El Presupuesto Participativo, un simulacro de participación

Por Jorgelina Quinteros

“Democracia de Supermercado”. Así definió el concejal Omar Ruiz (CPU) los cambios realizados por el Ejecutivo Municipal sobre el Presupuesto Participativo.

Se trata de un decreto firmado por el intendente Esteban Avilés el pasado 17 de octubre que modifica sustancialmente la reglamentación del Presupuesto Participativo para que los vecinos, en vez de proponer y elegir obras para sus barrios, deban votar entre las que formula el municipio.

“Se transforma en un contrato de adhesión por parte de los vecinos, dejando de lado el impuso y la iniciativa creadora de los mismos”, expresó el edil.

Ruiz fue uno de los impulsores de esta iniciativa y el creador de la anterior reglamentación durante su gestión como secretario de Calidad Institucional, Desarrollo Social y Educación en la primera gestión de Avilés.

Grande fue su sorpresa cuando se enteró de estas modificaciones a través de un correo electrónico que fue enviado por una consejera, quien participaba realizando un seguimiento y monitoreo del cumplimiento de los proyectos votados.

Mirtha Pino integra el centro vecinal Villa Domínguez en el área de Revisión de Cuentas. Se enteró de este decreto por casualidad mientras buscaba documentación sobre Presupuesto Participativo a pedido de las nuevas autoridades de la comisión.

La nueva reglamentación, establecida por el decreto 582/DE/2016, en su artículo 7º establece: “Para la formulación de propuestas de obras y servicios públicos por parte del Departamento Ejecutivo Municipal, debate y posterior votación a los fines de establecer el orden de prioridades de los proyectos, se llevarán a cabo sucesivas rondas”.

De esta manera se modifica “el fundamento político y el corazón del Presupuesto Participativo cual es, que sean los propios ciudadanos y vecinos quienes presenten propuestas y no que tengan que elegir entre las que selecciona previamente el Departamento Ejecutivo Municipal, convirtiendo la Democracia Participativa en una Democracia de Supermercado, para que en una suerte de góndola de productos los vecinos tengan que elegir los proyectos, sin poder proponerlos previamente”.

Esto manifestó Ruiz en el proyecto de resolución donde exigió al Ejecutivo la inmediata derogación del decreto y que fue tratado en la última sesión ordinaria del Concejo de Representantes el 30 de diciembre del año pasado.

El apoyo del concejal del PRO, Marcelo Cuevas, le permitió al núcleo duro del avilescismo empatar la votación, y Alejandra Roldán tuvo que volver a apelar al doble voto de la presidencia para rechazar la iniciativa y sostener la idea de Avilés. Votaron a favor de este pedido el interbloque Cambiemos y la concejala de UPC, Laura Orce.

 

Participar es proponer, no sólo elegir

El PP “es una herramienta de participación y gestión de la ciudad, mediante la cual la ciudadanía puede proponer y decidir sobre el destino de parte de los recursos municipales”.

¿Para qué sirve? Tiene como principal objetivo la participación directa de la ciudadanía en este proceso, orientada a establecer las principales demandas y prioridades a las que asignar el gasto público e incluirlos en el presupuesto anual de la ciudad, priorizando los objetivos más importantes desde una perspectiva territorial y realizando un seguimiento de los compromisos alcanzados.

Ésta es la explicación que propone la página web del municipio sobre el Presupuesto Participativo.

La intervención de los vecinos está garantizada por una estructura de asambleas que se realizan en diez secciones en las que ha sido subdividida la ciudad. Esta propuesta se lleva a cabo desde 2012 en nuestra ciudad y permitía a los vecinos proponer y desarrollar proyectos vinculados a salud, cultura, deportes, educación, etc.

Actualmente, los cambios establecidos en la reglamentación transforman al Presupuesto Participativo en una extensión del presupuesto de obras y servicios públicos, porque se limita la incorporación de otro tipo de iniciativas. A pesar de que la ordenanza 4950 establece en su artículo 2 que el PP “podrá ampliarse para abarcar otras partidas presupuestarias”, posibilitando que las propuestas sean de diversas temáticas. “Se usa para aumentar el presupuesto de obras públicas y ésta es la consecuencia directa de este decreto”, señaló Ruiz.

Sin embargo, el punto más crítico es que no se contempla la posibilidad de que los vecinos propongan, sino que son los equipos técnicos del municipio quienes presentan en las asambleas una serie de proyectos para que los vecinos puedan elegir entre esas opciones.

