El concejal de Juntos por Carlos Paz sostuvo que persisten incumplimientos detectados desde 2025 y pidió aplicar la cláusula de rescisión contra ESTUDIO PUBLICITARIO BRAVER S.A. La moción para tratar el proyecto sobre tablas reunió cuatro votos, mientras los siete ediles de Carlos Paz Unido lo enviaron a comisión sin debatir el fondo del planteo.
El concejal Daniel Ribetti, de Juntos por Carlos Paz, volvió a poner bajo cuestionamiento el contrato por los refugios del transporte urbano y pidió al Departamento Ejecutivo Municipal que rescinda el vínculo con Estudio Publicitario BRAVER S.A. por los incumplimientos que, según sostiene el proyecto presentado, se mantienen desde hace más de un año.
La iniciativa no consiguió habilitar su tratamiento inmediato durante la primera sesión ordinaria del nuevo período legislativo, el jueves pasado. La moción para debatirla sobre tablas obtuvo cuatro votos, mientras que los siete concejales de Carlos Paz Unido impusieron su mayoría para enviarla a comisión.
De ese modo, durante la sesión no se discutió el fondo de un expediente que apunta directamente al estado de los refugios y al incumplimiento de prestaciones incluidas en la licitación: código Braille, puntos de carga USB, cerramientos laterales, carapantallas publicitarias y bicicleteros retroiluminados, entre otros componentes.
Ribetti sostuvo que la situación prácticamente no cambió respecto del relevamiento realizado por su espacio en septiembre de 2025.
“Ya en septiembre del año pasado el incumplimiento era manifiesto. De ese relevamiento, cotejándolo en la actualidad, no ha cambiado prácticamente absolutamente nada de la situación de incumplimiento”, afirmó.
Un contrato por $998 millones
El proyecto toma como antecedente el contrato de concesión firmado el 19 de noviembre de 2024 entre la Municipalidad de Villa Carlos Paz y Estudio Publicitario BRAVER S.A., en el marco de la Ordenanza N.º 7130.
La empresa resultó adjudicataria para la construcción, instalación, mantenimiento y explotación publicitaria de mobiliario urbano por una inversión ofertada de $998 millones.
El contrato comprendía:
- 78 refugios para pasajeros del transporte urbano.
- 50 carapantallas publicitarias.
- 10 bicicleteros retroiluminados.
De acuerdo con el proyecto, el Plan de Trabajos establecía la instalación de diez refugios por mes y fijaba un plazo de seis meses desde la firma para completar la primera etapa. Ese período venció el 19 de mayo de 2025.
Para los diez bicicleteros retroiluminados, el plazo previsto era de 45 días desde la firma, con vencimiento el 3 de enero de 2025.
La presentación sostiene que, al 4 de agosto de 2026, todavía no se había completado la instalación de los 78 refugios comprometidos y que no se había colocado ninguna de las 50 carapantallas ni ninguno de los diez bicicleteros retroiluminados.
Refugios sin todas las prestaciones previstas
Ribetti concentró buena parte de su intervención en enumerar los elementos que, según señaló, continúan pendientes.
“No están los bicicleteros, no están los cestos de basura, no están los cierres laterales, no están los cargadores USB, no está la Internet, no está el Braille, no está la energía solar”, expresó.
El proyecto precisa que los refugios efectivamente instalados no cuentan con la totalidad de los servicios previstos en el artículo 1.A del Pliego de Especificaciones Técnicas.
Entre las falencias formalmente mencionadas aparecen el código Braille, los puntos de carga USB y condiciones de accesibilidad.
La presentación sostiene además que ninguno de los refugios colocados cumple con el requisito de los cerramientos laterales establecidos en el pliego.
Ribetti aseguró que tampoco se concretaron las refacciones pendientes detectadas en el relevamiento realizado durante 2025.
“Ninguno de ellos, de los que estaban adeudados, fueron refaccionados como correspondía”, planteó.
Una multa que, según el proyecto, ya superaría la inversión
Uno de los argumentos centrales de la iniciativa está vinculado con las penalidades previstas en el contrato.
El artículo 20 del Pliego General de Bases y Condiciones establece una multa diaria del dos por mil sobre el monto de inversión ofertado por cada día de atraso en el cumplimiento del Plan de Avance.
