Por Evelina Ramírez y Jorgelina Quinteros
Nos toca escribir la nota que no quisimos escribir nunca. Nunca. El asesinato de un joven a manos de la policía. Franco Amaya, de 18 años. “Era un niño lleno de alegría”, describe su tía Alejandra entre lágrimas. Cursó sus estudios secundarios en el Cenma 217. Trabajaba en un lavadero. Estaba a punto de recibirse de peluquero. “Le iban a entregar su título. Estaba feliz. Salía con su máquina a cortarle el pelo a sus compañeros y amigos. Tiene miles de amigos”, agrega.
El miércoles 22 de febrero a la madrugada estaba preparándose para ir a ver al cuartetero Ulises Bueno en el boliche Molino Rojo. Con su primo Agustín salieron en moto a buscar una camisa. Cuando circulaban por calle Los Gigantes en la intersección con Alem, se encontraron con un control policial. La moto tenía pocos frenos y Franco intentó detenerse utilizando los cambios. Allí es cuando el policía Rodrigo Velardo Bustos (25) simplemente dispara por considerar que estaban evadiendo el control policial.
“Le hacía señas con la mano de que no tirara. Que no teníamos frenos. No nos íbamos a dar a la fuga ni nada, si no estábamos haciendo nada malo”, relata Agustín, hoy testigo clave.
El crimen de Franco tiene muchas similitudes con el caso de Fernando “Güere” Pellico (18), quien fue baleado por la espalda el 25 de julio de 2014 en barrio Los Boulevares (Córdoba) cuando se trasladaba en motocicleta junto con su primo Maximiliano Peralta tras cruzar un control policial. En primera instancia, la Policía adujo que se trató de un enfrentamiento, pero la familia siempre señaló que fue otro caso más de gatillo fácil.
A fines de diciembre, y en una sentencia sin precedentes en la provincia de Córdoba, el Tribunal de la Cámara Octava y los jurados populares condenaron al agente Lucas Chávez y el sargento primero Rubén Leiva a cadena perpetua por el homicidio calificado.
Lo terrible es saber que el asesinato de Franco no se trata de un hecho aislado y que la problemática de los abusos policiales fue advertida a las autoridades locales (intendente, concejales, defensor del Pueblo). Y la respuesta fue darle más poder a la policía. Como ejemplo solo basta mencionar la autorización para la instalación un puesto de la Guardia de Infantería en el ingreso a barrio Colinas (hecho que no impidió, sin embargo, que el Centro de Salud que está al lado sea asaltado en dos oportunidades).
Existen numerosos indicios de que el asesinato de Franco Amaya es la consecuencia extrema de un aparato represivo estatal que en vez de haberse adecuado a los nuevos tiempos democráticos y en defensa de los derechos humanos, se ha visto en numerosos casos fuertemente reforzado en aquellas prácticas que más lo acercan a una cultura policial forjada, sobre todo, en tiempos de gobiernos militares.
“Cambiaron los presidentes y gobernadores pero las policías continuaron en sus prácticas. Si la policía puede ensañarse con los pobres será porque no se siente llamada a tener que rendir cuentas con nadie”, expresa el abogado Esteban Rodríguez Alzueta en su libro “La máquina de la inseguridad”.
La ausencia de una profunda reforma del cuerpo policial es una de las grandes deudas de nuestra democracia, y mientras el poder político no se decida a enfrentar esta cuestión seguiremos, desgraciadamente, lamentando e indignándonos por la pérdida de jóvenes como Franco.
Hechos e imputaciones
Agustín relató que una vez efectuado el disparo por parte del policía, también se le negó la posibilidad de trasladar con urgencia a Franco, que se encontraba agonizando, hacia un centro médico. “Como mínimo paré 10 autos para que lo llevaran. Taxis, lo que sea. Y le decían que no, que se fueran. Que no lo cargaran. (El policía) decía que en ningún momento había sacado el arma. Que había tirado otro policía, que se había ido corriendo”, describió.
Teleocho Noticias difundió un durísimo video que muestra el momento en que Franco Amaya era subido a un auto para ser trasladado al hospital, minutos después de ser baleado. En el video se escucha a Agustín pedir desesperadamente que ayuden a su primo.
Allí se ve también al policía acusado de dispararle con guantes de látex puestos cuando se llevaban al joven herido. En ese contexto, y cuando lo acusan de haberle disparado a quemarropa, lo negó: “Cómo le voy a pegar un tiro, estás loco vos”, responde.
