Carlos Paz Unido defendió un cierre financiero positivo, con liquidez y capacidad para afrontar obligaciones. Juntos por Carlos Paz y Carlos Paz Inteligente pusieron en duda la composición del resultado, objetaron la registración de gastos y advirtieron que numerosas partidas vinculadas con obras, ambiente, transparencia y participación vecinal tuvieron una ejecución mínima o nula.
El Concejo de Representantes de Villa Carlos Paz aprobó el jueves pasado en segunda lectura la Cuenta General del Ejercicio 2025, únicamente con los votos del bloque oficialista de Carlos Paz Unido.
Mientras el gobierno defendió un cierre con resultado positivo, liquidez y capacidad para afrontar obligaciones, los bloques opositores cuestionaron la composición del superávit, la registración de gastos, la baja ejecución de algunas partidas y las prioridades políticas que surgen del destino de los recursos municipales.
El tratamiento definitivo se produjo después de la aprobación en primera lectura, el paso por comisión y la audiencia pública prevista por la Carta Orgánica Municipal.
El expediente llegó al recinto con dictamen favorable de la mayoría del Tribunal de Cuentas, aunque con una disidencia del vocal por la minoría, Gustavo Molina, quien sostuvo que la documentación no reflejaba razonablemente la ejecución del presupuesto anual.
Superávit, liquidez y capacidad de pago
La defensa inicial estuvo a cargo de la concejala Raquel Merlino, quien afirmó que la Cuenta General muestra una relación equilibrada entre los recursos percibidos y los gastos comprometidos, un resultado financiero positivo y niveles de liquidez suficientes para atender las obligaciones corrientes.
“La cuenta general muestra que el Municipio cerró el ejercicio con equilibrio financiero, resultado positivo y capacidad para atender sus obligaciones en el corto plazo”, sostuvo.
De acuerdo con los datos expuestos por Merlino desde la primera lectura, los ingresos propios consolidados alcanzaron durante 2025 los $67.540.627.614,12, frente a un presupuesto previsto de $91.362.479.441,01. Eso representa una ejecución del 73,93%.
La coparticipación alcanzó el 59,89% de lo presupuestado originalmente, un resultado que el oficialismo vinculó con la caída de la actividad económica y de los recursos coparticipables.
El Ejecutivo presentó un superávit de $2.957.448.282,84. También informó una deuda corriente o flotante de $4.867.520.848,95 y una disponibilidad de caja de $7.824.968.131,79 al cierre del ejercicio.
Para Merlino, la discusión debía centrarse en determinar si el balance refleja razonablemente la situación presupuestaria, contable, financiera y patrimonial, y no en revisar la oportunidad o conveniencia de cada decisión política adoptada durante el año.
“Una cuenta general no debe aprobarse o rechazarse en función de si se comparte cada decisión administrativa o cada criterio de gestión adoptado durante el año”, planteó.
La concejala sostuvo que las observaciones incluidas en la disidencia no modificaban el resultado financiero general, la relación entre ingresos y egresos ni la existencia de liquidez.
Felpeto: planificación, controles y “honestidad contable”
Desde Juntos por Carlos Paz, Pía Felpeto rechazó el balance y sostuvo que detrás del cierre formal aparece una gestión con problemas de planificación, control y utilización eficiente de los recursos.
“Durante el ejercicio 2025, la Municipalidad administró el mayor presupuesto de la historia de Carlos Paz”, señaló.
Según su postura, el incremento de los recursos no estuvo acompañado por una mejora equivalente en la calidad de la administración. Como ejemplo mencionó las sucesivas intervenciones realizadas en el tanque de agua del sector oeste, una obra que requirió nuevas contrataciones y desembolsos para corregir inconvenientes que, según cuestionó, deberían haberse previsto.
“Gestionar recursos públicos no es solamente gastar, sino que consiste también en gastar bien”, afirmó.
Felpeto respaldó su rechazo en la Disidencia N.º 048/2026 presentada por Molina dentro del Tribunal de Cuentas. Entre los puntos objetados por el vocal opositor aparecen la asignación y el pago de becas municipales, los honorarios de directores de Carlos Paz Gas S.A. o VCP Gas S.A., expedientes de publicidad institucional, actuaciones vinculadas con Cotreco, la utilización de fondos con afectación específica y la registración de los salarios de diciembre de 2025.
