Después de la Cuarta Marcha Federal Universitaria, que movilizó a más de 1 millón de personas en todo el país, docentes e investigadores comienzan una semana completa de medidas de fuerza. El reclamo vuelve a centrarse en la recomposición salarial, el presupuesto universitario y la aplicación efectiva de la Ley 27.795.
El conflicto universitario sumará desde este martes un nuevo capítulo con el inicio de una semana completa de paro en las universidades nacionales, una medida que se extenderá hasta el viernes 30 de mayo y que buscará sostener en la agenda pública el reclamo por el financiamiento de la educación superior.
La protesta llega después de la Cuarta Marcha Federal Universitaria, que reunió a más de 1 millón de personas en distintos puntos del país en defensa de la universidad pública. Ahora, los gremios docentes profundizarán el plan de lucha con paros, clases públicas, acciones callejeras y jornadas de visibilización en las diferentes casas de estudio.
Los ejes centrales del reclamo son la recomposición salarial de docentes y nodocentes y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, cuya aplicación se encuentra suspendida y judicializada.
Salarios, presupuesto y continuidad académica
La secretaria general de ADIUC, Leticia Medina, describió el escenario como crítico en declaraciones a Canal 10. “Tenemos una caída de salarios inédita de más del 40%. Además, notamos que hay una política comunicacional del gobierno nacional, de hostigamiento y de amenazas a las universidades, sindicatos y rectores”, señaló.
Medina sostuvo que la continuidad cotidiana de la actividad universitaria se viene sosteniendo por el esfuerzo de trabajadores docentes e investigadores, pese al deterioro de las condiciones laborales. “Que la universidad esté abierta es resultado del compromiso y del esfuerzo sobrehumano que estamos haciendo los docentes e investigadores. Se han ido muchos docentes y otros han decidido bajar su dedicación para poder buscar otros trabajos”, afirmó.
El planteo gremial apunta a visibilizar que el problema no se limita a una discusión salarial, sino que también impacta en el funcionamiento general de las universidades, la investigación, la permanencia estudiantil y la calidad académica.
La ley que sigue sin aplicarse
Uno de los puntos centrales del conflicto es la Ley 27.795, de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente y Nodocente. La norma fue aprobada por el Congreso y ratificada posteriormente, pero su aplicación quedó suspendida de hecho por decisión del Poder Ejecutivo Nacional.
El Gobierno argumentó falta de recursos y el posible impacto sobre el equilibrio fiscal, lo que terminó llevando la discusión al terreno judicial. Para las universidades y los gremios, en cambio, la ley representa una herramienta necesaria para frenar el deterioro presupuestario y recomponer ingresos que vienen perdiendo poder adquisitivo.
Con este nuevo paro, el sistema universitario nacional intentará sostener la presión después de la movilización federal y advertir que, sin una respuesta concreta, la crisis presupuestaria seguirá afectando el funcionamiento de las casas de altos estudios.