La Fundación Construyendo Futuro presentó ante el Concejo de Representantes una propuesta para iniciar el proceso de reforma de la Carta Orgánica y suprimir el organismo. La iniciativa, firmada también por el abogado Damián Palavecino, considera insuficiente modificar solamente el sistema de elección y plantea trasladar sus competencias a otras áreas. El debate institucional ya reúne cinco alternativas diferentes además de esta nueva presentación.
La Fundación Construyendo Futuro, encabezada por Horacio Gigena, se incorporó formalmente al debate abierto sobre el futuro de la Defensoría del Pueblo de Villa Carlos Paz y presentó ante el Concejo de Representantes una propuesta para iniciar el procedimiento de reforma de la Carta Orgánica y eliminar el organismo.
La nota lleva también la firma del abogado Damián Palavecino, del área Legal y Técnica, y fue dirigida a la presidenta del cuerpo legislativo, Alejandra Roldán.
A diferencia de las iniciativas que buscan modificar la forma de elegir al defensor y su adjunto, Construyendo Futuro plantea que la discusión debería ir directamente al fondo: determinar si, después de casi dos décadas de funcionamiento, la institución continúa justificando su existencia dentro de la estructura municipal.
“El verdadero debate consiste en determinar si la institución continúa justificando su existencia dentro del diseño constitucional del Municipio”, sostiene la presentación.
Una revisión integral y no solo electoral
El documento parte de la consideración de que las instituciones públicas no constituyen un fin en sí mismas y que su permanencia debe evaluarse a partir de la utilidad que prestan a la comunidad, el cumplimiento de sus objetivos y el valor institucional que aportan.
La Defensoría fue incorporada a la Carta Orgánica como un órgano autónomo e independiente destinado a proteger los derechos de los vecinos y ejercer control sobre la administración municipal.
Sin embargo, Construyendo Futuro sostiene que la experiencia acumulada habilita a revisar ese diseño.
Según plantea la presentación, el organismo “no ha logrado consolidarse como un verdadero órgano de control con la relevancia institucional que motivó su creación” y ha recibido cuestionamientos relacionados con su eficacia, utilidad práctica, superposición de funciones y costo.
Desde esa perspectiva, la entidad considera insuficiente la reforma impulsada por el intendente Esteban Avilés, que propone abandonar la elección directa y trasladar la designación al Concejo de Representantes.
“Modificar el sistema de designación no altera las competencias del organismo, no redefine sus funciones, no elimina las superposiciones existentes ni resuelve los cuestionamientos que históricamente se han formulado respecto de su funcionamiento”, argumenta el documento.
Por eso, sostiene que la discusión no debería limitarse a definir quién elegirá al próximo defensor.
Eliminar el organismo y redistribuir sus funciones
La propuesta concreta es que el Concejo impulse el mecanismo de reforma correspondiente para avanzar hacia la supresión de la Defensoría del Pueblo como órgano previsto por la Carta Orgánica Municipal.
Las competencias que actualmente posee serían redistribuidas entre aquellos organismos que resulten adecuados para ejercerlas.
El planteo apunta a “evitar superposiciones funcionales, optimizar la utilización de los recursos públicos y fortalecer los mecanismos de control y protección de los derechos de los vecinos”.
Construyendo Futuro sostiene además que existen numerosos municipios argentinos que funcionan sin una Defensoría del Pueblo y considera que su existencia no constituye necesariamente una condición indispensable para garantizar el control de la administración o la protección de los ciudadanos.
La presentación remarca que una decisión de semejante alcance no debería resolverse como una modificación administrativa menor.
Al tratarse de la eliminación de un órgano establecido en la Carta Orgánica, plantea que debe utilizarse el procedimiento de reforma previsto para transformaciones estructurales, con debate democrático, participación ciudadana y construcción de consensos políticos.
“Las instituciones públicas no deben preservarse por inercia ni por tradición”, afirma el documento.
Y agrega que, cuando la experiencia demuestra que sus objetivos “no han sido alcanzados en la medida esperada, corresponde asumir el debate con responsabilidad y promover las reformas que las nuevas realidades demandan”.
A dónde propone destinar los recursos
Uno de los puntos distintivos de la iniciativa de Gigena es que no se limita a solicitar la desaparición de la Defensoría, sino que propone destinos concretos para los recursos que actualmente demanda su funcionamiento.
El documento plantea que un Estado moderno debe orientarse hacia una administración “más eficiente” y “más austera” y evitar sostener estructuras cuyo funcionamiento no se traduzca en resultados acordes con el gasto realizado.
Los fondos liberados por la eventual eliminación del organismo podrían ser destinados, según la propuesta, a la reparación y mantenimiento integral de la red vial, la pavimentación de calles de tierra y el fortalecimiento de las políticas de seguridad y prevención.
También menciona la ampliación de prestaciones del Hospital Municipal Gumersindo Sayago, con la incorporación de especialidades como Neonatología y Neurología Infantil, además del desarrollo de un programa integral de salud mental.
Otro de los destinos planteados son obras de infraestructura destinadas a fortalecer el turismo, considerado uno de los principales motores económicos de Villa Carlos Paz.
“Gobernar también implica tomar decisiones. Cuando una institución deja de generar un beneficio concreto para la comunidad, corresponde adoptar las reformas necesarias para racionalizar la organización del Estado, eliminar estructuras ineficientes y reasignar esos recursos hacia políticas públicas que produzcan un impacto real en la calidad de vida de los ciudadanos”, sostiene la presentación.