“El ADN del PP es que los vecinos hagan propuestas, con este decreto se cambia esto, dejan de proponer y sólo votan lo que propone el Ejecutivo”, argumentó Ruiz.

El edil afirma que esta reglamentación es violatoria de la Carta Orgánica Municipal y la Ordenanza 4950/08. El artículo 93 de la Carta Orgánica faculta a los vecinos para “remitir las propuestas de presupuesto”, un derecho que con este decreto les es negado.

El artículo 9 de la ordenanza establece obligatoria la presencia de por lo menos un concejal por cada Bloque Legislativo en las distintas reuniones. Al ser modificada la reglamentación, este artículo fue suprimido. Sin embargo, Darío Zeino, el secretario de Calidad Institucional, Cultos, Participación Vecinal y Juventud, en declaraciones a los medios señaló que, “el decreto no contradice ningún tipo de normativa sino que amplía la base de participación para los vecinos”.

“Cuando Ruiz estaba como secretario, el PP tenía un alcance muy acotado, los vecinos no podían pedir obras de agua, de cordón cuneta, cloacas, de pavimentación, de iluminación. En este tiempo, nosotros hemos analizado y hemos entendido que los vecinos no podían decidir sobre lo que realmente les interesaba. En los lugares donde hay PP este se cambia todos los años, es muy dinámico, no se puede pretender que después de cuatro años no haya cambios y mejoras”, remarcó.

Su postura va en la misma línea que la defensa del decreto impulsada por los concejales avilescistas durante la discusión del pedido de derogación que realizó Ruiz en el Concejo de Reprentantes. La edila Mirta Alessio tomó la posta y argumentó a favor de la restricción del PP para obras de infraestructura.

Carla Livelli, por su parte, defendió la eliminación de la figura de los consejeros, quienes tenían el rol de controlar la ejecución de los proyectos. “Se van a digitalizar todos los proyectos en la página de la municipalidad y desde ahí los van a poder monitorear. No lo van a poder hacer sólo los consejeros, sino cada vecino que este interesado puede monitorearlo desde ahí. También está ahora la herramienta de la ordenanza de Acceso a la Información Pública para que cualquier información que algún vecino quiera pueda solicitarla por esa vía. Interpreto que no existe una restricción”, argumentó.

En la web del municipio se puede acceder a los proyectos elegidos, en ejecución y realizados hasta fines del 2016. Es muy escueta la información, no se especifica que empresa lleva adelante la obra, no hay datos precisos sobre el monto ejecutado y no se puede acceder al proyecto completo en pdf.

El artículo 9 del decreto determina que, “la asignación presupuestaria destinada a la ejecución de los proyectos de obras y servicios públicos, será del 3 % calculado sobre el presupuesto de recursos de origen municipal de libre disponibilidad”.

Las fuentes de financiamiento establecidas son rentas generales y cuentas con afectación específica.

El artículo 12 de la anterior reglamentación definía el mínimo en un 3% del total del presupuesto de la Ciudad, esto es los recursos propios más la coparticipación. La concejala Soledad Zacarías (UPC) explicó en números esta reducción de la partida presupuestaria.

“Hemos ido año a año no cumpliendo con la ejecución presupuestaria pertinente, por tal motivo lo que se analizó este año es tomar el 3% de lo que queda disponible del presupuesto de origen municipal. Esto lleva a que la nueva propuesta sea más real para el vecino”, detalló. El resultado, señaló,  es una partida presupuestaria para el 2017 superior al 3%, porque se incluyen las cuentas con afectación específica.

“Como gobierno no creamos falsas espectativas a los vecinos. El año pasado aprobamos 14 millones y es verdad, lo hemos disminuido este año a $12.955.782, pero es una manera mas real de llegar al vecino, porque estábamos incumpliendo con algunas cuestiones que sabemos que no fueron ejecutadas”, justificó.

Ruiz también reconoció que los porcentajes de ejecución no han sido del 100%. “Hay niveles bajos de ejecución que son preocupantes, pero lo que cuestiono es la legalidad de este decreto poque se aparta del espíritu de la Carta Orgánica que dice que los vecinos proponen. De proponer y elegir, pasan a sólo eligir los vecinos lo que el ejecutivo propone y esto se agrava con la reducción del presupuesto”, manifestó.

