”.

Tarifas eléctricas, impuestos y créditos

Uno de los ejes está vinculado con el costo de la energía. El proyecto propone modificar el esquema aplicado por EPEC a establecimientos encuadrados como grandes consumidores, de manera que la facturación contemple la demanda efectivamente utilizada y no la potencia contratada como componente fijo, atendiendo especialmente a la estacionalidad de la actividad turística.

También plantea que las facturas eléctricas no incorporen tasas y cargos adicionales ajenos al consumo energético, entre ellos la Ordenanza Impositiva Municipal (OIM).

En materia tributaria, la iniciativa propone equiparar la alícuota del Impuesto sobre los Ingresos Brutos correspondiente a los servicios turísticos con el tratamiento más favorable previsto para la actividad industrial.

El tercer eje apunta al financiamiento y contempla que Bancor disponga para los prestadores turísticos condiciones crediticias similares a las ofrecidas al sector industrial, tanto en tasas como en plazos y requisitos.

Beneficios ligados a la reinversión

La propuesta no plantea los incentivos sin contraprestaciones. Los establecimientos que adhieran al régimen deberán presentar un Plan de Reinversión y Mejoramiento de Infraestructura y acreditar que un monto equivalente al ahorro fiscal y tarifario obtenido fue destinado a modernizar, ampliar, refuncionalizar o mejorar sus instalaciones y servicios.

La Agencia Córdoba Turismo aparece en el proyecto como autoridad de aplicación y tendría a su cargo la reglamentación y fiscalización del régimen.

Desde el sector empresario sostienen que la iniciativa busca contemplar una característica particular del turismo: establecimientos que deben mantener estructuras y afrontar costos fijos durante todo el año aunque su nivel de actividad varíe considerablemente entre la temporada alta y los períodos de menor demanda.

La propuesta cuenta además con el respaldo de la Asociación Gastronómica y Hotelera de Villa Carlos Paz. Su presidenta, Carolina Sacilotto, señaló que la equiparación del turismo con la industria es un reclamo que el sector viene sosteniendo desde hace años y consideró necesario avanzar con un esquema específico para la actividad.

El planteo tiene como antecedente la Ley provincial 10.881, aprobada en abril de 2023, que creó un programa de promoción para micro y pequeñas empresas comerciales y de servicios turísticos mediante incentivos fiscales vinculados a la incorporación de empleo formal. La nueva iniciativa impulsada desde Villa Carlos Paz busca avanzar sobre un régimen más amplio, centrado específicamente en los costos estructurales y las condiciones de funcionamiento de la actividad turística.

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