La Libertad Avanza aceptó incorporar al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada dos artículos que recuperan las restricciones a la compra de tierras rurales por extranjeros. El acuerdo con el PRO y la UCR busca preservar el resto del decreto de Javier Milei frente a la ofensiva opositora prevista para este jueves.
El Gobierno nacional dio marcha atrás en uno de los puntos más controvertidos del DNU 70/2023 y acordó con sus aliados parlamentarios restituir la Ley de Tierras, que establece límites a la propiedad rural en manos extranjeras. La decisión quedó plasmada este miércoles 14 de octubre en un dictamen de mayoría de la Cámara de Diputados, con el respaldo de La Libertad Avanza, el PRO y la UCR.
El cambio de posición responde a una negociación política destinada a evitar que la oposición reúna los votos necesarios para rechazar la totalidad del decreto firmado por Javier Milei en diciembre de 2023. La Cámara baja tiene convocada para este jueves una sesión especial con ese objetivo, luego de que el Senado rechazara el DNU en marzo de 2024.
La salida que encontró el oficialismo fue incorporar dos artículos al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo que ya cuenta con media sanción del Senado.
El nuevo artículo 38 propone dejar sin efecto el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual se derogó la Ley de Tierras. A continuación, el artículo 39 establece la restitución de la plena vigencia de la Ley 26.737, sancionada en diciembre de 2011 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
La modificación fue presentada durante el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General por el diputado radical Diógenes González, quien planteó la necesidad de recuperar una regulación que había generado una fuerte controversia pública.
El acuerdo representa un giro para el Gobierno, que originalmente había promovido la eliminación de las restricciones a la compra de tierras por extranjeros como parte de su política de desregulación económica.
Qué establece la Ley de Tierras que se busca recuperar
La Ley 26.737 regula la propiedad, posesión y tenencia de tierras rurales por parte de personas físicas y jurídicas extranjeras.
Entre sus principales disposiciones establece un límite del 15% de titularidad extranjera sobre las tierras rurales del país. Ese porcentaje también se aplica en cada provincia, municipio o jurisdicción administrativa equivalente.
Además, fija que las personas o empresas de una misma nacionalidad no pueden concentrar más del 30% de la superficie habilitada para propietarios extranjeros.
Otra de las restricciones centrales es el máximo de 1.000 hectáreas por titular extranjero en la zona núcleo agrícola, o su superficie equivalente en otras regiones, de acuerdo con la ubicación y las características productivas de las tierras.
La legislación también impide, con las excepciones previstas por el régimen, que personas extranjeras adquieran tierras que contengan o sean ribereñas de cuerpos de agua de importancia y permanencia, así como inmuebles ubicados en zonas de seguridad de frontera.
Durante las negociaciones previas al dictamen se había mencionado la posibilidad de recuperar solamente algunas restricciones, manteniendo el límite general del 15% pero eliminando el máximo de 1.000 hectáreas.
Sin embargo, la fórmula incorporada finalmente al dictamen propone restituir la plena vigencia de la Ley 26.737, sin establecer una excepción expresa para ese límite. De aprobarse en esos términos, se recuperaría el conjunto de las restricciones previstas por la normativa, y no solamente el porcentaje general de propiedad extranjera.
La negociación para preservar el DNU 70/2023
La decisión del oficialismo tiene una explicación centralmente parlamentaria.
Aunque el PRO y sectores de la UCR acompañan buena parte de las reformas impulsadas por Milei, algunos de sus legisladores habían manifestado reparos frente a la eliminación de los límites a la extranjerización de tierras rurales.
Esa posición abría la posibilidad de que diputados habitualmente aliados del Gobierno acompañaran a la oposición en el rechazo del DNU 70/2023, con consecuencias mucho más amplias que la restitución de una sola ley.
