Marzo. Ese parece ser el momento en que el intendente Esteban Avilés volverá a hacer un nuevo intento para destruir a la Cooperativa Integral.
Pasada una temporada de verano a plena farándula y trajes brillosos, el mandatario confía en poder quedarse con el servicio de agua. “La llevamos puesta”, es una frase que suena con insistencia en el primer piso del Palacio 16 de Julio. Pero el tema no es tan simple.
Repasemos.
El 1 de agosto de 2016, durante el acto de apertura de sesiones del Concejo de Representantes Avilés anunció que el municipio, a través de la sanción de una ordenanza, se iba a hacer cargo del servicio de agua en el sector que es prestado por la Cooperativa Integral.
Si bien dijo que la medida tenía “amplio consenso”, los hechos demostraron todo lo contrario.
Es que para aprobar la ordenanza se necesitaban ocho votos que nunca logró reunir. Ni siquiera tuvo acuerdo hacia adentro de Carlos Paz Unido.
Ante esto cambió de estrategia e impulsó un ‘referéndum facultativo’ express, a las apuradas. Tampoco tuvo consenso y no logró imponer su aprobación.
La tercera opción fue ir por la vía del decreto. Y así lo hizo el 1 de setiembre de 2016, cuando anunció que el 14 de octubre siguiente la prestataria deberá devolver los bienes a los fines de que el municipio se haga cargo del servicio de agua.
La Cooperativa Integral rechazó el decreto “por autoritario, injusto e irresponsable” y presentó ante la Cámara Contencioso Administrativo de Primera Nominación una caución de amparo, como medida cautelar, impugnando por inconstitucional la medida dictada.
Menos de un mes después, la Cámara se expidió sobre la cuestión de fondo.
Si bien ratificó la legalidad del artículo 1º, por medio del cual el Departamento Ejecutivo dispuso hacer operativa la extinción de la concesión del servicio de agua potable a la Cooperativa Integral por vencimiento del contrato, declaró nulos los artículos 2, 3, 4 y 5 del decreto, en cuanto establecían plazos para que la municipalidad reasumiera la prestación el servicio. Esto último por considerar que, para que proceda la denominada “municipalización”, hay que cumplir con el procedimiento institucional fijado por la Carta Orgánica, que exige la intervención del Consejo de Representantes y la sanción de una ordenanza en “doble lectura”.
Tras conocerse este fallo, el secretario de Gobierno y Asesor Letrado, Juan Villa, confirmó el 27 de setiembre que el municipio iba a apelar ante el Tribunal Superior de Justicia.
Hasta ahora el TSJ no se expidió, pero Avilés y sus colaboradores esperan tener novedades en marzo, y confían en que se dará vuelta el fallo de la Cámara Contencioso Administrativo de Primera Nominación para terminar avalando el decreto.
Si esto no ocurre, el ‘plan B’, que si se cuenta desde el proyecto de ordenanza anunciado en agosto sería el ‘plan D’, pasa por materializar, de alguna manera, una intervención al servicio.
Para cualquiera de las opciones, Avilés ya está sondeando entre sus funcionarios y algunos otros profesionales quiénes estarían dispuestos a ponerse al frente de la gestión del agua en manos del municipio.
También hubo reuniones con autoridades del gobierno provincial, específicamente del ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, las que advirtieron a los optimistas funcionarios municipales sobre la complejidad de prestar un servicio como el del agua.
La repuesta es que ya cuentan con personal especializado, y en esta lista ubican a los excooperativistas Roberto Cotti, Rodolfo Sabella, Aldo Lezcano y Juan Gallardo, desvinculados de la Cooperativa Integral y algunos de ellos despedidos con “justa causa”.
Queda claro, más allá de todas las especulaciones, que el encono de Avilés hacia la Cooperativa Integral excede cualquier marco razonable y que la intención de quitarle el servicio de agua significa, lisa y llanamente, condenar a la quiebra a una institución con más de 50 años de vida en Villa Carlos Paz. Además, y al margen de la garantía ‘marketinera’ de respetar a los trabajadores, lo cierto es que la gran mayoría de los 170 trabajadores vinculados a cooperativa quedará en la calle.
Nota correspondiente a la edición n° 452 del semanario La Jornada, del 12 de febrero de 2017.
