El secretario de Trabajo sostuvo ante Diputados que el empleo autónomo es una alternativa formal y que la reforma laboral favorecerá la actividad económica. La oposición cuestionó la pérdida de puestos de trabajo, el deterioro salarial y el impacto del nuevo Fondo de Asistencia Laboral sobre la seguridad social.
El secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, Julio Cordero, defendió este miércoles 14 de octubre la política laboral del Gobierno de Javier Milei durante el debate del Presupuesto 2027 en la Cámara de Diputados. Frente a los cuestionamientos por la caída del empleo registrado, reivindicó el monotributo como herramienta de formalización, respaldó la reforma laboral y sostuvo que el equilibrio fiscal permitirá generar condiciones para la recuperación de la actividad económica y los salarios.
La exposición se desarrolló ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por el diputado libertario Bertie Benegas Lynch, en la segunda jornada de análisis del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo.
Cordero aseguró que la informalidad laboral constituye una de las principales preocupaciones de su gestión, aunque relativizó las estadísticas sobre pérdida de puestos asalariados y planteó que no todas las personas buscan incorporarse al mercado de trabajo bajo una relación de dependencia.
“El trabajo autónomo y monotributista es trabajo formal en la Argentina”, afirmó el funcionario, quien consideró necesario promover la inscripción de trabajadores independientes en el régimen simplificado.
En ese sentido, sostuvo que existen actividades y oficios que pueden desarrollarse por cuenta propia y que la registración permite acceder a cobertura de salud y aportes previsionales.
“Hay personas que no quieren trabajar en relación de dependencia, no todo el mundo quiere trabajar en relación de dependencia”, expresó durante el intercambio con los legisladores, al defender la posibilidad de que los trabajadores elijan distintas modalidades de inserción laboral.
Su planteo generó cuestionamientos opositores, especialmente por las diferencias entre el trabajo autónomo y el empleo asalariado, que cuenta con derechos específicos como vacaciones pagas, aguinaldo e indemnización por despido.
Las cifras laborales frente al discurso oficial
La defensa de la política de empleo se produjo en un contexto de retroceso del trabajo asalariado privado registrado.
Según los últimos datos publicados por la Secretaría de Trabajo, correspondientes a julio de 2026, la cantidad de asalariados registrados en empresas privadas se ubicó en aproximadamente 6,08 millones, con una disminución mensual del 0,2%.
El sector acumuló así 14 meses consecutivos de contracción, mientras que desde noviembre de 2023 la pérdida de puestos asalariados privados supera los 265.000.
Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la desocupación alcanzó el 7,9% durante el segundo trimestre de 2026, frente al 7,6% registrado en igual período del año anterior. La tasa de empleo se ubicó en el 45% de la población.
Los indicadores muestran un escenario laboral complejo, aunque corresponden a mediciones diferentes: el INDEC releva tanto empleo registrado como no registrado, mientras que los registros administrativos permiten seguir la evolución de las relaciones laborales formales.
Ante las críticas por estos resultados, Cordero sostuvo que el aumento de las personas que buscan trabajo también debe considerarse al analizar las estadísticas y defendió la importancia de impulsar nuevas actividades económicas.
La afirmación sobre 950.000 beneficiarios de Potenciar Trabajo
Otro de los puntos de la exposición fue la situación de las personas que anteriormente recibían asistencia del programa Potenciar Trabajo.
“Hemos incorporado al mundo del trabajo 950.000 personas que pertenecían al Plan Potenciar”, aseguró Cordero, según la comunicación oficial de la Cámara de Diputados.
El funcionario atribuyó ese resultado a la transformación del programa y a la creación de Volver al Trabajo, una iniciativa destinada a promover la capacitación y la inserción laboral.
Sin embargo, la cifra requiere una distinción importante. En la documentación oficial del Presupuesto 2026, el Gobierno había consignado precisamente 950.000 titulares activos de Volver al Trabajo, un indicador referido a personas incorporadas al programa y no necesariamente a trabajadores que hubieran conseguido un empleo registrado.