Walter Gispert (Frente Cíico) expresó con preocupación que el Ejecutivo haya definido por decreto la asignacion presupuestaria: “Por decreto no puede definir el presupuesto. Fija un techo arbitrariamente y, entiendo, de muy difícil legalidad. El que lo resuelve es el Concejo no el Departamento Ejecutivo. El decreto tiene una matriz política equivocada que es limitar la decisión en un espacio como es el PP”, añadió.

El debate en el Concejo de Representantes finalizó con la intervención de Ruiz: “Es un mensaje poco claro que achica la participación de la gente porque no puede proponer, achica la participación de los vecinalistas comprometidos porque eliminamos con este decreto la figura del consejero vecinal y achica la participación de los concejales porque es como que no nos estan invitando al PP. Lo que ni el intendente, ni el secretario del área (Zeino) ni los concejales han podido explicar es que los vecinos dejan de proponer, eso hasta ahora nadie me lo explicó”, concluyó.

 

“Debilitaron la participación”

“El proceso vivido hasta ahora nos muestra avances y retrocesos esperables, como en todo proceso y un lento  pero, constante avance en la ejecución de los proyectos propuestos por los vecinos en las asambleas y elegidos por votación por todos los ciudadanos que se acercaron a priorizar sus elecciones a través del voto”. De esta manera el municipio define lo que para muchos vecinos son irregularidades y arbitrariedades en el funcionamiento del Presupuesto Participativo en los últimos años.

Las principales críticas consisten en la subejecución de las partidas y las demoras en la ejecución de los proyectos que fueron votados.

En la web del municipio se puede acceder aquellos que se encuentran en ejecución desde el año 2013 hacia adelante. Los proyectos de recuperación y mejoramiento de plazas son los que presentan más demoras: la Plaza Eva Perón (Av. Peron esquina Torricelli) fue aprobada en 2012 y debió ejecutarse en el 2013, otra plaza en Vivaldi y Scarlatti de Barrio Villa del Lago cuyo plazo de ejecución era entre 2014 y 2015, Pucará en el distrito sur a realizarse en el 2015, la plazoleta en calle Descottes, las plazoletas Ecuador y San Francisco de Asís y la plaza Alberdi se tendrían que haber realizado en el período 2013/2014.

El Centro cultural con sala de ensayo, el Playón Deportivo en barrio Inquilinos, la señalización de casonas históricas en Villa Independencia, el proyecto de iluminación, bancos, mesas, canteros y senderos en Balneario La Hoya, la escalinata hacia la Virgen Blanca y la batería de baños publicos zona céntrica son proyectos que no han sido finalizados. Algunos deberían haber comenzado a desarrollarse en el 2013.

El coordinador de Participación Ciudadana y Presupuesto Participativo, Gabriel Martina, reconoció que, “hay varios proyectos inconclusos, hay una deuda y hay un compromiso del intendente de llevarlos adelante. El retraso en la obra pública es uno de los problemas a resolver sobre este programa. Pero no hacemos borrón ni cuenta nueva”.

También apoyó las modificaciones realizadas a la reglamentación del PP: “Era muy complicado llevarlo adelante, hasta te diría obstaculizaba un montón de situaciones que con este decreto se quiere solucionar. Todo cambio tiende a mejorar no a destruir. Sobre la práctica se tiene que ir probando y de acá a unos años va a haber una nueva modificación”.

Durante los primeros dos años el municipio señaló que casi tres mil ciudadanos participaron con su voz y con su voto en la elección de los proyectos a ejecutar. Ruiz detalló que en el 2013 3.500 vecinos votaron 118 proyectos.

Sin embargo, hoy la realidad es muy diferente. Mirtha Pino afirmó que en la votación de la sección 8 del distrito centro en octubre del 2016 solo 30 personas asistieron, destacando que años anteriores habia 10 veces más participación.

“Comenzamos a funcionar en el 2013. Fue una movida muy grande, ayudamos mucho a que se instalara la idea del Presupuesto Participativo y la participación ciudadana, ya que la ciudad de Carlos Paz no está acostumbrada a eso. Nunca pensé que nos sacarían así de un plumazo y que digan en los medios que hay participación ciudadana. Eso es terrible porque nos han cortado. Estaba digitado ya, porque lo que hicieron fue debilitar la participación y ni siquiera se discutió”, argumentó Pino, consejera del distrito Centro.

