El concejal de Carlos Paz Inteligente presentó nuevamente el proyecto que había impulsado en 2025 para suprimir de la Carta Orgánica las figuras del defensor y el adjunto. Consideró que la escasa participación en la última elección confirmó la falta de legitimidad del organismo y cuestionó que el Ejecutivo pretenda trasladar su designación al Concejo.
El concejal Carlos Quaranta, de Carlos Paz Inteligente, volvió a presentar este martes su proyecto para eliminar por completo la Defensoría del Pueblo de Villa Carlos Paz y ratificó así una posición que su espacio viene sosteniendo desde hace varios años.
La iniciativa propone una reforma parcial de la Carta Orgánica Municipal mediante la convocatoria a una Convención Constituyente específica, con el objetivo de suprimir el capítulo que regula las figuras del defensor del Pueblo y su adjunto.
El proyecto había sido presentado originalmente en julio de 2025, inmediatamente después de las últimas elecciones de la Defensoría, pero no fue tratado por el Concejo de Representantes y terminó perdiendo estado parlamentario.
“Ya habíamos presentado esta propuesta en julio de 2025, apenas finalizada la elección. No fue debatida en el Concejo y perdió estado parlamentario, por eso debemos presentarla nuevamente”, explicó Quaranta.
La nueva presentación aparece en medio del debate abierto después de que el intendente Esteban Avilés enviara al Concejo su propia propuesta para modificar el mecanismo de elección de las autoridades del organismo.
Quaranta rechaza tanto el esquema actual como la alternativa impulsada por el Departamento Ejecutivo. Su posición apunta directamente a la desaparición de la Defensoría.
El 17% de participación como argumento central
Uno de los principales fundamentos utilizados por el concejal es la escasa concurrencia registrada en las elecciones de 2025.
“El 83% de los vecinos no fue a votar. Es una interpelación concluyente: los vecinos no creen y no quieren esta institución”, afirmó.
Según los datos mencionados por Quaranta, solo alrededor del 17% del padrón habilitado participó de aquellos comicios.
Para el edil, ese nivel de abstención representa un cuestionamiento ciudadano a la propia existencia del organismo.
“Hay una decisión concluyente de la ciudadanía, que ha encontrado en la abstención una forma legítima de expresar su rechazo”, sostuvo.
Y agregó: “No podemos seguir avalando estructuras vacías, decorativas y carentes de legitimidad”.
Carlos Paz Inteligente ya había adoptado esa postura en 2021, cuando decidió no presentar candidatos para la elección de la Defensoría. La decisión se repitió en 2025.
“Hace años estamos convencidos y decidimos no participar porque es un modo de expresar con hechos lo que decimos. Entendimos que participar legitimaba la elección. Sentimos que el tiempo nos dio la razón”, manifestó Quaranta.
“Costosa, estéril y sin independencia”
El concejal también cuestionó el funcionamiento que tuvo el organismo.
“La Defensoría del Pueblo, lejos de cumplir el rol de defensa de los derechos y garantías de los vecinos y ejercer el control sobre el Gobierno municipal, solo se ha convertido en una estructura costosa, estéril, carente de autonomía e independencia”, afirmó.
En su argumentación, Quaranta puso especialmente el foco en el costo de funcionamiento.
Según sostuvo, el organismo demanda más de $600 millones anuales, recursos que, desde su perspectiva, deberían redireccionarse hacia otras necesidades de la ciudad.
“Los más de 600 millones anuales que insume este organismo deben destinarse a verdaderas necesidades de los vecinos”, planteó.
Rechazo a la propuesta de Avilés
Quaranta también cuestionó la reforma impulsada por el intendente para trasladar al Concejo de Representantes la elección de las autoridades de la Defensoría.
La propuesta de Avilés contempla que el defensor sea designado con una mayoría extraordinaria de diez votos sobre los doce integrantes del cuerpo, a partir de candidaturas formuladas por los bloques políticos.
Para Carlos Paz Inteligente, ese cambio no solucionaría los problemas de legitimidad e independencia que atribuye al organismo.
“Rechazamos la propuesta del Ejecutivo, que ahora, después de una defensa irrestricta de la institución y su mecanismo de selección, plantea elegir defensor y adjunto en el ámbito del Concejo”, expresó Quaranta.
El edil considera que, aun con una mayoría especial, el oficialismo conservaría una fuerte capacidad de incidencia sobre la definición.
“Tiene un objetivo claro de proponer e imponer su candidato como siempre, aplicando su mayoría, o impidiendo las propuestas de las minorías”, acusó.
Diferentes modelos para una misma institución
La presentación de Quaranta se suma a un debate que ya reúne distintas propuestas sobre el futuro de la Defensoría del Pueblo.
El esquema actualmente vigente establece la elección directa de sus autoridades mediante el voto de los vecinos.
Avilés propone eliminar ese mecanismo y trasladar la designación al Concejo de Representantes, con una mayoría de diez votos sobre doce, a propuesta de los diferentes bloques, además de modificar el régimen de remuneraciones.
El concejal Daniel Ribetti, de Juntos por Carlos Paz, también impulsa abandonar la elección popular, pero propone un sistema completamente diferente.
Su proyecto, presentado originalmente el 11 de febrero de 2025 y retomado durante el actual período legislativo, establece que el defensor del Pueblo sea designado por la fuerza política que haya terminado segunda en la elección municipal para intendente.
El defensor adjunto correspondería a la fuerza ubicada en el tercer lugar. Si esa tercera fuerza no lograra representación en el Concejo, también sería designado por el bloque que hubiera finalizado segundo.
Ribetti coincide con el Ejecutivo en modificar los artículos 173 y 176 de la Carta Orgánica y en reducir las remuneraciones de las autoridades del organismo, pero plantea un mecanismo destinado a colocar su conducción directamente en manos de las fuerzas opositoras surgidas de la elección municipal.
Una alternativa diferente fue planteada por el excandidato a defensor del Pueblo Santiago Juliá, quien propone conservar la elección directa, pero establecer condiciones mínimas de legitimidad: una participación de al menos el 55% del padrón y más del 50% de los votos válidos para la fórmula ganadora. Si esos requisitos no se cumplieran, el cargo quedaría vacante hasta el siguiente período electoral ordinario.
Quaranta, en cambio, plantea la alternativa más terminante: eliminar directamente de la Carta Orgánica las figuras del defensor del Pueblo y su adjunto.
De esta manera, la discusión que comenzó alrededor de la baja participación electoral terminó abriendo un debate mucho más profundo sobre el organismo: mantener el voto popular con mayores exigencias, entregar su conducción institucional a las fuerzas opositoras, establecer una elección por mayoría extraordinaria dentro del Concejo o directamente suprimirlo.
Con su nueva presentación, Quaranta ratificó que para Carlos Paz Inteligente el problema no está en encontrar un mecanismo distinto para elegir al próximo defensor, sino en determinar si Villa Carlos Paz debe continuar sosteniendo la institución.