La Justicia federal investiga presuntos sobreprecios y posibles sobornos en contrataciones millonarias con Suizo Argentina durante la actual gestión nacional.
La Justicia federal abrió una investigación sobre más de 600 contratos firmados entre la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y la droguería Suizo Argentina SA, compañía históricamente ligada a la familia Kovalivker, por posibles irregularidades en la provisión de medicamentos desde comienzos de este año.
El expediente está a cargo del fiscal Franco Picardi, quien analiza si hubo sobreprecios y adjudicaciones direccionadas, mientras que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), conducida por Sergio Rodríguez, intenta determinar si existió un circuito de pagos ilegales para asegurar esos contratos.
Contratos por más de 55 mil millones de pesos
Según fuentes judiciales, la documentación incautada —que incluye facturas, correos electrónicos y expedientes de licitación— muestra que la firma Suizo Argentina resultó adjudicataria de manera reiterada, concentrando compras por más de 55.000 millones de pesos en menos de un año.
Los investigadores apuntan a que el uso de mecanismos de contratación directa, vigentes desde 2017, habría permitido favorecer de forma sistemática a la empresa, hoy controlada por Emmanuel y Jonathan Kovalivker, hijos del fundador Eduardo Kovalivker.
Dos hipótesis bajo la lupa
Picardi trabaja sobre dos ejes principales:
- Irregularidades administrativas: adjudicaciones direccionadas y precios por encima de los valores de mercado.
- Pagos ilegales a funcionarios: presunto sistema de coimas para garantizar negocios con el Estado.
De comprobarse ambas líneas, la Justicia sospecha de un esquema de corrupción estructural en el organismo nacional.
Denuncias y audios en la causa
La denuncia penal apunta contra Javier Milei, Karina Milei, Eduardo “Lule” Menem, el ex titular de la ANDIS Diego Spagnuolo y Eduardo Kovalivker, acusados de cohecho, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con la función pública e infracción a la Ley de Ética Pública.
En el expediente figuran además los audios filtrados de Spagnuolo que dieron origen a la causa, donde se menciona directamente a Lule Menem y a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.