La sesión especial fue convocada para el 15 de octubre, pero los bloques opositores todavía no tienen asegurados los 129 diputados necesarios para abrir el recinto. Si la Cámara baja rechaza el megadecreto, se sumaría al pronunciamiento del Senado de 2024 y el DNU quedaría derogado hacia adelante.
La Cámara de Diputados se encamina a una nueva pulseada decisiva entre el Gobierno y la oposición por el DNU 70/2023, el megadecreto firmado por Javier Milei al comienzo de su gestión y que introdujo modificaciones y derogaciones en decenas de leyes y sectores de la economía.
Un grupo de bloques opositores convocó a una sesión especial para el jueves 15 de octubre a las 14 con el objetivo de rechazar la norma, pero todavía no tiene garantizado el primer desafío: reunir los 129 diputados necesarios para alcanzar el quórum.
Los últimos cálculos parlamentarios ubican a la oposición en torno a 120 voluntades confirmadas, por lo que la disputa se concentra ahora en un grupo reducido de legisladores provinciales y sectores de Provincias Unidas que todavía no fijaron una posición definitiva.
Del otro lado, La Libertad Avanza trabaja junto con sus aliados para evitar que esos diputados bajen al recinto y hacer fracasar la sesión antes de que comience.
Natalia de la Sota votará contra el DNU
Entre las posiciones ya confirmadas aparece la de la diputada cordobesa Natalia de la Sota, de Defendamos Córdoba.
La legisladora anticipó este lunes que participará de la sesión y votará por el rechazo del decreto.
“El próximo 15 de octubre, en la Cámara de Diputados, trataremos la vigencia del DNU 70/2023. Voy a votar por su rechazo para que sea derogado”, anunció.
De la Sota forma parte además del grupo que impulsó formalmente la convocatoria junto con Unión por la Patria, sectores de Provincias Unidas, Encuentro Federal, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda, Primero San Luis y Coherencia.
La posición del resto de los diputados cordobeses tendrá un peso especial en una votación que puede definirse por pocos lugares.
Dentro de Provincias Unidas todavía no existe una posición uniforme. Algunos de sus integrantes firmaron el pedido de sesión y anticiparon que acompañarán el rechazo, mientras otros mantienen abierta su decisión.
La pelea es primero por el quórum
La oposición necesita reunir 129 diputados presentes para abrir el recinto.
Una vez conseguida esa cantidad, el rechazo del DNU requiere la mayoría absoluta de los miembros presentes, según establece la Ley 26.122, que regula el tratamiento parlamentario de los decretos de necesidad y urgencia.
Por eso, la principal estrategia del Gobierno no pasa necesariamente por ganar una votación sobre el contenido del decreto, sino por impedir que la oposición consiga sentar inicialmente a la mitad más uno de la Cámara.
La Casa Rosada mantiene conversaciones con gobernadores y bloques provinciales que podrían resultar determinantes.
La oposición, en cambio, incorporó a la convocatoria otros dos temas con los que busca ampliar la presencia en el recinto: las iniciativas sobre endeudamiento familiar y la prórroga de la emergencia en discapacidad.
El Senado ya lo rechazó en 2024
El escenario tiene una particularidad decisiva: el Senado rechazó el DNU 70/2023 el 14 de marzo de 2024.
La norma continuó vigente porque, bajo el régimen establecido por la Ley 26.122, es necesario el rechazo expreso de ambas cámaras para derogarla.
Si Diputados también votara en contra el próximo 15 de octubre, se completaría ese procedimiento y el decreto perdería vigencia.
La ley establece que el rechazo de ambas cámaras implica la derogación del DNU, preservando los derechos adquiridos durante el período en que estuvo vigente.
El efecto opera hacia adelante y no invalida automáticamente las relaciones jurídicas ya consolidadas.
Existe, sin embargo, una discusión jurídica adicional sobre qué ocurre con las leyes y artículos que fueron expresamente derogados o modificados por el decreto.
La Ley 26.122 no establece que todas esas normas anteriores recuperen automáticamente su vigencia. En un antecedente de 2025, el propio Poder Ejecutivo sostuvo formalmente que el rechazo parlamentario de un DNU produce su derogación hacia el futuro, pero no implica por sí mismo que “revivan” todas las normas desplazadas.
Por eso, una eventual caída del DNU 70 abriría además una etapa de interpretación jurídica y adecuación normativa, especialmente en aquellos sectores donde durante casi tres años se dictaron nuevas leyes, decretos y reglamentaciones sobre la base de los cambios introducidos originalmente.
Mucho más que la Ley de Tierras
La ofensiva opositora se reactivó después del reciente fallo de la Corte Suprema sobre la Ley de Tierras, pero el alcance del DNU 70 es mucho mayor.
El decreto tiene 366 artículos y, según el registro oficial de normativa nacional, modificó o complementó 87 normas.
Entre otros puntos, avanzó sobre regulaciones vinculadas con alquileres, tarjetas de crédito, obras sociales, medicina prepaga, comercio exterior, sociedades del Estado, actividad aerocomercial, relaciones laborales y distintos mecanismos de desregulación económica.
Algunas de esas disposiciones fueron posteriormente modificadas por otras normas, otras quedaron alcanzadas por decisiones judiciales y varias fueron incorporadas o reformuladas mediante leyes posteriores.
Por eso, un rechazo de Diputados no tendría un efecto idéntico y automático sobre cada uno de los sectores alcanzados.
El fallo sobre la Ley de Tierras reactivó la ofensiva
La convocatoria opositora tomó impulso después de que la Corte Suprema revocara el fallo que había frenado la derogación de la Ley 26.737 de Tierras Rurales.
El máximo tribunal no se pronunció sobre la constitucionalidad del artículo 154 del DNU, sino que consideró que la organización que promovió la demanda carecía de legitimación para hacerlo.
La decisión dejó nuevamente operativo ese artículo y volvió a poner en el centro del debate parlamentario la vigencia general del megadecreto.
Desde entonces, distintos bloques comenzaron a coordinar una estrategia común para llevarlo al recinto.
El Gobierno, por su parte, busca evitar que esa coordinación llegue a los 129 presentes.
A nueve días de la sesión, la pulseada sigue abierta: la oposición tiene una base cercana al quórum, pero todavía necesita sumar legisladores; el oficialismo apuesta precisamente a retener a esos diputados fuera del recinto.
Si la sesión finalmente se abre, el Gobierno enfrentará una votación particularmente delicada: por primera vez desde 2024, Diputados podría completar el rechazo parlamentario de uno de los instrumentos centrales con los que Milei inició su programa de desregulación económica.
