El Concejo de Representantes aprobó una ordenanza que establece un marco para el diseño, adquisición e implementación de sistemas de IA en la administración pública municipal. La norma no alcanza al uso privado de estas herramientas y fija principios de transparencia, ética, seguridad, control de riesgos y responsabilidad funcionarial.
El Concejo de Representantes de Villa Carlos Paz aprobó una ordenanza que crea un marco regulatorio para el uso de Inteligencia Artificial (IA) en la administración pública municipal.
El proyecto fue impulsado por la concejala Noe García Roñoni (Juntos por Carlos Paz) y obtuvo 10 votos a favor y 2 en contra, correspondientes a Daniel Ribetti y Pía Felpeto, ambos del mismo bloque.
La norma no regula el uso privado de herramientas de IA en la ciudad, sino el diseño, adquisición, implementación y utilización de sistemas de inteligencia artificial por parte del Estado municipal, tanto en su funcionamiento administrativo como en la prestación de servicios públicos.
Al fundamentar la iniciativa, García Roñoni sostuvo que se trata de un desafío actual y no futuro. “Ponemos a consideración una herramienta normativa que busca preparar al municipio de Villa Carlos Paz para un desafío que no pertenece al futuro, sino al presente, que es la inteligencia artificial”, afirmó.
La concejala remarcó que estas tecnologías ya forman parte de la vida cotidiana, desde los sistemas que se usan para comunicarse y trabajar hasta aquellos que permiten gestionar información o asistir en la toma de decisiones. Desde esa mirada, planteó que “la pregunta ya no es si el Estado va a utilizar estas herramientas, sino cómo va a hacerlo”.
Un uso ético, responsable y con supervisión humana
El núcleo de la ordenanza es establecer principios y reglas para que el municipio pueda incorporar herramientas de IA bajo criterios de ética, transparencia, seguridad, eficiencia, supervisión humana y control de riesgos.
“Lo que propone esta ordenanza es establecer algunas reglas claras para el uso de la inteligencia artificial”, explicó García Roñoni, al señalar que estas herramientas deberán utilizarse en la administración pública “de manera ética, responsable y transparente, y siempre bajo la supervisión humana”.
Uno de los puntos que la autora buscó remarcar es que la ordenanza no plantea una sustitución automática de trabajadores ni una transferencia de decisiones institucionales hacia sistemas algorítmicos.
“Este proyecto no busca reemplazar personas por máquinas”, sostuvo. Y agregó: “Tampoco busca delegar decisiones políticas y administrativas en algoritmos”.
La norma define como sistema de IA a todo sistema informático que opere con distintos niveles de autonomía y que, a partir de datos de entrada, pueda generar predicciones, recomendaciones, clasificaciones, contenidos, decisiones o resultados que influyan o apoyen procesos administrativos, servicios públicos o actividades municipales.
Quedan fuera de esa definición los sistemas automáticos simples, como cálculos aritméticos, reglas fijas u operaciones predeterminadas que no tengan capacidad de inferencia, aprendizaje, generación de contenido o asistencia en la toma de decisiones.
Derechos, privacidad y responsabilidad de funcionarios
García Roñoni aclaró que el proyecto no parte de una mirada acrítica ni alarmista sobre la IA. “No buscamos ni demonizar ni romantizar la inteligencia artificial”, señaló.
Según explicó, el objetivo es proteger derechos básicos en el uso estatal de estas herramientas. En esa línea, sostuvo que la ordenanza busca defender derechos constitucionales, resguardar la privacidad de las personas y dejar expresamente establecido que ninguna herramienta de inteligencia artificial exime de responsabilidad a los funcionarios.
Ese criterio quedó incorporado en el texto aprobado: el uso de IA no libera de responsabilidad al municipio, sus funcionarios ni sus agentes. Las decisiones y actos administrativos deberán seguir sujetos a la Carta Orgánica Municipal, el Código de Ética, el Estatuto del Empleado Municipal, la Ordenanza de Contabilidad N.º 1511 y toda otra normativa aplicable.
En términos prácticos, si una decisión municipal se apoya en una herramienta de inteligencia artificial, la responsabilidad administrativa, política o funcional no desaparece.
Programa Municipal de Innovación con IA
La ordenanza crea el Programa Municipal de Innovación con IA, bajo la órbita de la autoridad de aplicación, que será la Secretaría de Coordinación de Gabinete y Promoción Humana, o el área que la reemplace en el futuro.
Ese programa tendrá como función coordinar proyectos piloto e identificar oportunidades de mejora en los servicios públicos. La incorporación de IA, de acuerdo con el espíritu del proyecto, será gradual y sujeta al nivel de impacto de cada sistema.
La autoridad de aplicación podrá dictar normas complementarias, reglamentarias y operativas para implementar la ordenanza. También podrá requerir informes o asistencia de otras áreas municipales, sin que eso implique crear nuevas estructuras administrativas.
