Vecinos autoconvocados en defensa del humedal El Pantanillo criticaron en duros términos el reciente dictamen de la Defensoría del Pueblo de Villa Carlos Paz sobre la ordenanza N° 7178 (Cuarta etapa del Plan de Desarrollo Ambiental). Calificaron el pronunciamiento como “obsecuente, ilegal y peligroso”, acusándolo de desconocer las normas ambientales vigentes y de habilitar desarrollos urbanísticos en áreas protegidas.
Según señalaron, el dictamen omite el cumplimiento de legislaciones como la Ley Nacional de Bosques Nativos N° 26.331, la Ley Provincial N° 9.814 y la Ley Nacional de Manejo del Fuego N° 26.815, modificada por la Ley N° 27.604. Estas normativas prohíben expresamente cualquier alteración en zonas boscosas protegidas y en áreas afectadas por incendios, como las 22 hectáreas de la zona AE7 y los lotes de la zona R4, frente al barrio Altos del Valle.
El 6 de marzo pasado, representantes del grupo mantuvieron un encuentro con el defensor del Pueblo, Víctor Curvino, para plantear la ilegalidad de la ordenanza. En esa ocasión, el funcionario se comprometió a responder en un plazo de dos semanas. Sin embargo, la respuesta fue publicada con once días de retraso y, en lugar de respaldar la derogación, se limitó a recomendar que todo proyecto presentado en las zonas AE7 y R4 sea remitido a la Defensoría para su control.
Desde la perspectiva de los vecinos, este dictamen resulta “sumamente grave”, ya que no advierte sobre la prohibición expresa que pesa sobre el uso del suelo en El Pantanillo. Además, recordaron que el humedal ha sufrido incendios reiterados, lo que, conforme a la legislación vigente, impide cualquier modificación de su uso por un período mínimo de treinta años.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo defendió su postura y aseguró que la recomendación surgió luego de “un gran trabajo de análisis e investigación junto a profesionales idóneos en el tema”. El organismo solicitó que antes de evaluar cualquier aprobación de proyectos en las zonas afectadas, se remita la documentación pertinente para ejercer el control de la gestión pública y garantizar el cumplimiento de la ley de bosques.
Frente a esta situación, los vecinos autoconvocados exigieron la rectificación inmediata del dictamen, advirtieron sobre la posibilidad de iniciar acciones legales contra los funcionarios que avalen proyectos ilegales y ratificaron su compromiso con la defensa del monte y el agua.
En el plano provincial, el Ministerio de Ambiente de Córdoba confirmó que el área de El Pantanillo continúa en evaluación debido a los daños ambientales detectados en años anteriores. La información, proporcionada a la militante ambiental María Mancuello en respuesta a un pedido de acceso a la información pública, reafirma los cuestionamientos sobre la viabilidad legal de los proyectos urbanísticos impulsados por el Ejecutivo municipal.
El Ministerio precisó que el predio se encuentra bajo análisis y que se están definiendo medidas de recomposición ambiental, como planes de reforestación con especies nativas y recuperación del ecosistema, por lo que su destino final aún no está determinado.
Este pronunciamiento se suma a otros antecedentes que marcan irregularidades en el área: denuncias por desmonte ilegal y remoción de suelos en 2018 y 2019, y la instalación de una planta hormigonera sin habilitación en 2020.
En paralelo, la organización ADARSA también obtuvo una respuesta del Ministerio de Ambiente que reconoce la superposición de la parcela con el mapa oficial de bosque nativo, lo que refuerza la incompatibilidad de los proyectos propuestos por el municipio. En la misma línea, y ante un pedido de Juan Carlos Paesani, referente de la ONG Educación, Ambiente y Trabajo, la Dirección de Bosques confirmó que La Ley 9814 de Ordenamiento Territorial de la provincia de Córdoba determina que la parcela que el municipio pretende urbanizar en el oeste de Villa Carlos Paz cuenta con categorías de conservación que impedirían el cambio de uso del suelo.
La reciente inclusión del humedal dentro de una propuesta de nueva zona de servicios encendió nuevamente las alarmas en sectores vecinales y ambientales, que insisten en la necesidad de respetar el valor ecosistémico de El Pantanillo y en la importancia de garantizar que toda decisión territorial se ajuste a los principios de legalidad, transparencia y sustentabilidad ambiental.
Nota correspondiente a la edición n° 610 del periódico La Jornada, del 30 de abril de 2025.