Sobre este último punto, Molina advirtió que los sueldos correspondientes a diciembre fueron abonados en enero de 2026 y no aparecían reflejados dentro del ejercicio analizado.
Para Felpeto, no se trata de una diferencia menor. “Puede parecer una cuestión técnica, pero en realidad es una cuestión de honestidad contable”, sostuvo.
Y agregó: “Si ocultamos gastos, los números parecen mejores de lo que realmente son”.
La concejala afirmó que aprobar la Cuenta General no implica revisar únicamente si las columnas cierran, sino evaluar si la gestión administró responsablemente el dinero de los contribuyentes.
“La verdadera discusión para nosotros hoy no es si los balances cierran, sino si los vecinos recibieron una administración responsable de sus recursos”, remarcó.
Quaranta y la “selección de la subejecución”
Carlos Quaranta, de Carlos Paz Inteligente, coincidió en que el análisis del Concejo no debía quedar limitado a la corrección técnica de los registros.
Según planteó, la aprobación de una Cuenta General también exige revisar qué se proyectó, cuáles fueron las prioridades establecidas, qué áreas quedaron postergadas y qué objetivos se cumplieron.
“Desde el Concejo corresponde también analizar las decisiones políticas en torno a la ejecución de un presupuesto”, señaló.
Uno de los puntos centrales de su exposición fue la subejecución presupuestaria. Quaranta aclaró que no cuestionaba que algunas partidas no alcanzaran una ejecución completa, sino la aparente selección de cuáles recibieron recursos y cuáles quedaron relegadas.
“No la subejecución presupuestaria en sí misma, que sabemos que es posible, sino la selección de la subejecución: cuentas que sí, cuentas que no, sin tener claro cuál es el criterio que se aplica”, expresó.
También volvió a reclamar información individualizada sobre las obras previstas para 2025: cuáles se ejecutaron, cuánto costaron, qué grado de avance tuvieron y por qué otras no se concretaron.
A eso sumó cuestionamientos sobre la libre disponibilidad de fondos recaudados con destinos específicos, como seguridad o bomberos, y la falta de metas medibles que permitan conocer si el gasto tuvo un impacto real sobre las necesidades de la ciudad.
“Sin las metas es muy difícil poder decir si políticamente el presupuesto que se aprobó el año pasado ha sido cumplido o no”, afirmó.
Ribetti habló de “contabilidad creativa”
Daniel Ribetti, también de Juntos por Carlos Paz, concentró su exposición en la composición de los ingresos y gastos del ejercicio.
Según los números presentados por el concejal, la recaudación total informada fue de $67.541 millones, pero dentro de ese monto habría $3.950 millones trasladados de un ejercicio a otro.
A partir de esa lectura, sostuvo que los recursos genuinamente ingresados durante 2025 fueron de $63.591 millones. Al comparar esa cifra con gastos comprometidos por $65.884 millones, calculó un déficit de $2.293 millones.
“Si no usamos creativamente ese elemento que pasa de un año al otro, tenemos un déficit de 2.293 millones”, planteó.
La lectura opositora se contrapone con el superávit de $2.957 millones defendido por el oficialismo. La diferencia está vinculada con el criterio utilizado para computar recursos disponibles, obligaciones pendientes y partidas trasladadas entre ejercicios.
Ribetti puso además el foco en la estructura del gasto municipal.
Según detalló, el rubro Recursos Humanos representó el 47% del gasto ejecutado, con $30.607 millones. A esa cifra sumó $5.330 millones correspondientes al servicio de recolección prestado por Cotreco, equivalentes a otro 10%.
Entre ambos conceptos, sostuvo, se concentró el 57% de los recursos ejecutados.
“Queda muy poco dinero realmente para resolver las cuestiones estructurales de esta ciudad”, cuestionó.
El concejal vinculó esa concentración con la falta de avances en infraestructura, cloacas, gas, agua y obras estratégicas.
“Donde está la plata está la prioridad, y la prioridad está ahí”, afirmó.
Ribetti también cuestionó la composición del gasto en personal y sostuvo que la planta permanente representa una parte menor frente al conjunto conformado por personal político, gabinete, contratados, locaciones de servicios y becas. En ese contexto, calificó parte de esa estructura como “militancia rentada”.
