El 29 de junio de 2025, Villa Carlos Paz protagonizó la elección de defensor del Pueblo con menor participación de su historia. De 59.098 personas habilitadas, solo 10.051 fueron a votar: apenas el 17 por ciento. Víctor Curvino fue reelecto con 3.046 sufragios, equivalentes al 5,15 por ciento del padrón total.
Aquel resultado no fue una anécdota ni un accidente climático. Fue la expresión más contundente del divorcio entre la ciudadanía y una institución que debía representarla. Un año después, lejos de revertir esa crisis, la continuidad de Curvino confirmó buena parte de las advertencias formuladas entonces.
La primera reacción del ganador tampoco ayudó. En lugar de una autocrítica frente al desplome de la participación y la pérdida de respaldo, Curvino respondió con chicanas y advertencias. El mensaje fue inequívoco: se celebró el resultado sin asumir la profundidad del deterioro institucional que ese mismo resultado exponía.
El defensor fue reelecto después de una campaña atravesada por la difusión de un video en el que aparecía conduciendo por la Costanera con una copa en la mano. Curvino sostuvo luego que se trató de una broma privada, realizada antes de asumir y sin consumo de alcohol. Esa explicación, sin embargo, nunca fue sometida a una investigación institucional completa.
Dos excandidatos promovieron pedidos de juicio político. La mayoría oficialista de la Sala Acusadora los desestimó antes de abrir la instancia de investigación. El hecho no fue peritado ni se produjo prueba para determinar de manera fehaciente cuándo ocurrió. El oficialismo aceptó el descargo del propio denunciado y cerró el caso. La Defensoría, creada para controlar al poder, terminó protegida por ese mismo poder.
Curvino asumió el 2 de enero de 2026 en una sesión exprés, casi sin público, sin presencia de la oposición y ante un Concejo semivacío. El intendente Esteban Avilés tampoco participó. Fue una postal coherente con el respaldo obtenido: una ceremonia formal y de bajo perfil para una institución que no logró reconstruir un vínculo visible con la comunidad.
Tampoco avanzó la reforma prometida. El 1 de agosto de 2025, Avilés anunció una enmienda de la Carta Orgánica para cambiar el sistema de elección del defensor y eliminar el voto popular. A un año de aquella definición, la propuesta nunca fue presentada formalmente ante el Concejo de Representantes ni se precisó qué mecanismo la reemplazaría.
El anuncio sirvió para contener el impacto político del récord de abstención y desplazar otros proyectos que proponían dejar la Defensoría en manos de la oposición o directamente eliminarla. Pero no produjo ninguna modificación concreta. Todo siguió igual: el mismo esquema cuestionado, la misma conducción y una estructura cuyo presupuesto aumenta mientras su utilidad, autonomía y legitimidad permanecen bajo discusión.
María Ángella Mancuello resumió la deuda con una pregunta directa: “¿Dónde está la Defensoría cuando la comunidad la necesita?”. Su planteo apunta a una institución independiente, activa y cercana, capaz de intervenir ante los reclamos y de controlar al gobierno sin condicionamientos.
Santiago Juliá pone el foco en el mensaje de quienes no participaron. Más de 49.000 electores decidieron no votar. Cuando una institución genera indiferencia, pierde representatividad y no modifica la vida cotidiana, sostiene, el problema deja de ser el nombre de su titular y pasa a ser su diseño y su propia existencia.
Ese es el debate que Villa Carlos Paz sigue postergando. No alcanza con cambiar el sistema de elección si la Defensoría continúa subordinada al oficialismo. Tampoco alcanza con reemplazar a una persona si se conserva una estructura costosa, sin autonomía y con escaso reconocimiento social.
Un año después, la institución permanece donde estaba: debilitada, cuestionada y sostenida por inercia política. La elección de 2025 dejó una alarma imposible de ignorar. La respuesta, hasta ahora, fue el silencio, el blindaje y una reforma que nunca llegó.
Nota correspondiente a la edición n° 625 del periódico La Jornada, del 29 de julio de 2026.
