El pasado viernes el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) avaló la constitucionalidad de la decisión del municipio de expropiar las acciones de la Coopi en Carlos Paz Gas (CPG).
Cabe recordar que en setiembre de 2012 el Concejo de Representantes, a instancias del intendente Esteban Avilés, aprobó una polémica ordenanza declarando “de utilidad pública y sujeto a expropiación el 48,5%” de las acciones de la Coopi en CPG.
La entidad cooperativista llevó el tema a la justicia, presentó un amparo y pidió que la ordenanza sea declarada inconstitucional.
El 25 de febrero de 2013, la jueza de Primera Instancia y 2° Nominación en lo Civil y Comercial, Viviana Rodríguez, resolvió “admitir parcialmente la acción de amparo… y declarar la invalidez de los artículos, 2,3,4,5,6, 7 y 8 de la Ordenanza Nº 5599… declarando su invalidez por inconstitucional”.
Es decir, para la jueza la declaración de ‘utilidad pública y sujetas a expropiación’ de las acciones de la Coopi en Carlos Paz Gas establecida en el artículo 1º era válida, toda vez que el acto administrativo del Estado “se presume legítimo”. En tanto, censuró el proceso que se puso en marcha posteriormente, calificando al accionar del municipio como “ilegal y arbitrario”, y anuló los artículos que operativizaban la expropiación. Entre ellos, los relativos a la indemnización, la conformación del directorio, la modificación del estatuto y el llamado a asamblea.
Ante esto, la Coopi apeló la decisión respecto al artículo 1º primero ante la Cámara de Apelaciones y luego ante el Tribunal Superior de Justicia. El argumento principal era que se trataba de una “confiscación” ya que, “es evidente la arbitrariedad del gobierno municipal que esconde, tras la expropiación, una clara intención sancionatoria hacia la Cooperativa, que carece de fundamento alguno”.
En ambos casos, la justicia falló a favor del municipio.
Desde el municipio destacaron que el TSJ consideró que “son atribuciones del intendente el intentar esta expropiación” y que no se advirtió “que haya incurrido en un exceso o abuso de autoridad”.
Conocida la decisión del TSJ, desde la Coopi no descartaron volver a apelar, en esta ocasión directamente ante la Corte Suprema de Justicia de la nación.
Por el lado del municipio queda saber si, con el reciente respaldo judicial, se lanzará a sancionar una nueva ordenanza para materializar la expropiación, cumpliendo con todos los requisitos legales.