Cuatro pedidos al Concejo
Formalmente, Construyendo Futuro solicitó que su iniciativa sea incorporada a las actuaciones que se desarrollen alrededor de la reforma de la Carta Orgánica.
También pidió que el Concejo impulse el procedimiento destinado a la supresión de la Defensoría, que se estudie cómo reasignar sus competencias y que se abra un amplio debate institucional y ciudadano.
Este último punto busca que la discusión abarque el funcionamiento integral del sistema de control municipal y no quede reducida exclusivamente a una modificación del método de selección de sus autoridades.
La presentación de Gigena amplía así una discusión que comenzó a partir del anuncio de Avilés y que en pocos días produjo un abanico de propuestas sustancialmente diferentes.
Avilés: designación por diez votos dentro del Concejo
El proyecto presentado por el intendente Esteban Avilés propone mantener la Defensoría, pero terminar con la elección directa mediante el voto de los vecinos.
La designación pasaría al Concejo de Representantes, a partir de candidaturas formuladas por los bloques políticos y mediante una mayoría extraordinaria de diez votos sobre los doce integrantes del cuerpo.
El proyecto también contempla modificaciones en el régimen de remuneraciones de las autoridades del organismo.
La lógica planteada por el Ejecutivo es que una mayoría de esa magnitud obligaría a alcanzar un acuerdo entre diferentes fuerzas políticas para concretar la designación.
Ribetti: que el control quede en manos de la oposición
El concejal Daniel Ribetti, de Juntos por Carlos Paz, también propone terminar con la elección directa y reducir las remuneraciones, pero plantea otro sistema para definir las autoridades.
Su iniciativa establece que el defensor del Pueblo sea elegido por la fuerza política que haya terminado segunda en la elección municipal para intendente.
El defensor adjunto correspondería a la fuerza que hubiera quedado en el tercer lugar.
Si esa tercera fuerza no tuviera representación legislativa, también sería designado por el bloque correspondiente al segundo espacio más votado.
Ribetti busca de esa manera que la conducción del organismo de control quede institucionalmente en manos de las fuerzas opositoras al Gobierno elegido.
Juliá: conservar el voto con exigencias mucho mayores
El excandidato a defensor del Pueblo Santiago Juliá sostiene que la solución no consiste en quitarles la elección a los vecinos, sino en exigir un respaldo ciudadano considerablemente mayor para ocupar el cargo.
Su propuesta mantiene el voto directo, pero establece dos condiciones: que participe al menos el 55% del padrón municipal y que la fórmula ganadora obtenga más del 50% de los votos válidos.
Si alguno de esos requisitos no se alcanzara, el cargo quedaría vacante hasta el siguiente período electoral ordinario, sin segunda vuelta ni una nueva elección extraordinaria.
Para Juliá, el problema de fondo es la legitimidad y no quién realiza la designación.
Quaranta: eliminar defensor y adjunto de la Carta Orgánica
El concejal Carlos Quaranta, de Carlos Paz Inteligente, sostiene una posición coincidente en lo esencial con la eliminación del organismo, aunque a través de su propio proyecto legislativo.
Quaranta propone suprimir completamente las figuras del defensor del Pueblo y del defensor adjunto mediante una reforma parcial de la Carta Orgánica y la convocatoria a una Convención Constituyente específica.
Su iniciativa había sido presentada originalmente en julio de 2025, no fue tratada y perdió estado parlamentario, por lo que volvió a ingresarla este año.
El edil utiliza como uno de sus principales argumentos la elección de 2025, en la que solamente participó alrededor del 17% del padrón, y considera que ese nivel de abstención demuestra la pérdida de legitimidad del organismo.
Frente Cívico: eliminarla y que los vecinos tengan la última palabra
El Frente Cívico de Villa Carlos Paz también se pronunció a favor de avanzar hacia la desaparición de la Defensoría.
El espacio considera que la escasa participación en las elecciones de 2025 constituye un “plebiscito silencioso” sobre la utilidad y representatividad del organismo.
Su planteo es que el Concejo impulse una reforma de la Carta Orgánica orientada hacia la extinción de la figura y que posteriormente la decisión sea sometida a consideración de la ciudadanía, para que los vecinos tengan la última palabra.
La fuerza recuperó además una posición que Walter Gispert había expresado ya en 2015, cuando sostuvo que la institución debía desaparecer por su inoperancia.
Una discusión que ya excede el sistema de elección
Con la presentación de Construyendo Futuro, el debate suma una nueva intervención y confirma que la discusión institucional dejó atrás la pregunta inicial sobre cómo debe elegirse al defensor del Pueblo.
Avilés quiere mantener la institución y trasladar la designación al Concejo mediante una mayoría extraordinaria. Ribetti pretende conservarla pero entregar su conducción a las principales fuerzas opositoras. Juliá defiende la elección popular, aunque con fuertes pisos de participación y respaldo. Quaranta propone eliminarla mediante una Convención Constituyente. El Frente Cívico también impulsa su desaparición y reclama una definición posterior de los vecinos.
Ahora, Construyendo Futuro suma otra propuesta de supresión, pero agrega al debate la redistribución de las competencias y la reasignación específica de los recursos hacia salud, seguridad, infraestructura vial y turismo.
La discusión que deberá afrontar Villa Carlos Paz es, por lo tanto, cada vez más amplia: quién debe controlar al Gobierno municipal, cómo garantizar independencia y legitimidad, cuánto debe costar esa estructura y, antes que todo eso, si la Defensoría del Pueblo debe seguir existiendo.
