Los cuatro integrantes del oficialismo en la Sala Acusadora votaron por la inadmisibilidad de la denuncia contra el defensor del Pueblo. Consideraron que sus expresiones estaban amparadas por la libertad de expresión y que no configuraban un incumplimiento grave. Felpeto y Ribetti votaron por admitir el planteo. El resultado repitió exactamente el desenlace de 2025.
El nuevo pedido de juicio político contra el defensor del Pueblo de Villa Carlos Paz, Víctor Curvino, quedó cerrado este miércoles en la Sala Acusadora del Concejo de Representantes.
Con los cuatro votos de Carlos Paz Unido, el oficialismo reunió la mayoría agravada necesaria para declarar inadmisible la denuncia presentada por Santiago Juliá y evitar que el procedimiento avanzara hacia la Sala Juzgadora.
Votaron por la inadmisibilidad Leonardo Villalobos, Raquel Merlino, Claudio Bocchetti y Marcela Bosch, todos integrantes del bloque oficialista.
Del otro lado, Pía Felpeto y Daniel Ribetti, de Juntos por Carlos Paz, se pronunciaron a favor de admitir la denuncia.
El resultado final fue así de 4 votos contra 2, exactamente la misma relación de fuerzas con la que durante 2025 habían sido rechazados otros pedidos de juicio político contra Curvino.
Libertad de expresión, el argumento del oficialismo
La posición mayoritaria sostuvo principalmente que las manifestaciones cuestionadas a Curvino se encuentran comprendidas dentro del derecho a la libertad de expresión.
También consideró que los hechos denunciados no alcanzaban la gravedad necesaria para configurar un incumplimiento susceptible de juicio político.
Desde esa postura se remarcó que este mecanismo institucional debe quedar reservado para irregularidades graves en el ejercicio de la función pública y que no corresponde utilizarlo para llevar a esa instancia situaciones consideradas de menor entidad.
La oposición habló de incumplimientos reiterados
Felpeto y Ribetti plantearon una interpretación opuesta.
Los dos concejales entendieron que las conductas atribuidas a Curvino exceden los límites de la libertad de expresión y constituyen incumplimientos reiterados de las obligaciones inherentes a su cargo.
Además, sostuvieron que las intervenciones cuestionadas configuran actividad político-partidaria, algo que consideraron incompatible con la independencia que debe mantener quien conduce la Defensoría del Pueblo.
Ese era precisamente uno de los núcleos del planteo realizado por Juliá, quien había acompañado su pedido inicial con una posterior ampliación en la que incorporó antecedentes de distintas manifestaciones públicas de Curvino durante los últimos años.
El mismo desenlace que en 2025
La definición de este miércoles terminó confirmando el peso decisivo que tiene la composición política de la Sala Acusadora.
Carlos Paz Unido posee cuatro de sus seis lugares, cantidad suficiente para alcanzar por sí solo la mayoría necesaria para resolver sobre la admisibilidad de una denuncia.
Y esa mayoría volvió a funcionar de la misma manera que el año pasado.
En 2025, otras dos denuncias contra Curvino habían sido descartadas también por 4 votos contra 2, sin llegar a la Sala Juzgadora.
Esta vez el procedimiento tuvo incluso un comienzo accidentado: la primera reunión convocada para analizar las presentaciones debió pasar a cuarto intermedio porque los integrantes de la Sala no habían recibido previamente ni la denuncia original ni su ampliación.
Superado ese episodio y analizada finalmente la documentación, la votación reprodujo el escenario político ya conocido: los cuatro representantes del oficialismo rechazaron avanzar y los dos opositores votaron por admitir el planteo.
Con esa decisión, se cierra este nuevo intento de someter a Curvino a juicio político.
