El concejal de Carlos Paz Despierta denunció inconsistencias en los cálculos de la obra destinada a la futura sede de Seguridad Urbana. En uno de los ítems, la diferencia supera los $20 millones. Presentó un proyecto para que el Ejecutivo aclare las cifras y cuestionó los mecanismos de ampliación de los contratos de obra pública.
El concejal Daniel Ribetti, de Carlos Paz Despierta, presentó un proyecto de resolución para exigir explicaciones al Departamento Ejecutivo por una serie de inconsistencias aritméticas detectadas en el presupuesto de las obras que se ejecutarán en la antigua Oficina de Turismo de Villa Carlos Paz, donde funcionará la futura sede de Seguridad Urbana.
Las diferencias fueron identificadas por el equipo técnico del edil al revisar la documentación correspondiente al Decreto N.º 478/B/2026, referido a la obra denominada «SEG VCP – SAN MARTÍN».
El edificio, conocido históricamente como La Caminera por su pasado como dependencia policial, también albergó durante años las oficinas municipales de atención turística.
“Para los que tenemos algunos años en la ciudad, ese lugar es y será ‘La Caminera’. Yo mismo, cuando volvía de cursar en la COTAP, le pedía al chofer que me dejara ahí”, recordó Ribetti. Sin embargo, aclaró que, más allá del valor histórico del inmueble, su preocupación está centrada en los números del presupuesto.
Diferencias que superan los $20 millones
La principal inconsistencia señalada por el concejal aparece en el ítem 2.8.5, correspondiente a la realización de muros de 30 centímetros en arcos existentes.
La planilla contempla una superficie de 11 metros cuadrados y establece un precio unitario de $2.036.000, pero registra exactamente esa misma cifra como importe total.
La multiplicación de las cantidades consignadas arroja, en cambio, $22.396.000, es decir, una diferencia de $20.360.000 respecto del monto asentado en el documento.
Ribetti identificó otra discrepancia en el ítem 3.2.5, destinado a la ejecución de un entrepiso metálico. Allí se presupuestan 74 metros cuadrados a un precio unitario de $398.639,46, cuyo resultado es $29.499.320,04. Sin embargo, el importe total consignado es de $29.300.000, con una diferencia de $199.320,04.
El edil también advirtió que el subtotal de la planilla de ampliación, establecido en $82.246.060, no coincide con la suma de los importes individuales que la integran.
Estas inconsistencias llevaron a Ribetti a reclamar una revisión de la documentación presupuestaria y una explicación formal sobre el origen de las diferencias.
Cuestionamientos a las ampliaciones de obra
El concejal aprovechó el planteo para volver a cuestionar la modalidad de contratación y ejecución de obras públicas del Gobierno municipal.
Según indicó, la oferta presentada por la empresa ganadora del Concurso Privado de Precios, radicada en Malagueño, fue de $369.568.674. También señaló que el decreto cuestionado contempla trabajos por alrededor de $200 millones.
“Veremos si los vale cuando esté concluida, porque, como es costumbre del Ejecutivo, no hay un plano de obra que permita determinar si los valores son los adecuados”, sostuvo.
Ribetti consideró que las ampliaciones de obra y las redeterminaciones de precios terminan incrementando considerablemente los presupuestos iniciales.
“Acá el mecanismo es siempre el mismo: arranca con el valor de la oferta de la empresa y, periódicamente, se hacen ampliaciones de obra o redeterminaciones de precios que terminan forzando el presupuesto de manera impredecible”, cuestionó.
Como antecedentes de esa crítica mencionó las obras del UGEBIN de Colinas, el edificio de Licencias de Conducir y las refacciones del Hospital Gumersindo Sayago, donde, según afirmó, también se produjeron incrementos respecto de los valores originales.
Un pedido de explicaciones en diez días
El proyecto de resolución presentado por Ribetti solicita que el Ejecutivo remita, en un plazo de diez días hábiles, un informe técnico documentado que permita aclarar las diferencias detectadas y, de corresponder, rectificar los cálculos presupuestarios.
El concejal insistió en que se trata de inconsistencias que involucran recursos públicos y que requieren una respuesta precisa.
“No estamos hablando de errores de redacción, sino de inconsistencias aritméticas que involucran millones de pesos de los vecinos. Si el precio unitario de un muro es de dos millones y se hacen once, el total no puede ser de dos millones”, afirmó.
Y concluyó: “El Ejecutivo debe explicar si es un error de tipeo, si faltó cargar un ítem o si hay un problema de fondo en la licitación. La falta de transparencia en la obra pública no es un detalle menor porque se supone que esto pasó por muchas manos antes de ser firmado por el intendente”.