Judith Barrera, directora del hospital Gumersindo Sayago confirmó que el joven ingresó a las 2,20 de la madrugada “con una herida de arma de fuego en el tórax, con orificio de entrada y salida, y ya en paro cardiorrespiratorio, sin signos vitales”. “Los médicos comienzan a hacer tareas de reanimación, pero el paciente no logra sobreponerse y fallece”, dijo.
Carlos Nayi, el abogado de la familia de Franco Amaya, aseguró que el joven fue asesinado “a quemarropa”. “La trayectoria de la bala va de izquierda a derecha y de frente, lo que excluye la posibilidad de hablar de una actitud evasiva. Disparó a menos de 30 centímetros, prácticamente cuerpo a cuerpo”, precisó.
Además, advirtió que hay una “cadena de irregularidades que terminó cobrándose una víctima”.
En el asesinato de Franco tuvo intervención la Fiscalía N°3 a cargo de Jorgelina Gómez, quien decidió imputar al oficial Rodrigo Velardo Bustos, por homicidio calificado.
“La calificación que se le atribuye es en virtud de un hecho que, de acuerdo a las características, ha sido cometido dentro del ejercicio de sus funciones”, expresó Gómez y añadió: “Está acreditada tanto la existencia del hecho como la participación de este personal policial”. Aclaró también que los jóvenes que iban en la moto no portaban armas.
Según pudo conocerse, Rodrigo Maximiliano Velardo Bustos tiene 25 años. Se presentó como soldado voluntario en el Ejército, pero fue dado de baja por inconducta. Posteriormente se anotó en la Escuela de Suboficiales General Manuel Belgrano de Córdoba. Nueve meses después, salió a la calle con un arma 9 milímetros. Hoy está detenido, con apenas seis meses de servicio en la Policía.
La fiscal Gómez decidió también imputar al compañero de Bustos, José Ezequiel Villagra, por incumplimiento en los deberes de funcionario público. “Esta es una imputación inicial, lo que no quita que en el curso de la investigación pueda surgir algún otro tipo de imputación”, advirtió.
Bustos está en la cárcel de Bouwer, Villagra en libertad.
Tras el crimen de Franco, también fue separado de su cargo y está siendo sometido a un sumario interno el comisario Mayor Ángel Costero, jefe de la Departamental Punilla. Fue reemplazado por el comisario Inspector Leonardo Páez Stelmach. Los cambios se dan a días de que el subjefe Carlos Destéfani, también sea apartado por presuntas irregularidades. Se lo investiga por utilizar recursos de la Policía en beneficio propio.
A la cadena de acciones irregulares del personal de la Departamental Punilla, también vale mencionar la detención de un policía acusado de haber abusado sexualmente de una joven menor de edad en el interior del boliche Molino Rojo, a comienzos de febrero. El uniformado está imputado de abuso sexual con acceso carnal agravado por su condición de integrante de una fuerza de seguridad.
Según cifras publicadas por el diario La Voz del Interior, en 2016 fueron 39 los policías echados por mal desempeño, mientras que otros 200 terminaron realizando funciones pasivas.
Una desgracia advertida
Hace 19 años, CORREPI (Coordinadora Nacional Contra la Represión Institucional) presentó por primera vez en Plaza de Mayo el Archivo de Casos de personas asesinadas por el aparato represivo estatal. Allí se reunía la información disponible de todos los casos de gatillo fácil, muertes en la tortura, en cárceles y otros lugares de detención, desapariciones y asesinatos en movilizaciones y manifestaciones, conocidos desde diciembre de 1983.
La repercusión pública que tuvo el informe, y su utilidad como herramienta para conocer el real alcance de la represión a lo largo y ancho del país, determinó que ese trabajo se sistematizara, y así se sigue actualizando el archivo, que en su momento comenzó con 262 casos y hoy registra casi 5000 muertes en total.
El último informe de la CORREPI da cuenta que en Argentina muere una persona cada 25 horas en manos de las denominadas “fuerzas de seguridad”.
“Nunca hubo una brecha tan corta como esta”, afirman desde la Coordinadora.
Las víctimas de la represión policial fueron 4960 desde diciembre de 1983, de las cuales 259 pertenecen a la gestión de Cambiemos.
Según un informe realizado por el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), sólo entre 2011 y abril de 2016 la Policía de Córdoba dejó 77 vidas truncas.
