La Libertad Avanza intenta conseguir este miércoles el dictamen para ampliar el régimen que apunta a incorporar los “dólares del colchón” al sistema. En paralelo, prepara el tratamiento de la nueva Carta Orgánica del BCRA y pretende llevar ambas iniciativas al recinto el 26 de agosto.
El Gobierno nacional abrió una nueva etapa de su ofensiva legislativa con dos proyectos que considera centrales para su programa económico: la ampliación del régimen de Inocencia Fiscal y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. La intención de La Libertad Avanza es avanzar primero con el dictamen de la iniciativa tributaria y reunir luego ambos textos en una sesión prevista para el 26 de agosto.
El movimiento más inmediato tendrá lugar este miércoles desde las 11, cuando las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Legislación Penal de Diputados se reúnan en plenario para discutir Inocencia Fiscal II. El oficialismo necesita acordar modificaciones con bloques aliados para asegurar el respaldo al dictamen.
Una de las negociaciones de última hora pasa por la posibilidad de excluir a funcionarios públicos del régimen. El proyecto remitido originalmente por el Poder Ejecutivo no establecía esa prohibición, pero sectores aliados reclamaron incorporar restricciones y el Gobierno analiza aceptar el cambio para destrabar su tratamiento. Hasta el comienzo de la reunión, la modificación no estaba formalmente cerrada.
Más personas podrían ingresar al régimen
La segunda versión de Inocencia Fiscal busca ampliar considerablemente el universo alcanzado. Actualmente, para acceder al Régimen Simplificado de Ganancias se exige tener ingresos anuales inferiores a $1.000 millones, un patrimonio que no supere los $10.000 millones y no estar categorizado por ARCA como Gran Contribuyente.
El nuevo proyecto elimina esos topes de ingresos y patrimonio y abre el régimen a todas las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país. Los Grandes Contribuyentes también podrían ingresar a la modalidad simplificada, aunque sin acceder a las presunciones, efectos liberatorios y otros beneficios previstos para el resto de los adherentes.
El objetivo declarado por el Ministerio de Economía es generar mayores garantías para que los argentinos incorporen al circuito formal ahorros mantenidos fuera del sistema financiero. Según las estimaciones difundidas por el Gobierno a partir de datos del Banco Central, existirían alrededor de US$170.000 millones fuera del sistema, frente a depósitos bancarios en dólares cercanos a los US$40.000 millones.
Qué cambia en los controles de ARCA
Otro de los puntos centrales modifica el concepto de “discrepancia significativa”, utilizado para determinar cuándo ARCA puede desconocer la presunción de exactitud de una declaración.
La propuesta establece que, aun cuando una diferencia supere el 15% de lo declarado, no se perderán automáticamente los beneficios si el monto cuestionado no alcanza el equivalente al 5% del piso previsto para la evasión simple. Con los valores actuales, ese límite representa $5 millones.
Además, si ARCA detecta una discrepancia relevante, el contribuyente podrá presentar una declaración jurada rectificativa y pagar la diferencia con intereses dentro de los 15 días hábiles posteriores a la notificación, sin quedar automáticamente afuera del régimen.
El texto incorpora también un mecanismo de reintegro: si posteriormente la Justicia revoca el ajuste realizado por el organismo fiscal, ARCA deberá devolver los importes pagados, con intereses, dentro de un plazo máximo de 45 días hábiles.
La reforma que Milei quiere para el Banco Central
El segundo componente del paquete es la modificación de la Carta Orgánica del BCRA, presentada por el presidente Javier Milei el pasado 30 de julio y concebida por el Ejecutivo como una de las reformas estructurales de su programa económico.
Uno de sus principales cambios consiste en volver a establecer como misión fundamental del Banco Central la preservación del valor de la moneda, reduciendo el conjunto de objetivos que posee actualmente la autoridad monetaria.
La iniciativa también busca prohibir expresamente el financiamiento del Estado por parte del BCRA. La restricción alcanzaría al Tesoro nacional, provincias y municipios, además de impedir la compra de títulos públicos nacionales en el mercado primario.
Otro punto modifica las condiciones para remover al presidente y al directorio de la entidad. El esquema presentado por Milei pretende exigir una mayoría de dos tercios tanto en el Senado como en Diputados, con el argumento de reforzar la independencia institucional del Banco Central frente al poder político.
El proyecto restringe además la distribución de utilidades de la entidad, establece que determinados resultados por tenencia sean destinados a una reserva técnica no distribuible y plantea eliminar las Letras Intransferibles, utilizadas históricamente en operaciones entre el Tesoro y el BCRA.
Una misma apuesta legislativa
Aunque las dos iniciativas intervienen sobre áreas diferentes, el Gobierno busca presentarlas como partes de una misma estrategia: por un lado, impedir que futuras administraciones recurran al Banco Central para financiar desequilibrios fiscales y, por otro, generar condiciones para que una mayor cantidad de ahorros privados ingrese al sistema financiero formal.
El primer desafío será conseguir este miércoles el dictamen para Inocencia Fiscal II, en una negociación donde la exclusión de funcionarios aparece como uno de los puntos decisivos. La siguiente meta será reunir los apoyos necesarios para llevar esa iniciativa y la reforma del Banco Central al recinto de Diputados el 26 de agosto.