El decreto contiene numerosas modificaciones en materia económica, comercial, inmobiliaria y de servicios. Entre otras medidas, derogó las leyes de Alquileres, Abastecimiento y Góndolas, y modificó regulaciones sobre medicina prepaga, transporte y distintas actividades empresariales.
Como el Senado ya rechazó el DNU, una votación negativa de Diputados completaría el procedimiento legislativo necesario para dejarlo sin efecto.
Frente a ese escenario, La Libertad Avanza aceptó recuperar la Ley de Tierras a través de una iniciativa específica, ofreciendo a sus aliados una alternativa para mantener esa regulación sin acompañar la derogación integral del decreto.
La oposición cuestionó la maniobra y sostuvo que busca desactivar la sesión convocada para este jueves.
Durante el debate en comisiones, la diputada de Unión por la Patria Paula Penacca calificó el cambio como un “manotazo de ahogado” y remarcó la contradicción entre la decisión de los legisladores oficialistas y la política impulsada originalmente por el Presidente.
Desde el Frente de Izquierda, Myriam Bregman también cuestionó el acuerdo al considerar que su finalidad es impedir que la oposición consiga el quórum para tratar el rechazo completo del DNU.
El antecedente de la Corte Suprema
La negociación se produjo después de dos decisiones judiciales que modificaron en pocos días la situación de la Ley de Tierras.
El 29 de septiembre, la Corte Suprema revocó la sentencia que había declarado inconstitucional la derogación de la norma, al considerar que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) no tenía legitimación para promover aquella demanda.
Esa decisión, sobre la que informó oportunamente La Jornada, dejó sin efecto la protección judicial que impedía aplicar el artículo 154 del DNU. Sin embargo, el máximo tribunal no se pronunció sobre la constitucionalidad de la derogación.
Diez días después, el 9 de octubre, la Corte intervino en otra causa, iniciada por la Asociación Civil Árbol de Pie y otros demandantes, y dispuso una medida cautelar interina que suspendió nuevamente los efectos del artículo 154.
De esa manera, las restricciones de la Ley de Tierras recuperaron su vigencia provisional.
La suspensión continuará hasta que el Juzgado Federal de San Carlos de Bariloche examine la legitimación de los demandantes y resuelva el pedido cautelar. Tampoco en este segundo pronunciamiento la Corte decidió sobre la constitucionalidad de fondo.
El acuerdo parlamentario busca, precisamente, reemplazar esa situación judicial provisoria por una solución legislativa que restablezca expresamente la vigencia de la Ley 26.737.
Dos sesiones y una disputa todavía abierta
La Cámara de Diputados tiene por delante dos convocatorias que serán determinantes para el futuro del DNU 70/2023 y la Ley de Tierras.
La primera está prevista para este jueves 15 de octubre a las 14, a pedido de legisladores opositores encabezados por Germán Martínez. El temario incluye el rechazo del DNU, junto con iniciativas sobre endeudamiento familiar y la prórroga de la emergencia en discapacidad.
El oficialismo confía en que el acuerdo alcanzado con sus aliados reduzca las posibilidades de reunir los 129 diputados necesarios para abrir la sesión.
La segunda convocatoria será el miércoles 21 de octubre a las 12, impulsada por el bloque de La Libertad Avanza que preside el cordobés Gabriel Bornoroni. Allí está previsto tratar el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada con las modificaciones incorporadas al dictamen.
Como la iniciativa ya recibió media sanción del Senado, si Diputados aprueba el texto modificado deberá regresar a la Cámara alta para completar su tratamiento.
Por el momento, el acuerdo político no constituye una ley sancionada ni implica que el Congreso haya derogado el artículo 154 del DNU. Las restricciones a la propiedad extranjera de tierras rurales continúan vigentes por efecto de la medida cautelar judicial.
Lo que sí cambió este miércoles es el escenario parlamentario: el Gobierno aceptó recuperar una regulación que había eliminado al comienzo de su gestión para intentar preservar el resto de uno de los decretos centrales de su programa económico.
