15 años después, la lucha de las Madres de Barrio Ituzaingó contra las fumigaciones con agrotóxicos continúa

Por Jorgelina Quinteros

Como las Madres de Plaza de Mayo hace 40 años se ponen sus pañuelos todos los jueves e inician una vez más su peregrinar en ronda, cada 19 el grupo de Madres de Barrio Ituzaingó Anexo se coloca sus barbijos y caminan rodeando la plaza San Martín en el centro de la ciudad de Córdoba. Así da comienzo la “ronda de los barbijos”, un testimonio de la muerte silenciosa que hace décadas lentamente degrada la salud de más de cinco mil personas.

Esta protesta fue una de varias organizadas por estas vecinas del sur de la capital provincial para denunciar el impacto en la salud de la población que generaron las fumigaciones con agrotóxicos en los campos linderos al barrio. De esta forma estas mujeres fueron pariendo una de las luchas socio-ambientales más emblemáticas de Córdoba.

“Hemos marcado una etapa importante, pero también nosotras hemos quedado marcadas por el dolor. Como mamá tengo una niña con leucemia y dos con agrotóxicos en sangre, entonces eso me saco a la calle a pelear”, manifestó Norma Herrera, una de las cuatro madres que siguen resistiendo, al programa Ay Pachamama de VillaNos Radio.

15 años después la lucha continúa, el mapa del barrio donde se marcan las viviendas habitadas por enfermos con patologías derivadas de la contaminación ambiental con agroquímicos continúa incrementándose. En algunas manzanas hay sólo tres casas con personas sanas, en otras hasta tres casos de cáncer en un mismo hogar.

A pesar de que muchos de los vecinos y vecinas que comenzaron a movilizarse y denunciar esta situación hoy ya no están para seguir luchando. Varios se mudaron, algunos están abocados al cuidado de sus familiares enfermos, otros fallecieron por el deterioro de su salud.

El barrio Ituzaingó Anexo está ubicado al sureste de la ciudad de Córdoba pegado a la frontera agrícola, por fuera de la Avenida Circunvalación, entre la Ruta Nacional 9 y la Autopista Córdoba-Pilar.

Vita Ayllon vivía a sólo 50 metros de la plantación de soja y le parecía que era una linda vista el campo que asomaba por su ventana. “Veía la avioneta fumigar y el verde ese. Era hermoso verlo, pero no sabíamos a lo que estábamos expuestos. Nos mató el desconocimiento, de haber sabido que los agrotóxicos producen enfermedades no hubiésemos pasado 15 años expuestos”, recordó.

Cáncer en niños y adultos, trastornos reproductivos y neurológicos, muerte neonatal, aborto espontáneo, problemas de fertilidad, enfermedades neurológicas son algunos de los efectos crónicos derivados del uso de agrotóxicos.

“En el 2002, empezaron a aparecer casos de leucemia y anemia hemolítica en un sector muy chiquito. Eso llamó la atención de una vecina. Nosotros decíamos que lo que nos hacía mal era el agua, porque nos producía gastritis y problemas de piel”, aseguró.

Hoy sigue viviendo en el barrio y junto a las otras madres que integran la Asociación Civil llevan adelante un trabajo territorial de concientización sostenido en los vínculos entre los vecinos, con organizaciones e instituciones del barrio y otras luchas socio-ambientales.

Tardaron años en reconocerse como víctimas de un genocidio, un genocidio al que están sometidos los pueblos y zonas urbanas fumigadas, pero también los consumidores de los alimentos producidos a base de productos químicos y paquetes tecnológicos. Días pasados falleció una nena de 12 años, después de comer una mandarina contaminada.

“Creen que eliminando lo natural se gana en salud y producción y yo creo que se pierde. Nosotros decimos que es un genocidio encubierto, porque a través de la comida nos están matando y nadie se está haciendo cargo de eso”, advirtió Ayllon.

Esta afirmación va en la línea con la definición del fotógrafo Pablo Piovano, que califica el uso de agrotóxicos como un “genocidio por goteo”, sistemático y que entra por la mesa diaria. Su trabajo concentrado en la exposición “El costo humano de los agrotóxicos” denuncia el daño irreparable y el costo humano que producen los agroquímicos. El barrio Ituzaingó fue uno de los escenarios en que se tomaron estas imágenes.

