La iniciativa impulsada por el Gobierno quedó aplazada hasta el 6 de agosto por falta de acuerdo. El principal conflicto gira alrededor de la eliminación de los límites nacionales para la compra de campos por parte de extranjeros.
El Senado resolvió este jueves pasar a un cuarto intermedio hasta el 6 de agosto y postergar el tratamiento del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que incluye una profunda modificación de la actual Ley de Tierras Rurales.
La decisión fue adoptada luego de que el oficialismo comprobara que no tenía asegurados los votos necesarios para obtener la media sanción. La moción de aplazamiento, presentada por la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, fue aprobada con 62 votos afirmativos, tres negativos y una abstención.
El debate de fondo, por lo tanto, no llegó a realizarse. El Gobierno y sus aliados tendrán ahora tres semanas para intentar alcanzar un acuerdo con los bloques dialoguistas, que plantearon diferencias especialmente sobre el régimen aplicable a las tierras rurales.
El expediente fue enviado por el Poder Ejecutivo Nacional y recibió dictamen de mayoría, con modificaciones, el pasado 20 de mayo en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General. También se presentaron dos dictámenes de minoría.
El punto más controvertido
Uno de los capítulos centrales propone eliminar el límite nacional que actualmente permite que hasta un 15% de las tierras rurales se encuentre en manos de personas físicas o jurídicas extranjeras.
El dictamen también suprime el tope de mil hectáreas por titular extranjero en la denominada zona núcleo y traslada a las provincias la facultad de establecer sus propias restricciones.
Ese cambio generó reparos entre representantes de distintas jurisdicciones. Parte de los senadores aliados reclamó precisar qué facultades tendrán las provincias y qué resguardos se mantendrán sobre territorios fronterizos, cursos de agua y otros recursos considerados estratégicos.
La Ley 26.737, sancionada en 2011, establece actualmente límites a la titularidad extranjera en los niveles nacional, provincial y municipal o departamental.
El Gobierno sostiene que la flexibilización facilitará la llegada de inversiones y que las provincias deben poder decidir sobre el régimen aplicable dentro de sus territorios. Los sectores críticos advierten, en cambio, sobre el riesgo de una mayor concentración y extranjerización de tierras con valor productivo, ambiental o estratégico.
Expropiaciones, desalojos y terrenos incendiados
La iniciativa es más amplia que la modificación de la Ley de Tierras. También introduce cambios en el régimen de expropiaciones, con mayores exigencias para declarar la utilidad pública y la obligación de pagar la indemnización antes de transferir el dominio.
Además, busca agilizar determinados procedimientos de desalojo y modifica restricciones contempladas en la Ley de Manejo del Fuego para impedir cambios de uso sobre terrenos afectados por incendios.
Los distintos capítulos fueron objeto de negociaciones y modificaciones desde que el proyecto ingresó al Senado. Las diferencias persistieron hasta horas antes de la sesión y llevaron al oficialismo a evitar una votación cuyo resultado no tenía garantizado.
En caso de que el Senado apruebe la iniciativa el 6 de agosto, el proyecto será enviado a la Cámara de Diputados para continuar su tratamiento.