Según el cálculo incorporado al proyecto, si esa penalidad se computara desde el vencimiento de los plazos contractuales hasta la fecha de presentación, el monto “supera ampliamente” los $998 millones comprometidos originalmente por la adjudicataria.
Ribetti lo planteó en términos similares durante la sesión.
“Si usted computa el tiempo de atraso en el cumplimiento de todos los ítems que están sin resolver todavía y le aplica la multa prevista diaria que tenía el contrato, hoy esa multa ya excede el monto establecido por la empresa como propuesta para desarrollar esta obra”, sostuvo.
A partir de ese razonamiento, el concejal consideró que la sanción económica habría dejado de ser una herramienta suficiente para conseguir que la empresa complete las obligaciones pendientes.
Pedido de rescisión por el artículo 33
La propuesta concreta de Juntos por Carlos Paz es que el Ejecutivo utilice la cláusula prevista en el artículo 33 del Pliego General de Bases y Condiciones.
Según el proyecto, esa disposición faculta a la Municipalidad a rescindir el contrato ante incumplimientos reiterados del adjudicatario, sin derecho a indemnización y sin perjuicio de las penalidades o eventuales responsabilidades por daños.
“Desde todo punto de vista creemos que es necesario cortar con este vínculo contractual con esta empresa y, evidentemente, buscar otra vía”, manifestó Ribetti.
El artículo primero de la resolución propone formalmente instar al Ejecutivo a proceder a la rescisión del contrato con BRAVER S.A. “en virtud de los incumplimientos reiterados constatados en la ejecución de la obra e instalación del mobiliario urbano comprometido”.
“Estamos pidiendo que se ejecute ese artículo 33”, sintetizó el concejal.
También apuntó a los funcionarios
Ribetti no limitó sus críticas a la empresa adjudicataria.
Durante su exposición trasladó parte de la responsabilidad política a los funcionarios municipales encargados de controlar el cumplimiento del contrato.
“Ya no es solo la responsabilidad de la empresa en el cumplimiento, o en el incumplimiento en este caso, sino la responsabilidad manifiesta de los funcionarios que suscribieron ese contrato”, afirmó.
Y agregó: “Teniendo el artículo 33, que prevé la finalización de este contrato por estos incumplimientos, no están haciendo lo que tienen que hacer”.
Durante esta instancia no hubo una respuesta del Departamento Ejecutivo ni una intervención del oficialismo destinada a explicar por qué el vínculo contractual continúa vigente, qué incumplimientos reconoce la Municipalidad o cuál es el grado de avance oficial de las prestaciones comprometidas.
Un reclamo que comenzó en 2025
Ribetti recordó que el cuestionamiento al contrato no comenzó con este proyecto.
Según explicó, en septiembre de 2025 su espacio realizó un relevamiento sobre el estado de los refugios y presentó un pedido de informes para acceder a documentación vinculada con la concesión.
“Ya en septiembre del año pasado el incumplimiento era manifiesto”, recordó.
También sostuvo que no pudieron acceder a toda la información solicitada sobre el contrato.
El nuevo expediente retoma esos antecedentes y plantea que, casi un año después, persisten tanto los retrasos en las instalaciones como las falencias técnicas detectadas entonces.
Cuatro votos para debatir y siete para mandar a comisión
Ribetti pidió que el proyecto fuera tratado sobre tablas, lo que hubiera permitido discutir y votar inmediatamente el pedido de rescisión.
La moción obtuvo cuatro votos afirmativos: los de Ribetti, Pía Felpeto, Fernando Revello y Carlos Quaranta.
Los siete representantes de Carlos Paz Unido, con su negativa, forzaron el pase a comisión.
Formalmente, lo que no prosperó fue el tratamiento sobre tablas y no el proyecto en sí. Sin embargo, en la dinámica legislativa que viene sosteniendo la mayoría oficialista, la decisión volvió a postergar una definición sobre una iniciativa de la oposición.
El expediente quedó así en comisión sin que Carlos Paz Unido expusiera durante la sesión una respuesta sobre los incumplimientos denunciados, las penalidades previstas en el contrato o la posibilidad de aplicar la cláusula de rescisión.
La discusión permanece abierta en dos planos: por un lado, el estado concreto de los refugios y las prestaciones que siguen pendientes; por otro, la decisión del Ejecutivo de mantener vigente un contrato que, según Ribetti y el proyecto presentado, acumula incumplimientos suficientes para ponerle fin.
