La administración de Donald Trump extendió las medidas que hasta ahora apuntaban principalmente contra jueces y fiscales y sancionó a la institución en su conjunto. Washington bloqueará transacciones y activos bajo jurisdicción estadounidense, aunque dispuso un período de 180 días y algunas excepciones.
El Gobierno de Donald Trump anunció este viernes nuevas sanciones contra la Corte Penal Internacional (CPI) y profundizó así un enfrentamiento que lleva años, pero que ahora incorpora una novedad de peso: por primera vez, las medidas apuntan directamente contra el tribunal como institución.
Hasta ahora, Washington había aplicado sanciones principalmente contra jueces, fiscales y otros funcionarios de la Corte.
La nueva decisión busca limitar el acceso de la CPI a servicios financieros, tecnológicos y comerciales vinculados con Estados Unidos y bloquear las transacciones que involucren al tribunal.
El anuncio fue realizado por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien justificó la medida en la defensa de la soberanía estadounidense y sostuvo que la Corte no tiene jurisdicción sobre ciudadanos de Estados Unidos.
“Nuestro mensaje es claro: Estados Unidos y su pueblo no están sujetos a la jurisdicción de la CPI”, afirmó Rubio.
Qué implican las nuevas sanciones
La CPI fue incorporada formalmente al régimen de sanciones establecido por la Orden Ejecutiva 14203.
La medida implica el bloqueo de eventuales bienes y activos de la institución que se encuentren bajo jurisdicción estadounidense y restringe las transacciones con personas o empresas de Estados Unidos.
También puede afectar el acceso del tribunal a servicios bancarios, pagos en dólares, software y proveedores tecnológicos estadounidenses.
Washington dispuso, sin embargo, una licencia general por 180 días que permitirá mantener determinadas operaciones mientras empresas y prestadores reducen o reorganizan sus vínculos con la Corte.
El Tesoro también estableció excepciones para algunas actividades, entre ellas determinados servicios de telecomunicaciones y software, pagos de pensiones y operaciones relacionadas con personas detenidas.
Por eso, el alcance no supone un corte instantáneo y absoluto de todas las relaciones con la institución, aunque sí abre un escenario de presión económica y operativa considerable.
De sanciones individuales a una medida contra toda la Corte
La administración Trump ya había sancionado durante los últimos dos años a numerosos integrantes del tribunal.
Según el Departamento de Estado, 17 personas vinculadas con la CPI habían sido alcanzadas hasta ahora por medidas estadounidenses.
Entre ellas figuran fiscales y jueces, incluida la presidenta del tribunal, Tomoko Akane.
La decisión de este viernes da un paso más: ya no se limita a determinadas personas, sino que designa a la propia Corte Penal Internacional.
La CPI tiene sede en La Haya y fue creada por el Estatuto de Roma, que entró en vigor en 2002.
Actualmente cuenta con 125 Estados miembros.
Por qué Estados Unidos rechaza la jurisdicción de la CPI
Estados Unidos participó de las negociaciones que llevaron a la creación del Estatuto de Roma, pero nunca se convirtió en Estado parte.
La administración de Bill Clinton firmó el tratado en 2000, pero el Senado nunca lo ratificó y, en 2002, el Gobierno de George W. Bush retiró formalmente la intención estadounidense de avanzar con esa ratificación.
Washington sostiene desde hace años que la Corte no debería investigar ni juzgar a ciudadanos de países que no reconocen su jurisdicción.
La CPI, en cambio, considera que puede actuar cuando los presuntos crímenes ocurren en territorio de un Estado parte, incluso si la persona investigada pertenece a un país que no integra el tribunal.
Ese criterio explica algunos de los choques más fuertes con Washington.
La Corte abrió en su momento una investigación sobre presuntos crímenes cometidos en Afganistán, incluyendo posibles responsabilidades de integrantes de las fuerzas estadounidenses.
Ese capítulo fue uno de los motivos que llevó a la primera administración Trump a sancionar, en 2020, a la entonces fiscal principal de la CPI y a otro funcionario.
Las medidas fueron levantadas por Joe Biden en 2021.
El conflicto por Israel
La tensión volvió a escalar después de que la Corte emitiera órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su entonces ministro de Defensa, Yoav Gallant, por presuntos crímenes cometidos en el marco de la guerra en Gaza.
Israel, al igual que Estados Unidos, no es miembro de la CPI y rechaza la jurisdicción del tribunal.
Washington considera que las órdenes contra dirigentes israelíes constituyen una extralimitación.
La Corte sostiene, en cambio, que tiene jurisdicción porque los hechos investigados habrían ocurrido en territorio palestino, que sí está incorporado al Estatuto de Roma.
La CPI también ha emitido órdenes de arresto vinculadas con la guerra en Ucrania, entre ellas contra el presidente ruso Vladimir Putin, y mantiene investigaciones abiertas en otros escenarios como Sudán, Venezuela, Myanmar y Filipinas.
La respuesta de la Corte
La CPI rechazó las sanciones y las calificó como un ataque contra el Estado de derecho y el sistema internacional de justicia.
La fiscal adjunta Nazhat Shameem Khan sostuvo que las medidas buscan debilitar el trabajo de una institución judicial independiente y aseguró que las investigaciones y procesos continuarán.
“Nuestro trabajo continuará en todas nuestras situaciones, investigaciones y procesos”, afirmó.
La presidenta del tribunal, Tomoko Akane, también ratificó que la Corte seguirá actuando de manera independiente e imparcial y llamó a los Estados miembros a respaldar la institución.
Países europeos, Canadá y Japón expresaron además su rechazo a las sanciones y reafirmaron su apoyo al tribunal.
El mismo día del Nobel a Navi Pillay
El anuncio se produjo pocas horas después de que la jurista sudafricana Navi Pillay, exjueza de la Corte Penal Internacional, recibiera el Premio Nobel de la Paz 2026 por su trayectoria en defensa del derecho internacional.
La coincidencia temporal tuvo una fuerte repercusión internacional, especialmente porque el Comité Nobel destacó al anunciar el premio que las instituciones jurídicas globales atraviesan crecientes presiones políticas.
No existe, sin embargo, evidencia oficial de que la decisión estadounidense haya sido adoptada como respuesta al Nobel.
Las sanciones contra la CPI venían siendo preparadas desde hacía meses y funcionarios estadounidenses sostuvieron que el momento del anuncio fue coincidente.
El propio Comité Nobel tampoco vinculó directamente su decisión con Trump ni con la política de Estados Unidos.
Un enfrentamiento cada vez más profundo
El conflicto plantea ahora una cuestión distinta de las sanciones personales aplicadas hasta el momento.
Al alcanzar a la institución, Washington busca dificultar su funcionamiento financiero y tecnológico y aumentar la presión sobre los países que integran la Corte.
Rubio advirtió que Estados Unidos espera que sus aliados contribuyan a modificar la actuación del tribunal.
La CPI respondió que continuará con sus causas.
La disputa deja así frente a frente dos posiciones jurídicas irreconciliables: Estados Unidos sostiene que la Corte no puede ejercer autoridad sobre ciudadanos de países que nunca aceptaron su jurisdicción, mientras que la CPI afirma que el Estatuto de Roma le permite intervenir cuando los hechos investigados ocurren en territorio de alguno de sus Estados miembros.
