El Concejo de Representantes de Villa Carlos Paz recibió un pedido formal de juicio político contra el defensor del Pueblo, Víctor Curvino, a raíz del video viral que lo muestra conduciendo de noche con una copa en la mano. La presentación fue realizada por Marcelo Iriarte, ex candidato al cargo, quien solicitó que se evalúe la admisibilidad de la denuncia conforme al artículo 184 de la Carta Orgánica Municipal y al Código de Ética de la Función Pública.
“El hecho existió. Lo reconozco”, admitió Curvino en declaraciones a la prensa cuando estalló el escándalo, aunque aclaró que el episodio ocurrió en agosto de 2021.
“Yo no era funcionario en ese momento. No había asumido el cargo aún”, fue su penosa defensa.
En su escrito, Iriarte argumentó que el hecho “no se trata de una situación privada sin trascendencia institucional”, ya que el defensor “no es un vecino más, sino el titular de un órgano constitucional autónomo cuya misión es proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos frente a los abusos o desviaciones del poder público”.
El petitorio incluye el video como prueba central y reclama que se garantice “el debido proceso, la transparencia y la publicidad del trámite”, en caso de que se inicie el procedimiento. La denuncia fue recibida el miércoles 25 de junio, días antes de la elección en la que Curvino resultó reelecto con apenas el voto del 5% del padrón.
Trámite
Según lo establece la ordenanza 5031, una vez ingresada la denuncia, el Secretario Legislativo debe remitirla a la Presidencia del Concejo, que tiene un plazo de dos días para girarla al titular de la Sala Acusadora. Si se cumplieron los plazos legales, la presidenta del cuerpo, Alejandra Roldán, debió haber notificado al concejal Leonardo Villalobos (CPU), a más tardar el lunes 30 de junio.
Sin embargo, el Concejo entra en receso legislativo durante julio, por lo que no se contabilizan sus días como administrativos hábiles. Esto traslada la resolución para los primeros días de agosto, cuando la Sala Acusadora debería reunirse para resolver si admite o rechaza la denuncia. (Tras el cierre de la edición gráfica se convocó a la reunión para el lunes 4 de agosto).
Mayoría oficialista
La comisión encargada de analizar la denuncia tiene seis integrantes: cuatro pertenecen al bloque oficialista que responde al intendente Esteban Avilés (Villalobos, Guruceta, Merlino y Bosch) y dos a la oposición (Felpeto y Revello). Para admitir la denuncia, se necesita el voto afirmativo de dos tercios de sus miembros, es decir, al menos cuatro.
Con este esquema, el oficialismo tiene el número necesario para avalar o bloquear el inicio del juicio político y evitar que se avance con la investigación contra Curvino.
Vale recordar que la actitud del defensor del Pueblo exhibida en el bochornoso video generó un amplio repudio y rechazo de distintos sectores políticos y sociales, que se encolumnaron en pedidos de renuncia y juicio político, y hasta una denuncia penal.
Nota correspondiente a la edición n° 613 del periódico La Jornada, del 30 de julio de 2025.