El concejal de Juntos por Carlos Paz envió notas a Carmen Álvarez Rivero, Luis Juez y Alejandra Vigo antes del debate previsto para este jueves en el Senado. Advirtió sobre los posibles efectos de la iniciativa en el ordenamiento territorial, las zonas incendiadas y las expropiaciones del faldeo serrano.
El concejal Daniel Ribetti, de Juntos por Carlos Paz, envió una nota a los tres senadores nacionales por Córdoba antes del tratamiento de la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, previsto para este jueves 6 de agosto.
El edil se dirigió a Carmen Álvarez Rivero y Luis Juez, de La Libertad Avanza, y a Alejandra Vigo, de Provincias Unidas, para pedir que el texto preserve las atribuciones municipales en materia de ordenamiento territorial y las herramientas destinadas a proteger áreas de valor ambiental.
Ribetti aclaró que no cuestiona el derecho de propiedad, pero advirtió que una norma de alcance nacional podría generar consecuencias particulares en ciudades turísticas como Villa Carlos Paz.
También vinculó el debate con la situación del faldeo serrano y acusó al Gobierno municipal de no haber destinado correctamente los recursos cobrados durante años para avanzar con las expropiaciones.
—¿Por qué decidió comunicarse con los senadores nacionales por Córdoba?
—Porque el próximo 6 de agosto se debatirá una ley que puede tener efectos concretos sobre ciudades turísticas como Villa Carlos Paz. No estoy discutiendo el derecho de propiedad, que considero un derecho fundamental. Lo que planteo es que el Congreso debe contemplar las particularidades de municipios que, por razones hídricas y ambientales, tienen áreas donde el uso del suelo está limitado para proteger bienes que deberían ser de toda la comunidad y todavía no lo son.
Villa Carlos Paz tiene un modelo de ordenamiento territorial que protege el faldeo de las Sierras Chicas. Comenzó en 2007 y hoy podría decirse que es una política de Estado. Imagino que nadie en la ciudad quiere ver las montañas llenas de viviendas, aunque continúan apareciendo construcciones.
—¿Cuáles son los puntos del proyecto que podrían afectar a Villa Carlos Paz?
—Principalmente tres. El primero es que debe mantenerse la posibilidad de que los municipios regulen el uso del suelo cuando existan razones ambientales objetivas.
El segundo tiene que ver con los terrenos afectados por incendios forestales. Las restricciones para cambiar el uso del suelo cumplen una función preventiva muy importante, porque evitan que un incendio termine generando incentivos para desarrollos inmobiliarios en lugares donde antes no podían realizarse. Esa protección no debería debilitarse. Acá tuvimos incendios tremendos, incluso en la propia Área Protegida AP1.
El tercero está relacionado con las expropiaciones. Si la ley incorpora nuevos criterios indemnizatorios que incrementen significativamente los montos que debe pagar el Estado, muchos municipios tendrán enormes dificultades para adquirir tierras estratégicas destinadas a la preservación ambiental.
—Usted sostiene que el Municipio llega debilitado a esa discusión. ¿Por qué?
—Porque hay una realidad que no puede ignorarse. Desde hace años, los vecinos venimos pagando una tasa destinada a la expropiación del faldeo de la montaña.
Si esos recursos hubieran sido administrados para el destino por el cual fueron cobrados, hoy el Municipio tendría una posición mucho más sólida para avanzar en la adquisición de esos terrenos. Pero, como se fumaron esos fondos, ahora las expropiaciones van a resultar mucho más costosas.
—¿Las restricciones ambientales también pueden generar una situación injusta para los propietarios?
—Sí, y me parece importante decirlo. Muchas veces este debate se presenta como si hubiera que elegir entre proteger el ambiente o defender la propiedad privada. Yo no comparto esa lógica.
Si la comunidad considera que determinados terrenos cumplen una función ambiental estratégica y deben permanecer sin urbanizar, esa decisión puede ser absolutamente válida. Pero entonces corresponde que actuemos con seriedad desde el Estado.
No resulta razonable mantener durante años restricciones que limitan el aprovechamiento económico de una propiedad, cobrar una tasa específica para expropiar esos inmuebles y después no concretar las expropiaciones.
Si el interés público requiere preservar esas tierras para beneficio de toda la sociedad, también es justo que el propietario reciba la compensación que legalmente corresponda. Esa es precisamente la finalidad del instituto de la expropiación.
—¿Su posición es contraria a la ley que tratará el Senado?
—Mi planteo no es ideológico. Yo pienso en Villa Carlos Paz. Creo que es posible fortalecer el derecho de propiedad y, al mismo tiempo, preservar las herramientas que necesitan los municipios para proteger el ambiente y ordenar su territorio.
Lo que les pedí a los tres senadores nacionales fue que, durante el tratamiento, incorporen las salvaguardas necesarias para que una ley pensada con alcance nacional no termine generando efectos perjudiciales en ciudades como la nuestra.
—¿Qué modificaciones o garantías solicitó incorporar?
—Pedí que se garantice explícitamente el respeto por la autonomía municipal en materia de ordenamiento territorial; que se mantengan plenamente vigentes los presupuestos mínimos ambientales previstos por el artículo 41 de la Constitución Nacional; que continúen las restricciones al cambio de uso del suelo en zonas afectadas por incendios forestales; y que se preserven las herramientas jurídicas que permiten proteger áreas naturales estratégicas mediante expropiaciones cuando resulten necesarias.
Estoy convencido de que proteger el ambiente, respetar la propiedad privada y cuidar el desarrollo turístico de Villa Carlos Paz no son objetivos incompatibles.
El verdadero desafío es construir reglas equilibradas que den seguridad jurídica a todos y permitan pensar la ciudad también para las próximas generaciones.