La figura de los consejeros que eran elegidos por los propios vecinos para hacer un seguimiento de los proyectos fue eliminada a través del decreto.

Martina explicó que este rol no es necesario porque la sistematización de los proyectos con parámetros similares a como funciona el ingreso de notas de un centro vecinal, con un número de control, garantiza el acceso de las partes interesadas a la documentación.

“Ya no hace falta la figura de un consejero que tiene que proclamar su cargo para acceder los proyectos. Cualquier parte interesada puede hacerlo, porque hay un número para seguirlo”, manifestó. También, se refirió a los vecinos que elevaron sus críticas a estos cambios en el PP: “Están buscando un oportunismo, están llevando esto a una cuestión más política, porque no se acercaron a plantearnos que esta modificación está mal. No está bueno poner al vecino como rehén o decirle información un poco tergiversada”.

Asimismo remarcó que no se restringe la participación porque el municipio puede proponer y el vecino también.

Sin embargo, el cuerpo del decreto no contempla la formulación de propuestas por parte de los vecinos, sino únicamente del departamento Ejecutivo Municipal.

“Nosotros tenemos que elegir lo que ellos presentan, no lo que proponemos nosotros o sea que también quitan toda esa preparación del vecino para mirar su barrio, su zona. Por supuesto, no nos habían dicho nada, ni desde Políticas Vecinales, ni desde Presupuesto Participativo, jamás se nos comunicó, ni a los consejeros ni a los centros vecinales”, expresó con indignación Pino.

Y coincide con Ruiz en que es un error y un retroceso eliminar la figura del consejero que realizaba un “control social y podía estar en la apertura de sobres de las licitaciones”. Pino también denunció las demoras en la ejecución de proyectos que fueron elegidos, pero las obras nunca comenzaron o están a medias.

“Nosotros tenemos 4 o 5 proyectos no realizados desde el 2013, o sea ¿dónde está todo ese dinero? Pedimos por nota que expliquen que había pasado con ese presupuesto y nos respondieron que aceptan que tienen retraso, pero no dan más explicaciones. No dicen dónde está ni por qué, lo tenemos por escrito”, reclamó.

“En las últimas votaciones teníamos un proyecto que era un SUM que era aquí en la plaza de Descotte y Urquiza, nos dieron factibilidad, hicimos las dos primeras asambleas y cinco días antes de las votaciones nos sacaron el proyecto de la lista y pusieron lo que ellos querían. La explicación que nos dieron es que no había viabilidad jurídica”, relató como uno de los ejemplos de decisiones irregulares que tuvieron lugar durante el desarrollo del PP.

La participación activa de los consejeros era una de las maneras en que los vecinos podían controlar al Estado municipal en el desarrollo de los proyectos y dar un marco de transparencia en el destino y utilización de los fondos.

El decreto fue para Pino el cierre de un proceso de debilitación y desgaste de la ciudadanía que se evidenciaba en las últimas votaciones. “Lo que le molesta al oficialismo en este momento es que el ciudadano controle, no soportan ese tema. Antes lo teníamos y por ordenanza, un control relativo por supuesto dentro de las facultades que nos daba esa reglamentación. Por eso terminaron de rematar la participación, para que no molestemos y poder llevarse el dinero del presupuesto para lo que ellos decidan que es lo bueno para la ciudad. Nos trataron de socavar, de decir no participes más para poder hacer esto y nos cerró el broche de oro con el decreto”, declaró.

La nueva reglamentación explicita una forma de operar del Presupuesto Participativo que se fue intensificando desde el 2014 en adelante.

Falta de transparencia en la toma de decisiones y el manejo de los fondos, poca participación de los equipos técnicos del municipio, obras sin ejecutar y otras que fueron eliminadas o incluídas arbitrariamente en las votaciones.

Esto derivó en una disminución del compromiso y las ganas de participación de los vecinos, que en un principio se sumaron a la propuesta de pensar políticas públicas para los barrios con mucho entusiasmo.

El PP es un proceso marcado por avances y retrocesos, reconocen desde el municipio.

El decreto de Avilés es un claro retroceso no sólo por restringir la capacidad de proponer de los vecinos e implicar una reducción presupuestaria, si no también porque termina de socavar una experiencia de construcción ciudadana y debate sobre la ciudad y el barrio que los vecinos quieren.

Parece participación, pero es una mera elección.

 

Nota correspondiente a la edición n° 447 del semanario La Jornada, del 08 de enero de 2017.