Informe: VillaNos Radio
Desde muy temprano, y por orden de la municipalidad de Villa Carlos Paz, efectivos de la Policía de Córdoba y de la Guardia de Infantería se desplegaron en inmediaciones de la planta potabilizadora de agua en Cuesta Blanca, impidiendo el ingreso de los trabajadores e integrantes del Consejo de Administración de la COOPI, sin ninguna orden judicial.
En móviles municipales se trajo el equipamiento de la Policía de Córdoba dando cuenta de un posible accionar represivo contra los trabajadores.
El municipio pretende avanzar hoy a las 10 con la toma del servicio de agua por decreto y sin que la Cámara Contencioso Administrativa número 2 se haya expedido aún sobre el amparo presentado por socios y trabajadores socios de la Cooperativa, ante la arbitrariedad del decreto 534.
Tampoco se ha terminado en el ministerio de Trabajo la definición sobre la continuidad de los puestos de trabajo involucrados en el servicio de agua.
El cordón policial también impide el ingreso a la cuadrilla de trabajadores que desde el martes trabaja en la reparación de los daños ocasionados a la planta potabilizadora en la última creciente.
Estado de sitio
El abogado Claudio Orosz denunció que, ‘por orden de la municipalidad de Villa Carlos Paz, la policía, sin orden judicial, ha declarado el estado de sitio en Cuesta Blanca e impide la circulación, lo que está prohibido por la constitución’.
‘El intendente sabe que el TSJ y la Cámara Segunda Contenciosa de Córdoba deben tomar resoluciones inminentes y sin embargo, manu militari, impide la circulación.
No se descarta la complicidad de la fiscalía de Carlos Paz que es casi una oficina del intendente. Serán denunciados. Pero hoy hay que impedir la represión y la violencia’, afirmó. Y remarcó que, ‘la constitución debe ser respetada. Los ciudadanos en especial los trabajadores, sin violencia deben hacer valer sus derechos. La policía no puede cometer delitos, tampoco los fiscales aunque se lo ordene el intendente. Fuerza los trabajadores de la COOPI. Fuera los negocios del intendente con los acueductos troncales de Schiaretti y la privatización’, lanzó.
Represión antes que diálogo
El diputado nacional Eduardo Fernández, en tanto, repudió ‘la actitud de un municipio que antepone la fuerza represiva al diálogo en un tema tan sensible para los intereses de toda la comunidad’.
‘Están en juego no sólo los empleos de cientos de familias, sino la calidad en la prestación de un servicio público esencial como el agua, algo que parece una preocupación menor para el intendente’, expresó.