Los concejales Fernando Revello y Pía Felpeto manifestaron su disidencia ante la negativa de la Sala Acusadora a admitir la denuncia de juicio político contra Víctor Curvino.
En la reunión de la Sala Acusadora del Concejo de Representantes de este viernes, los concejales Fernando Revello y Pía Felpeto expresaron su rechazo a la decisión adoptada por la mayoría oficialista —integrada por Leonardo Villalobos, Sebastián Guruceta, Raquel Merlino y Marcela Bosch— de no admitir la denuncia de juicio político contra el actual defensor del Pueblo, Víctor Curvino. “La ciudadanía pedía respuestas, el Concejo eligió el silencio”, expresaron en un comunicado conjunto.
Ambos sostuvieron que el video de público conocimiento en el que aparece Curvino muestra conductas “ética y moralmente reprochables” que afectan la imagen institucional del organismo. El oficialismo argumentó que el hecho no estaría comprendido dentro de las causales del artículo 184 de la Carta Orgánica Municipal, dado que ocurrió antes de que Curvino asumiera el cargo.
Frente a esta postura, Revello y Felpeto señalaron que justamente por esa razón era necesario habilitar la investigación, para que peritos informáticos determinen la fecha exacta del video y así establecer si el hecho se encuadra o no en la normativa vigente.
Ambos concejales solicitaron que sus disidencias, acompañadas por escritos presentados durante la sesión, queden asentadas en actas y formen parte de los antecedentes del expediente.
Revello afirmó que “más allá de las opiniones personales, es necesario brindar claridad a la ciudadanía y asegurar un proceso de análisis riguroso de la evidencia antes de descartar la posibilidad de iniciar un proceso de responsabilidad política”. Consideró que dar lugar a la investigación “con el respectivo derecho legítimo de defensa del señor Curvino y estableciendo fehacientemente la fecha del video, dejaría a todos los ciudadanos con la tranquilidad de que los hechos fueron de tal manera y no dar lugar a especulaciones”.
Por su parte, Felpeto señaló que “la negativa a tratar las denuncias presentadas es un acto de encubrimiento político y una muestra alarmante de cómo el oficialismo se atrinchera para sostener privilegios a costa de la credibilidad institucional”. Afirmó que su deber como concejal “es ejercer un control real, no simbólico” y reafirmó su compromiso de impulsar “todas las acciones necesarias para que este hecho no quede impune ni silenciado bajo la alfombra del poder”.