El caso resuena porque las acusaciones recaen sobre dirigentes del oficialismo. Fundamentalmente para determinar cómo financiaron las campañas legislativas del año pasado.
En ese marco, tanto los senadores Esteban Bullrich como Gladys González, y los diputados Graciela Ocaña y Héctor Flores, cabezas de lista bonaerense en su momento de Cambiemos, fueron denunciados por presunto lavado de dinero por la fundación porteña La Alameda, tras una investigación periodística.
Indagar en el listado de aportantes a las campañas de medio término en el que se renovó una parte del Congreso de la Nación fue la tarea, con la cual de manera pública cientos de personas negaron haber donado el dinero (desde $ 200 en adelante) que figura como tal en la Justicia, para financiar los gastos para la difusión de los candidatos.
En tal sentido, el juez Sebastián Casanello, que lleva adelante la investigación, comenzó con la citación a los primeros testigos, para que aporten datos en la Justicia que ya realizaron de manera pública.
En muchos casos, se comprobó que había muchos beneficiarios de los programas “Ellas Hacen” y “Argentina Trabaja” entre ellos, algunos de los cuales también afirmaron que nunca realizaron un trámite de afiliación al Pro, como aparecen en los listados.
Seguramente, las acusaciones se ampliarán con la instrucción de otra causa judicial, buscando las responsabilidades políticas, que podrían recaer en la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, por la violación de datos de benficiarios de programas sociales.
Este jueves, Vidal se despegó rápidamente de las acusaciones, describiendo que “en cada elección, cada partido tiene que hacer rendición de fondos” y que en su alianza “no hay nada que ocultar”.
Luego agregó: “Por esta denuncia, que hizo el kirchnerismo, pedimos una auditoría y nos presentaremos con todos los papeles. Sabemos que la ley de financiamiento de partidos tiene deficiencias. Hace falta una bancarización”.