Partidas con ejecución mínima o nula
La oposición utilizó los niveles de ejecución de distintas áreas para discutir el destino político de los recursos.
Según el análisis presentado por Ribetti, la partida de compuestos químicos para el tratamiento del agua ejecutó el 6%, mientras que el proceso de captación de agua no tuvo ejecución.
El saneamiento cloacal alcanzó el 9,54%; el Centro Ambiental, el 10,54%; y el Aula Ambiental, apenas el 0,23%.
El Plan de Abordaje Sanitario del Lago San Roque ejecutó el 1,17%, mientras que el Plan de Manejo del Área Protegida AP1 no registró ejecución.
Tampoco se ejecutó la partida de Transparencia y Acceso a la Información Pública, mientras que el Presupuesto Participativo alcanzó el 12%.
Según el edil, en total existieron 923 cuentas presupuestarias sin ningún nivel de ejecución durante el año.
En el caso del Presupuesto Participativo, Ribetti recordó que la normativa establece una asignación equivalente al 2% del presupuesto municipal. De acuerdo con su cálculo, al ejecutarse solamente el 12% de esa partida, los proyectos definidos por los vecinos habrían recibido efectivamente el equivalente al 0,24% del presupuesto total.
La exposición incluyó además el caso de Costa Azul, donde vecinos reclamaban desde hacía años un punto de hidratación para ciclistas. Ribetti cuestionó que la respuesta municipal se redujera a la instalación de una canilla poco antes de una reunión vecinal.
Guruceta defendió los controles y el gasto en servicios
Sebastián Guruceta rechazó los cuestionamientos opositores y sostuvo que la gran mayoría de los expedientes municipales son aprobados por unanimidad dentro del Tribunal de Cuentas.
Según afirmó, entre el 95% y el 98% de los expedientes reciben el acompañamiento de todos los integrantes del órgano de control, incluidos los representantes de la oposición.
Para Guruceta, ese dato contradice las acusaciones generales de falta de transparencia.
También respondió al planteo sobre los salarios de diciembre. Sostuvo que su imputación al ejercicio siguiente responde a una práctica contable sostenida durante distintas administraciones y que el gasto no desaparece, sino que se incorpora a las cuentas posteriores.
El oficialista defendió además el peso del gasto en personal, al remarcar que el municipio es esencialmente un prestador de servicios.
“Por una cuestión lógica, los municipios son prestadores de servicios”, expresó.
Mencionó la incorporación de trabajadores vinculados con la prestación de agua y cloacas, el sostenimiento del Hospital Municipal y el aumento de la demanda de servicios públicos en contextos de crisis económica.
“Cuando hay crisis económica, hay personas que se vuelcan aún más a los servicios públicos y los servicios municipales”, señaló.
Guruceta sostuvo que el cierre con saldo positivo demuestra una administración contenida y responsable, capaz de mantener servicios y avanzar con obras a medida que ingresan los recursos.
“Tener un saldo positivo es una forma de administrar en forma correcta, en forma contenida, para no generar situaciones que después produzcan un descalabro”, afirmó.
Dos lecturas sobre una misma cuenta
El debate dejó planteadas dos interpretaciones opuestas sobre el ejercicio 2025.
Para Carlos Paz Unido, el balance acredita un municipio financieramente equilibrado, con liquidez, capacidad para cumplir sus obligaciones y una administración adaptada a la caída de la coparticipación y al contexto económico.
Para Juntos por Carlos Paz y Carlos Paz Inteligente, el resultado positivo no alcanza para explicar la situación real de las cuentas ni las prioridades de la gestión.
Los bloques opositores sostuvieron que deben considerarse las obligaciones pendientes, la baja ejecución de áreas estratégicas, el peso del gasto en personal y recolección, la falta de información sobre obras y la ausencia de metas que permitan medir resultados.
Finalmente, la Cuenta General del Ejercicio 2025 fue aprobada únicamente con los votos de Carlos Paz Unido.
El oficialismo validó el cierre financiero. La oposición dejó asentado que, para evaluar la gestión, no basta con que los números cierren si una parte importante de las obras, programas y servicios presupuestados no se concreta.