Por Alejandro Gómez
Sin querer o queriendo, el presidente del Concejo de Representantes, Walter Gispert, sacudió la calma que, en materia política, transcurría en Villa Carlos Paz desde los comicios municipales de junio.
Sus dichos en el sentido que la defensoría del Pueblo “debe desaparecer” motivaron reacciones de todo tipo, y traspasaron los límites de la ciudad. Y si bien luego aclaró que “la declaración sobre la ‘desaparición’ no tiene que ver con las víctimas de la dictadura militar”, el tema ya estaba instalado.
“Seguramente no ha sido una forma inteligente de decirlo y hay que tener cuidado cuando se plantean algunos símbolos. Nunca quise que esta fuera la discusión. Lo que quiero es que discutamos la institución, la necesidad de la gente de que esta institución funcione”, expresó Gispert.
“La defensoría del Pueblo está a la altura de las circunstancias y hay que defenderla más allá de quien esté ocupando el cargo”, respondió Luchessi. Y cargó contra Gispert: “sus declaraciones son de una gravedad institucional sin precedentes”.
Voces
La Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina emitió un comunicado a nivel nacional de respaldo al actual ombudsman, Alejandro Luchessi, y repudio a los dichos de Gispert, “en virtud de que atentan directamente contra los vecinos de esa ciudad cuyos derechos son protegidos por la Defensoría del Pueblo” (ver aparte).
Obligada por las circunstancias, ya que Luchessi accedió a la defensoría con su apoyo partidario, la Unión Cívica Radical de Villa Carlos Paz difundió durante la semana un duro documento. “Manifestar livianamente que la defensoría del Pueblo deba desaparecer desnuda un pensamiento retrógrado, propio de los tránsfugas de la política, de aquellos que disfrazados de pluralistas y democráticos no han entendido que los organismos de control y de protección de los derechos han llegado para quedarse, para fortalecer la democracia y para servir al pueblo”, sostuvieron las autoridades del comité ‘Elpidio González’.
A las opiniones ya conocidas de los exconvencionales constituyentes Jorge Sica y Raúl Bonadero en defensa del organismo (publicadas en la edición anterior de La Jornada), se sumaron Mario Sansone (excandidato a intendente de Participación y Cambio) y Mariana Caserio (presidenta del Partido Justicialista de Carlos Paz). “A algunos funcionarios electos se les ha salido la cadena”, graficó Sansone; “Eliminar la defensoría del Pueblo es un error”, consideró Caserio (ver aparte).
Desde el oficialismo, el único sostén que encontró Gispert fue su compañero de bancada, Gustavo Molina, con quien comparte militancia en el Frente Cívico. “La defensoría es el último reducto conservador del antiguo régimen”, disparó Molina (ver aparte).
De parte del intendente Esteban Avilés, nada. Por el momento al menos, la decisión es mantenerse al margen de esta discusión. Así lo confirmaron desde el área de Prensa del municipio ante el pedido concreto de La Jornada. “El intendente por el momento no opinará sobre el tema”, fue la respuesta, sin ahondar en explicaciones.
Tampoco fue posible conseguir declaraciones de los concejales que responden directamente al mandatario. “De ese tema no hablo”, señaló un edil del ‘riñón’ avilecista.
De parte del Ejecutivo, entonces, sólo quedan las ambiguas declaraciones de Darío Zeino (secretario de Calidad Institucional, Cultos, Participación Vecinal y Juventud), quien evitó fijar postura y habló de “abrir instancias de debate social” (ver aparte).
Gispert: “Como está no sirve”
El presidente del Concejo de Representantes, Walter Gispert, ratificó su pensamiento respecto a que la defensoría del Pueblo “no sirve” para el cometido para el que fue creada, aunque reconoció que usar la palabra “desaparecer” fue un error.
“Quiero aclarar que la declaración sobre la ‘desaparición’ no tiene que ver con las víctimas de la dictadura militar. Seguramente no ha sido una forma inteligente de decirlo y hay que tener cuidado cuando se plantean algunos símbolos. Nunca quise que esta fuera la discusión. Lo que quiero es que discutamos la institución, la necesidad de la gente de que esta institución funcione”, expresó.
En esta línea, insistió con que, desde su óptica, la defensoría del Pueblo “no ha cumplido con las expectativas y veo muy dificultoso que lo pueda lograr”.
Y puso algunos ejemplos: “El defensor del Pueblo de la nación hace cinco años que no está nombrado. ¿Cuántas noticias han salido por esta situación? Ninguna.
