El primer decreto del año, firmado por el intendente Esteban Avilés y la secretaria de Coordinación de Gabinete y Promoción Humana, Soledad Zacarías, ha generado un intenso debate en Villa Carlos Paz. El documento, producto de un convenio entre el Ejecutivo y el Sindicato de Empleados Municipales, otorgó recategorizaciones a varios agentes de planta permanente. Sin embargo, el hecho de que Zacarías esté incluida en ese listado como beneficiaria ha sido duramente criticado, generando cuestionamientos sobre un posible conflicto de intereses.
El vocal del Tribunal de Cuentas, Gustavo Molina, fue uno de los primeros en alzar la voz, al considerar que el decreto vulnera la Ordenanza N°5922, que regula la ética y la transparencia en la gestión pública. Y señaló que Zacarías actuó como “juez y parte” al firmar un documento que la beneficiaba directamente, lo que, según él, compromete la integridad del proceso.
Molina también detalló que la funcionaria, empleada de planta permanente desde el año 2000, ha ocupado cargos políticos y jerárquicos en los últimos nueve años (fue concejala desde agosto de 2015 a julio de 2023; y desde esa fecha reviste como integrante del gabinete municipal), dejando de lado sus funciones originales. “Ella misma firmó una resolución que la beneficia directamente. Esto no solo es contrario a la Ley de Ética Pública, sino que también compromete la transparencia y la confianza en la gestión pública”, insistió Molina en una entrevista con VillaNos Radio.
Nota correspondiente a la edición n° 607 del periódico La Jornada, del 29 de enero de 2025.