Comité de Ética y Evaluación Algorítmica
Otro de los puntos centrales es la creación de un Comité de Ética y Evaluación Algorítmica, concebido como órgano de asesoramiento técnico-ético.
Sus dictámenes no serán vinculantes, pero deberán ser requeridos en los casos de algoritmos considerados de alto impacto. Si la autoridad competente decide apartarse de lo dictaminado por el comité, deberá hacerlo mediante resolución fundada.
La ordenanza también prevé que todo sistema de IA clasificado como de alto impacto cuente con una Evaluación de Impacto Algorítmico antes de ser implementado. La autoridad de aplicación deberá definir criterios y formularios, y podrá establecer evaluaciones abreviadas o completas según la complejidad, finalidad, datos tratados y nivel de riesgo del sistema.
García Roñoni reconoció que la regulación no puede agotar todos los escenarios posibles. “Esta ordenanza no pretende tener todas las respuestas”, dijo, al advertir que “la tecnología y la inteligencia artificial va más rápido que las normas”.
De todos modos, sostuvo que el proyecto fija una base indispensable: “Establece algo fundamental: que el uso de la inteligencia artificial en el Estado debe estar al servicio de las personas”.
Prohibición de vigilancia biométrica y puntuación social
Uno de los aspectos más sensibles de la ordenanza es la incorporación de restricciones expresas. El texto prohíbe el uso de IA para vigilancia biométrica masiva en espacios públicos sin orden judicial y también veta sistemas de puntuación social o perfilamiento masivo que puedan vulnerar derechos constitucionales.
García Roñoni lo marcó como uno de los límites centrales del proyecto. “Esta ordenanza prohíbe expresamente la vigilancia biométrica sin orden judicial”, afirmó. Y agregó que también “rechaza cualquier sistema de puntuación social o perfilamiento que pueda afectar los derechos constitucionales de las personas”.
Ese punto coloca un límite claro: el municipio podrá utilizar inteligencia artificial como herramienta de gestión, pero no para mecanismos de vigilancia masiva o clasificación social incompatibles con derechos fundamentales.
Comunicaciones oficiales generadas con IA
La ordenanza también regula el uso de IA en comunicaciones oficiales. Las comunicaciones externas, masivas o automatizadas generadas sustancialmente mediante inteligencia artificial deberán ser revisadas por personal municipal competente y, cuando corresponda, identificadas con una leyenda.
Ese apartado apunta a evitar que el municipio emita contenidos automatizados sin control humano o sin identificación suficiente cuando el caso lo requiera.
Además, se establece un plan de capacitación obligatoria en ética y uso responsable de IA para funcionarios y agentes municipales, cuyos detalles quedarán sujetos a la reglamentación.
Ribetti pidió saber si el municipio ya utiliza IA
Aunque el proyecto fue presentado por una concejala de su propio bloque, Daniel Ribetti votó en contra. Durante el debate, no cuestionó el sentido general de regular la inteligencia artificial, sino que pidió conocer cuál es la situación actual del municipio frente al uso de estas herramientas.
“Me gustaría saber cuál es el contexto tecnológico actual de la gestión municipal respecto a la utilización de estas herramientas”, planteó.
El concejal preguntó si el municipio ya incorporó sistemas de IA, si existen suscripciones a plataformas, si se realizan pruebas o ensayos y cómo se vincula la ordenanza con una eventual arquitectura tecnológica ya existente.
Para Ribetti, esa información era necesaria para evaluar el alcance real de la norma. “Me parece que es esencial para mí, por lo menos para acompañar este proyecto o no”, sostuvo.
También recordó que había formulado esa consulta en comisión y que no recibió una respuesta. “Quedamos que nos iban a responder luego en la comisión. No surgió la respuesta”, señaló.
En ese marco, pidió discutir “el diseño de la arquitectura de la implementación de la IA en los sistemas de gestión municipal”.
Una regulación inicial para una tecnología en expansión
La aprobación de la ordenanza ubica a Villa Carlos Paz en una etapa inicial de regulación municipal sobre el uso estatal de inteligencia artificial. El proyecto no prohíbe estas herramientas, sino que busca ordenar su incorporación bajo criterios de gradualidad, razonabilidad, proporcionalidad y nivel de riesgo.
García Roñoni sintetizó el sentido político e institucional de la iniciativa con una frase: “Tenemos que prepararnos para gobernar lo que viene”.
La norma crea un marco de principios, un programa de innovación, un comité de evaluación, restricciones expresas para usos sensibles, exigencias de revisión humana, capacitación obligatoria y responsabilidad funcionarial.
Con 10 votos a favor y los rechazos de Ribetti y Felpeto, el Concejo aprobó una regulación que abre una nueva agenda para la administración municipal: cómo incorporar inteligencia artificial sin desplazar controles humanos, sin vulnerar derechos y sin diluir responsabi