El defensor del Pueblo de la provincia es noticia cuando hace campaña para intendente. Ustedes recordarán los colectivos con la cara de (Mario) Decara.
Y en el caso nuestro es noticia por los conflictos que produce”, reseñó.
“En mi opinión que como está no sirve, y hay que crear otro organismo que garantice los derechos para los que está la institución”, dijo.
Sobre el comunicado de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (Adpra), afirmó que, “obviamente tienen que estar en contra de lo que yo digo porque si no tienen que renunciar todos e irse”.
“Sí hago el mea culpa del término ‘desaparecer’, pero no de la opinión que tengo de la necesidad de que se discuta la viabilidad de la institución en relación a los beneficios para los vecinos y al costo” que implica su funcionamiento, reiteró.
Aclaró, en este punto, que el planteo no apunta a que el actual defensor del Pueblo, Alejandro Luchessi, no termine su mandato.
“Este defensor fue elegido por la gente y debe terminar su mandato. Pero de ahí para adelante, si la ciudad piensa una nueva Carta Orgánica (COM), si se consiguen los consensos, esta figura hay que discutirla. Así no sirve y hay que encontrar alguna otra alternativa”, subrayó.
En cuanto a una eventual reforma de la COM, Gispert sostuvo que “debe hacerse porque hay muchas cosas que hay que resolver sí o sí”, como el tema de la Junta Electoral.
Volviendo a la cuestión de la defensoría del Pueblo local, argumentó que “en los hechos prácticos no resuelve los problemas para lo que fue creada”.
“Si es electo, termina involucrado con el partido que lo propuso, si no es electo, como proponen algunos, depende de la mayoría.
Hay que encontrar cómo resolver esta situación”, dijo en cuanto a la forma de designación.
Gispert planteó, además, que los mismos concejales pueden receptar los reclamos de los vecinos, y que para el caso de un conflicto con el gobierno municipal, “el defensor del Pueblo puede estar en la justicia”.
“Hoy hay muchas formas de controlar, internet, Facebook, hay instituciones que cuando se creó la figura en el 96 no existían”, recordó.
La respuesta de Luchessi
El defensor del Pueblo de Villa Carlos Paz, Alejandro Luchessi, sostuvo que las declaraciones del presidente del Concejo de Representantes, Walter Gispert, sobre la necesidad de que la figura desaparezca, “son de una gravedad institucional sin precedentes”.
En una entrevista concedida al espacio Off The Record dentro del programa Colectivo VillaNos (110.7), Luchessi destacó que la defensoría del Pueblo es un organismo “englobado en la Constitución Nacional y en la Carta Orgánica Municipal”, a la cual “todos estamos obligados a respetar”.
Tras aclarar que su postura personal no era defender “el puesto” si no “la institución”, valoró que atiende “un sinnúmero de reclamos por falencias del Estado que quedarían en la cola infinita” sin nadie que interceda.
“La defensoría del Pueblo está a la altura de las circunstancias y hay que defenderla más allá de quien esté ocupando el cargo”, remarcó.
En cuanto a la opinión de Gispert, dijo que, “no me sorprende”, y advirtió que se toma “muchas más atribuciones que las que el pueblo les otorgó” en las últimas elecciones.
La contundente victoria electoral de Carlos Paz Unido “no habilita el manejo discrecional de la Carta Orgánica”.
Finalmente, y sobre las críticas que se le hacen por su cercanía al radicalismo, aclaró: “Para tranquilidad de todos, el defensor del Pueblo no está dentro de la UCR en este momento. No hay partidismo de ningún tipo”.
Debate abierto
La defensoría del Pueblo fue creada en la Carta Orgánica Municipal (COM) que comenzó a regir en 2008 en Villa Carlos Paz.
El primer ombudsman debió entrar en funciones a fines de ese año, pero el entonces intendente, Carlos Felpeto, no convocó a la elección respectiva.
Ondeando la bandera del cumplimiento de la COM, la gestión de Carlos Paz Unido llamó a elegir el primer ombudsman a mediados de 2013.
Los comicios estuvieron precedidos por un importante conflicto que a punto estuvo de quebrar el gobierno. Es que el intendente Esteban Avilés, con el apoyo de algunos ediles en ese momento opositores y la Unión Cívica Radical, intentó modificar mediante una enmienda el sistema de designación del defensor del Pueblo, para pasar de una elección popular a un acuerdo de partidos. Gispert se plantó en defensa de la institución y de lo que dictaba la Carta Orgánica, se enfrentó a Avilés y logró torcerle el brazo, negándole la mayoría extraordinaria que necesitaba para aprobar la ordenanza.
