La Fiscalía de Delitos Complejos de Córdoba solicitó que los titulares de la agencia turística sean juzgados por presuntas estafas que habrían provocado un perjuicio superior a los 120 millones de pesos. Entre los afectados figuran el exintendente de Villa Carlos Paz y su hija, Pía, actual concejala. La investigación reúne denuncias de clientes que contrataron viajes al exterior.
La Justicia de Córdoba avanza hacia el juicio oral contra los responsables de En Ruta Viajes, una agencia turística investigada por presuntas estafas a decenas de clientes que contrataron paquetes vacacionales. La Fiscalía de Delitos Complejos solicitó la elevación a juicio de Dahyana Martínez y Gabriel Gianoglio, en una causa cuyo perjuicio económico superaría los 120 millones de pesos.
Entre las personas damnificadas se encuentran el exintendente de Villa Carlos Paz Carlos Felpeto y su hija, Pía Felpeto, actual concejala del bloque Juntos por Carlos Paz.
Según informó este viernes el portal Cba24n, la fiscal Valeria Rissi dio por concluida la investigación penal preparatoria y, mediante una resolución dictada el 16 de octubre, consideró reunidos los elementos necesarios para que las acusaciones sean examinadas en un debate oral y público.
El expediente reúne numerosas denuncias presentadas por clientes de distintas localidades cordobesas que habían contratado viajes a destinos como Miami, Punta Cana, Brasil y Europa.
Las actuaciones se encuentran organizadas en una causa principal con al menos una docena de anexos, que reflejan la cantidad de operaciones comerciales investigadas y los reclamos acumulados contra la empresa.
Cómo habrían funcionado las maniobras
La investigación judicial apunta a una modalidad de comercialización de paquetes turísticos que, según las denuncias, eran ofrecidos y cobrados sin que posteriormente se garantizaran los servicios contratados.
En marzo de este año, una investigación de Perfil Córdoba, retomada por el medio especializado Ladevi, había revelado que los responsables de En Ruta Viajes enfrentaban acusaciones por al menos 14 hechos que la Fiscalía examinaba como posibles estafas.
De acuerdo con aquella publicación, los clientes denunciaron pagos anticipados por viajes que no se concretaron, cancelaciones de último momento, reservas hoteleras que no habían sido abonadas y sucesivas reprogramaciones.
También se describieron situaciones en las que los damnificados recibían confirmaciones de servicios o comprobantes de reservas que posteriormente no se correspondían con contrataciones efectivas.
La hipótesis de la investigación es que los responsables de la agencia habrían ofrecido paquetes turísticos a sabiendas de que no serían prestados o no cumplirían las condiciones promocionadas.
El perjuicio económico atribuido a las operaciones investigadas supera los 120 millones de pesos, de acuerdo con las estimaciones difundidas en la cobertura judicial.
Los antecedentes de la causa
Martínez y Gianoglio estuvieron privados de su libertad durante la investigación, pero recuperaron la libertad bajo caución a fines de 2025.
Según detalló Ladevi, cada uno debió afrontar una caución de tres millones de pesos y cumplir determinadas reglas de conducta, entre ellas fijar domicilio, presentarse periódicamente ante la Fiscalía y no abandonar el país sin autorización judicial.
La publicación también señaló que se habían alcanzado acuerdos económicos con damnificados en al menos ocho de los hechos investigados y que la Justicia no había dispuesto una prohibición expresa para que los imputados continuaran desarrollando actividades comerciales vinculadas con el turismo.
En Ruta Viajes figuraba entonces como una agencia registrada desde 2015, con legajo 18.067.
En aquella oportunidad, Ladevi informó que había recibido una comunicación atribuida a los involucrados, en la que se cuestionaban las acusaciones y se sostenía que los conflictos comerciales habían sido resueltos mediante acuerdos. El medio aclaró que no había podido verificar fehacientemente la autoría de ese mensaje.
Pese a los acuerdos alcanzados y a la recuperación de la libertad de los acusados, la investigación penal continuó con la incorporación de pruebas y nuevas medidas hasta la resolución de octubre.
Con el pedido de elevación a juicio, la causa ingresa en una nueva instancia judicial, en la que deberán examinarse las acusaciones formuladas por la Fiscalía y las pruebas reunidas durante la investigación.
La presencia de Carlos y Pía Felpeto entre los damnificados incorpora una derivación local a una causa que involucra a numerosos clientes de toda la provincia y que ahora avanza hacia su definición en los tribunales cordobeses.