Villa Carlos Paz, ciudadanos y dirigentes, no pueden verse sorprendidos de los que pasó. Porque hubo advertencias. Desde estas páginas relatamos varias veces las denuncias de abuso policial, detenciones arbitrarias, proceder irregulares de la Policía de la Provincia de Córdoba. La respuesta del municipio fue darle más poder a la policía.
Desde la delegación Punilla Sur de la Fundación María Elba Martínez también se presentaron notas al intendente, al Concejo de Representantes y al Defensor del Pueblo donde daban cuenta de los abusos policías.
Las misivas -presentadas en marzo del año pasado- incluyen los testimonios de jóvenes recopilados en los talleres que la organización llevó adelante en distintas escuelas de Villa Carlos Paz y localidades aledañas.
“Como organización venimos relevando desde 2013 situaciones de violencia institucional de manera cuantitativa y cualitativa en diferentes instancias. Lo relatado por las víctimas y testigos de los ‘controles policiales’ sobre jóvenes dan cuenta de situaciones de abuso policial, que en actitudes arbitrarias, intimidatorias y humillantes no respeta derechos individuales y sociales de los jóvenes y de ciudadanos que pretenden asegurar el cumplimiento de las garantías constitucionales de los mismos.
“Nos preocupa que muchos jóvenes de Punilla no puedan hacer propios espacios públicos como plazas, costanera y centro, entre otros, debido al constante hostigamiento policial. Los discursos dominantes de seguridad legitiman el despliegue represivo del Estado sobre aquellos jóvenes provenientes de barrios populares. Con figuras vagas e imprecisas –como merodeo, resistencia a la autoridad o negativa de identificarse- cuestionadas por su inconstitucionalidad, se habilitan situaciones de abuso que nada tienen que ver con la prevención del delito y que alteran sustancialmente la cotidianidad de los sectores más desfavorecidos de nuestra ciudad”, expresa la nota ingresada a las tres dependencias oficiales en marzo del año pasado.
La responsabilidad del accionar policial es política. Es el Estado el que fija la política de seguridad a seguir, y el que crea y sostiene la institución policial encargada de aplicar el monopolio en el uso de la fuerza legítima a nivel interno.
Cuando desaparece el Estado social, se construye el Estado represivo. Y para legitimar ese Estado represivo, se activan resortes (prejuicios sociales, criminalización de la pobreza, racismo, xenofobia) que son funcionales a fortalecer esa idea de que “más seguridad es más policía en las calles”.
La fijación de la política de seguridad de los habitantes no es función ajena al municipio: es una responsabilidad que deben asumir todos los poderes locales, porque no se trata de una elección, sino de una obligación indelegable. Así lo manda la Carta Orgánica.
Uno de los jóvenes que se acercó a la manifestación frente a la Departamental Punilla portaba un cartel que decía: “Justicia es que no vuelva a pasar”.
Ese es el gran desafío que tenemos por delante, y ahora más que nunca la clase política carlospacense no puede seguir haciéndose la distraída. Y esto implica salirse de las meras expresiones simbólicas para verdaderamente cumplir con ser representantes del pueblo y ponerse a su disposición.
Nota correspondiente a la edición n° 454 del semanario La Jornada, del 26 de febrero de 2017.
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#GatilloFácil – Bronca, reclamo de justicia y represión: http://lajornadaweb.com.ar/index.php/2017/02/26/gatillofacil-bronca-reclamo-de-justicia-y-represion/
#GatilloFácil – Familiares de víctimas de abuso y negligencia policial acompañaron a la familia Amaya: http://lajornadaweb.com.ar/index.php/2017/02/26/gatillofacil-familiares-de-victimas-de-abuso-y-negligencia-policial-acompanaron-a-la-familia-amaya/
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#GatilloFácil – “A Franco lo asesinaron a quemarropa”, afirmó Nayi, abogado de la familia Amaya: http://lajornadaweb.com.ar/index.php/2017/02/26/gatillofacil-a-franco-lo-asesinaron-a-quemarropa-afirmo-nayi-abogado-de-la-familia-amaya/
#GatilloFácil – El gobierno provincial anunció modificaciones a los controles policiales: http://lajornadaweb.com.ar/index.php/2017/02/26/gatillofacil-el-gobierno-provincial-anuncio-modificaciones-a-los-controles-policiales/