Los comicios se desarrollaron con normalidad, y Alejandro Luchessi, el candidato de la UCR, se convirtió en el primer defensor del Pueblo de Villa Carlos Paz.
Asumió en enero de 2014. Desde ese momento ha pasado apenas un año y diez meses.
La pregunta que surge es inevitable. ¿No es poco tiempo para hacer un balance sobre la efectividad o no de un organismo, cuando aún no ha terminado su primer período de gestión, y más teniendo en cuenta que no existe experiencia previa?
En medio, la discusión por el presupuesto que hace falta para llevar adelante sus objetivos.
Es llamativo, además, el drástico cambio de opinión en algunos casos.
El debate está abierto y falta conocer la opinión de otros actores políticos, sociales e institucionales sobre el tema.
La Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina respaldó a Luchessi
La Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (Adpra), conformada por unas cuarenta instituciones del país, se refirió a la opinión vertida por el Presidente del Concejo de Representantes de Villa Carlos Paz, Walter Gispert, quien dijo que la figura de la Defensoría del Pueblo “debería desaparecer”, tras cuestionar su utilidad.
En este sentido, la Asociación expresó su rotundo rechazo a dichas expresiones, “en virtud de que atentan directamente contra los vecinos de esa ciudad cuyos derechos son protegidos por la Defensoría del Pueblo”.
Seguidamente, Adpra objetó el uso de “la palabra ’desaparición’ en relación a una institución de la democracia” y exigió públicamente una aclaración. “Sabemos bien lo que significa en la Argentina ‘la desaparición’, y su uso consciente o inconsciente para descalificar a una órgano de la República, constituye una ofensa y un agravio al pueblo y a sus instituciones”, consigna el comunicado. Y añade: “Quienes piden ‘la desaparición’ de la Defensoría del Pueblo es porque vulneran o desprecian derechos o pretenden obstaculizar que se los controle en el ejercicio de sus funciones. Las Defensorías del Pueblo no son un producto de componendas sino creación de las Constituciones y de las leyes”.
Por último, los integrantes de Adpra expresaron: “Exigimos respeto a los órganos del Estado, respeto a la democracia, respeto al pueblo y respeto a la memoria de los argentinos. El Nunca Más es también para los exabruptos de quienes tienen responsabilidades gubernamentales pero buscan ‘desaparecer’ instituciones que tutelan derechos y garantías”.
A continuación, manifestaron su “más enérgico apoyo” al defensor del Pueblo de Villa Carlos Paz, Alejandro Luchessi.
Para la UCR, los dichos de Gispert “desnudan un pensamiento retrógrado”
El Comité de Circuito ‘Elpidio González’ de la Unión Cívica Radical salió al cruce del presidente del Concejo de Representantes Walter Gispert, quien opinó que la defensoría del Pueblo debe “desaparecer”.
En un documento suscripto por el presidente de la UCR carlospacense, Daniel Velázquez, y el titular de la Juventud Radical, Juan Manuel Lorenzo, el centenario partido no se guardó nada, y fustigó con dureza los conceptos vertidos por Walter Gispert.
A continuación se transcribe el texto del comunicado emitido por el radicalismo local:
“La Unión Cívica Radical se ve en la obligación de tomar una postura firme ante las palabras del Sr. Presidente del Concejo de Representantes, quien recientemente manifestó que la figura de la Defensoría del Pueblo debe “desaparecer”.
Hemos quedado sorprendidos y azorados al escuchar las declaraciones que jamás hubiéramos imaginado de un dirigente político hijo de la Democracia. Desaparecer es una palabra oscura que por acto reflejo dispara de inmediato sensaciones nefastas, reminiscencias de épocas pretéritas. ¿No aprendimos en más de 30 años de democracia que la desaparición no es el método?
La Unión Cívica Radical no debe tolerar de quien preside el Concejo de Representantes, de quien se dice pluralista, garante de la Ley y de las Instituciones Democráticas, respetuoso de las minorías y enemigo de los gobiernos hegemónicos, semejante dislate.
Estamos convencidos de que ya deberíamos tener dirigentes formados y a la altura de las circunstancias, a quienes se les ocurran mejores ideas que “desaparecer” instituciones. En la Argentina de este siglo ya no debería haber desapariciones, si no más diálogo, más participación, más control, más y mejor democracia, pero lamentablemente hay quienes con argumentos falaces pretender ir a contramano del mundo.