El primer relevamiento sanitario que fue presentado al entonces ministro de Salud, Roberto Chuit, se realizó en 2002. Empezó a movilizarse todo el barrio para denunciar los casos de cáncer. “Conseguimos que se hagan unos estudios del agua y ahí sale que había metales pesados y agroquímicos”, relató.

En ese momento, iniciaron una investigación y descubrieron los efectos nocivos que tienen los agroquímicos en la salud de la población y el medio ambiente. “Desde el momento en que nos enteramos fue empezar a denunciar y entrar al campo de soja para impedir que se fumigue”, manifestó. Cuando empezaron a denunciar y decir “los agrotóxicos son veneno”, las trece madres fueron tildadas de “locas”.

Los ataques e intentos de deslegitimarlas  no las detuvieron. Gracias a las movilizaciones, lograron que se declare en el barrio la emergencia sanitaria. Participaron en los cuatro censos epidemiológicos que se hicieron en la zona. Consiguieron que se realice un estudio de suelo, aire, agua y de niños. Además, se promulgó una ordenanza para crear franjas de protección contra las fumigaciones.

“Hoy sabemos lo que tenemos, pero no la solución. Nos contaminaron, nos enfermaron y nos abandonaron”, sentenció Ayllon. “Por ahí nos cuesta salir. Todo lo hacemos a pulmón. El trabajo que tendría que estar haciendo el Estado lo tenemos que hacer nosotros, porque en el juicio que viene tenemos nosotros que demostrar que los agroquímicos hicieron el daño. El Estado totalmente ausente”, agregó Herrera.

En 2008, Medardo Ávila Vázquez, integrante de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados y Reduas (Red Universitaria de Ambiente y Salud), era subsecretario de Salud de la Ciudad de Córdoba. Ese año denunció ante el fiscal de Instrucción Penal Carlos Matheu, que una avioneta estaba fumigando el barrio Ituzaingó Anexo. Esa denuncia derivó en el juicio que se inició en 2012 y dejó expuesto el impacto que estos químicos habían tenido durante años en la salud de los vecinos.

El martes 12 de septiembre pasado la Corte Suprema de la Nación (CSJN) ratificó el fallo de la Cámara I del Crimen que condenaba a tres años de prisión en suspenso al agricultor Francisco Parra y al aeroaplicador Edgardo Pancello, acusados el 22 de agosto de 2012 de “contaminación ambiental dolosa” por violar la Ley Nacional de residuos peligrosos Nº 24.051.

Cinco años después de aquella condena inédita y trece años más tarde de la primera denuncia quedó firme la sentencia de la causa Barrio Ituzaingó Anexo.

Una de las pruebas más contundentes tomada en cuenta por los tribunales fue un estudio oficial realizado entre 2010 y 2011 sobre 142 niños y niñas que determinó la presencia de agrotóxicos en 114 casos.

Este año, se iniciaría un nuevo juicio penal por las fumigaciones en Ituzaingó Anexo denominado la “causa madre”. Son 38 familias querellantes. Están imputados el productor Parra y el aeroaplicador Pancello, ambos sentenciados en el 2012; el aviador Gustavo Amaya, los hermanos empresarios Javier y Fernando Amuchástegui; y la ingeniera agrónoma Alejandra Mendiazábal Pizarro.

El fallo de la CSJN deja jurisprudencia consolidada para que avance este proceso judicial.

Más allá de continuar impulsando el comienzo de este juicio, las madres también están encabezando una lucha para que la legislatura de Córdoba apruebe una ley de afectados ambientales, “porque los afectados no tienen un lugar para ser tratados”, aseguró Herrera. Y Ayllon añadió: “Pedimos que se disponga de un lugar para que los enfermos tengan una atención más digna y que se le haga un seguimiento con urgencia a los niños que ya tienen agrotóxicos en sangre.”

Finalmente, esta madre que acompañó la lucha de un grupo de vecinas que nació cuando empezaron a sospechar de la multiplicación de casos de cáncer en su barrio, fue categórica para definir que implica resistirse a un modelo productivo que envenena y un Estado que abandona a los ciudadanos a su suerte: “De la contaminación no nos escapamos. Ver una avioneta fumigando es como tener un arma apuntándote a la cabeza y es un delito”.

 

Nota correspondiente a la edición n° 484 del semanario La Jornada, del 24 de setiembre de 2017.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here