Durante la exposición no se difundió un desglose estadístico que permitiera comprobar cuántos de esos beneficiarios accedieron efectivamente a puestos de trabajo formales.
La reforma laboral y el Fondo de Asistencia Laboral
Cordero también defendió la Ley de Modernización Laboral, sancionada este año, y reclamó una mayor utilización de las herramientas previstas en la nueva legislación.
El funcionario sostuvo que la reforma busca reducir obstáculos para la contratación, facilitar la actividad de las pequeñas y medianas empresas y generar mayor previsibilidad en las relaciones laborales.
Uno de los instrumentos que destacó fue el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), cuya entrada en vigencia está prevista para el 1° de noviembre.
El mecanismo establece la constitución de fondos destinados a contribuir al pago de indemnizaciones y otras obligaciones vinculadas con la finalización de relaciones laborales.
Según la reglamentación, se financiará mediante contribuciones empresariales equivalentes al 1% de las remuneraciones en las grandes empresas y al 2,5% en las micro, pequeñas y medianas empresas, con las correspondientes modificaciones en el esquema de contribuciones patronales a la seguridad social.
Cordero sostuvo que el sistema permitirá afrontar obligaciones que muchas empresas actualmente tienen dificultades para pagar, especialmente cuando atraviesan situaciones económicas adversas.
También consideró que facilitará acuerdos de desvinculación y brindará mayor seguridad tanto a empleadores como a trabajadores.
La oposición, en cambio, cuestionó el impacto del mecanismo sobre el financiamiento de la seguridad social y reclamó explicaciones por la reducción de recursos prevista para esa finalidad en el proyecto presupuestario.
Las críticas por salarios, empleo y protección social
La exposición estuvo atravesada por intervenciones de legisladores de Unión por la Patria, entre ellos Agustín Rossi, Victoria Tolosa Paz, Julia Strada, Sergio Palazzo y Kelly Olmos, quienes cuestionaron distintos aspectos de la política laboral del Gobierno.
Las objeciones apuntaron especialmente a la pérdida de empleo asalariado, el cierre de empresas, la evolución de los ingresos y las consecuencias de la reforma laboral sobre los derechos de los trabajadores.
Desde el Frente de Izquierda, el diputado Juan Carlos Giordano cuestionó el rumbo oficial y afirmó que el país atraviesa una “motosierra laboral”.
Cordero respondió que el Gobierno busca promover aumentos salariales vinculados con la recuperación de la actividad y la capacidad de pago de las empresas.
“Queremos y fomentamos el incremento salarial genuino”, sostuvo, al tiempo que defendió la continuidad de las negociaciones paritarias y reconoció las dificultades que atraviesan los ingresos laborales.
El funcionario también insistió en que la reducción de costos y la estabilidad económica constituyen condiciones necesarias para favorecer nuevas contrataciones.
Durante el debate surgieron, además, controversias sobre las partidas destinadas a discapacidad. El diputado Esteban Paulón cuestionó las diferencias entre el articulado del Presupuesto y los recursos asignados, mientras que la legisladora oficialista Silvana Giudici aseguró que las planillas contemplan el financiamiento de las prestaciones correspondientes.
Cómo sigue el debate del Presupuesto 2027
La presentación de Cordero se produjo un día después de la exposición del secretario de Hacienda, Carlos Guberman, quien defendió las proyecciones económicas del Gobierno para el próximo año.
El proyecto de Presupuesto 2027 continúa en la Comisión de Presupuesto y Hacienda y todavía no cuenta con dictamen ni aprobación legislativa.
El cronograma prevé nuevas reuniones informativas, con la participación del secretario de Educación, Carlos Torrendell, el martes 20 de octubre, y avanzar hacia la firma de dictámenes durante la última semana del mes.
El oficialismo busca llevar la iniciativa al recinto en noviembre.
En ese escenario, la discusión sobre el empleo aparece como uno de los puntos centrales del debate presupuestario: mientras el Gobierno sostiene que la estabilidad fiscal y la reforma laboral permitirán recuperar la contratación privada, la oposición reclama respuestas frente a los indicadores de pérdida de puestos de trabajo y deterioro de los ingresos.