Manifestar livianamente que la Defensoría del Pueblo deba desaparecer, desnuda un pensamiento retrógrado, propio de los tránsfugas de la política, de aquellos que disfrazados de pluralistas y democráticos no han entendido que los organismos de control y de protección de los derechos han llegado para quedarse, para fortalecer la democracia y para servir al pueblo.
Se puede discutir, debatir, repensar, analizar los roles de la Defensoría, logrando un consenso amplio y superador que permita mejorarla, dotarla de mayores recursos y atribuciones, pero jamás desaparecerla. Desaparecer, nunca más. Así nos lo enseñó el Padre de la Democracia, Don Raúl Ricardo Alfonsín”.
Caserio: “Es un error querer eliminar la defensoría del Pueblo”
Mariana Caserio, presidente del Partido Justicialista de Villa Carlos Paz, consideró “un error” la idea de eliminar la defensoría del Pueblo que explicitó el presidente del Concejo de Representantes, Walter Gispert.
“Como partido entendemos que es un organismo que está a nivel provincial y nacional y que es muy necesario para la gente. Todos los lugares donde los vecinos puedan ir a hacer un descargo o pedir que le resuelvan un problema deben existir. Estos organismos son muy necesarios para la sociedad, si no dónde va la gente a reclamar”, se preguntó.
Si bien reconoció que, “siempre se puede mejorar”, descartó que la eliminación de la figura lisa y llana sea una alternativa.
“Si hay cosas para mejorar hay que sentarse y consensuar, pero no ser tan terminante y decir que no tiene que estar. No compartimos eso. Me parece equivocado”, insistió.
Zeino: “La sociedad tiene que entrar en un debate”
El secretario de Calidad Institucional, Cultos, Participación Vecinal y Juventud del municipio, Darío Zeino, evitó opinar sobre la polémica que se generó en torno al futuro de la defensoría del Pueblo, a partir de las declaraciones del presidente del Concejo de Representantes, Walter Gispert, sobre la necesidad de eliminarla de la Carta Orgánica.
“Creo que la sociedad tiene que entrar en un debate. Es muy importante y muy bueno que permanentemente nos estemos interrogando y cuestionando sobre el funcionamiento del Estado y la administración. Y Walter (Gispert) entendió oportuno abrir instancias de debate social”, expresó Zeino.
Consultado específicamente sobre la idea de quitar la defensoría de la estructura municipal una vez que concluya el mandato del actual ombudsman, Alejandro Luchessi, el funcionario sostuvo que, “no necesariamente debe desaparecer”, aunque evitó pronunciarse de manera más concreta.
“El debate define las posiciones. Somos un gobierno que escucha permanentemente a la gente”, remarcó.
Asimismo, y sobre una eventual reforma de la Carta Orgánica, Zeino insistió con que, “es necesario debatir”.
“Si la sociedad entiende que hay algún aspecto de la estructura del Estado que puede ser modificado es bueno como dirigentes a cargo, tomar esos reclamos, ver qué surge del debate y trasladarlo a las leyes” finalizó.
Molina: “La defensoría del Pueblo es el último reducto conservador del antiguo régimen”
El concejal Gustavo Molina (CPU) cuestionó al defensor del Pueblo, Alejandro Luchessi, y sostuvo que, “está intentando conservar su lugar”.
“Creo que la defensoría y el defensor en definitiva, se ha transformado por su práctica en el último reducto conservador del antiguo régimen.
Ha habido acciones eminentemente conservadoras, en las que se ha movido por cuestiones ligadas a situaciones corporativas.
Cuando era concejal votó a favor de que se instalara el complejo habitacional de 150 viviendas en la ladera de la montaña. Una causa en contra de los intereses de la ciudad.
Con el tema de la capitalización de la Coopi no dijo nada, cuando el pueblo está absolutamente en contra de que se cobre la capitalización en la boleta de servicio.
Eso sí, se puso colorado cuando un actor en la Cooperativa dijo una mala palabra.
Si eso no es conservadurismo, el conservadurismo dónde está”, expresó.
Sobre el cambio de opinión del sector político al que pertenece (Frente Cívico) sobre la necesidad de contar con una defensoría del Pueblo, Molina señaló que, “cuando empezó a rodar la gestión nos hemos dado cuenta que no funciona, y son 3,5 millones de pesos costosos para la ciudad”.
Además, criticó a Luchessi por su pertenencia al radicalismo. “En la antesala de las elecciones denunció al intendente. La tiene con el intendente. Está preocupadísimo por lo que pasa con el intendente, que ganó la elección con más del 65 % del apoyo popular.
Lo púnico que hace con esas denuncias es ponerle trabas a la administración de Avilés.
Además, en pleno proceso electoral llevaba adelante una acción publicitaria de la defensoría del Pueblo y casualmente los colores que utilizada para llevar como imagen eran los mismos de ‘Cambiemos’.
Antes de las elecciones salió en un medio ratificando su pertenencia a la UCR. Y eso es algo que tiene vedado por Carta Orgánica y es también de una gravedad institucional importante”, remarcó.
Sansone: “A algunos funcionarios electos se les ha salido la cadena”
El excandidato a intendente Mario Sansone, cuestionó que los ediles Walter Gispert y Gustavo Molina quieran eliminar la defensoría del Pueblo, y que los principales argumentos tengan que ver con el desempeño del actual ombudsman, Alejandro Luchessi.
“No es correcto. Con ese criterio si alguno está desconforme con la actuación de un senador o un diputado, pediríamos que desaparezca el congreso”, graficó.
Sostuvo que quitar la defensoría sería un “retroceso fenomenal” para la ciudad, y consideró que “a algunos funcionarios electos se les ha salido la cadena”.
“No pueden decir lo que dicen, con términos desafortunados como ‘desaparecer’. La defensoría del Pueblo no sólo fue creada por la Carta Orgánica si no votada por la ciudadanía, y lo están tomando con una ligereza y liviandad preocupante. Jamás puedo estar de acuerdo con eso”, dijo Sansone en el espacio Off The Record dentro del programa Colectivo VillaNos (100.7).
“A mí no me alcanza con que (Gispert) pida disculpas públicas. Lo que quiero es que el gobierno se junte con la defensoría del Pueblo y allanen las cuestiones personales que pueden tener. La Carta Orgánica le otorgó atribuciones a la defensoría que prácticamente la convierten en un tercer poder, y eso está dicho por juristas. Es casi como un Fiscal de Estado”, comparó.
Vinculó, además, estas declaraciones con el hecho de haber conseguido un abrumador triunfo en las pasadas elecciones municipales. “Pero el momento del encandilamiento de los votos ya pasó. Hoy quisiéramos saber dónde va esta gente. Estoy muy preocupado”, reconoció.
Asimismo opinó que intentar “instalar en la opinión pública que no sirve y que es cara, es una barbaridad institucional”.
“Para eliminarla tienen dos caminos; reforma de la Carta Orgánica o juicio político al defensor. Tienen los votos, que levanten la mano”, retó.
Sansone, quien también se había presentado como candidato a defensor del Pueblo en 2013, aclaró que su posición está lejos de avalar la actuación de Luchessi, aunque sí sostiene la necesidad de mantener la institución.
“Estoy preocupado por cómo está funcionando la defensoría pero no pediría que se saque”, insistió.
En otro tramo de la entrevista, volvió sobre el impacto que tiene en la actualidad el resultado electoral. “Generó una transferencia de poder muy grande y es necesaria una responsabilidad muy grande para ejercerlo. No se puede gobernar sin oposición, es malo para el sistema republicano. Los partidos políticos tienen la enorme responsabilidad de empezar a funcionar para ejercer una oposición bien entendida”, aseguró. Y se preguntó: “De otra forma quien será oposición? ¿Los periodistas? ¿Las instituciones?”.
Por otro lado, advirtió que detrás de la idea de eliminar la defensoría del Pueblo puede venir la intención de reemplazarla por el Ente de Control de Servicios que también está previsto en la Carta Orgánica.
“Es un súper ente, descomunalmente más caro. Y la defensoría puede ejercer esta función”, aseveró.
Finalmente, reiteró su preocupación por esta postura del oficialismo respecto a la defensoría del Pueblo. “Tienen dos tercios en el Concejo y mayoría en el tribunal de Cuentas, el único poder que no tienen es la defensoría”, dijo.
Sobre una eventual reforma de la Carta Orgánica, sostuvo que podría concretarse a mediados del año próximo, aunque “si están tan acelerados capaz nos encontremos con una convocatoria a convencionales en febrero”.
Nota correspondiente a la edición n° 389 del semanario La Jornada, del 18 de octubre de 2015.
