La excandidata a defensora del Pueblo y referente de Carlos Paz Despierta, María Mancuello, explicó las razones del voto negativo de Daniel Ribetti al concurso aprobado por el Concejo. Reclamó transparencia desde el ingreso al Municipio, mayor valoración de la capacitación y garantías de independencia para los trabajadores.
La aprobación del nuevo concurso público de antecedentes para el ingreso a planta permanente de la Municipalidad de Villa Carlos Paz abrió un debate sobre los criterios de selección de personal, la valoración de la antigüedad y la transparencia en el acceso al empleo público.
María Mancuello, excandidata a defensora del Pueblo e integrante de Carlos Paz Despierta, salió a respaldar el voto negativo del concejal Daniel Ribetti, el único que se opuso a la iniciativa impulsada por el intendente Esteban Avilés, que fue aprobada con 11 votos favorables durante la sesión del pasado jueves.
A través de un pronunciamiento titulado “¿Empleo público o dependencia política? ¿Quién paga el costo?”, Mancuello profundizó las razones del rechazo y planteó que la discusión no debería limitarse al procedimiento para otorgar estabilidad laboral, sino avanzar hacia una revisión más amplia del sistema mediante el cual las personas acceden y desarrollan su carrera dentro de la administración municipal.
“Porque no alcanza con discutir cómo se llega a planta permanente si antes no nos preguntamos cómo se ingresó al Municipio, quién tuvo esa oportunidad y bajo qué criterios fue seleccionado”, sostuvo al explicar la posición adoptada por Ribetti.
“La transparencia no puede aparecer recién al final del recorrido”
Uno de los principales argumentos con los que Mancuello justificó el rechazo del concejal apunta a la ausencia de información sobre los mecanismos que permitieron el ingreso original de los trabajadores que ahora podrían acceder a la planta permanente.
Según señaló, la iniciativa aprobada tampoco especificaba cuántos agentes serían incorporados mediante el nuevo concurso.
La dirigente consideró que cualquier procedimiento destinado a otorgar estabilidad debería estar acompañado por garantías de igualdad de oportunidades desde el primer vínculo laboral con el Estado.
“¿Cómo fueron seleccionadas originalmente esas personas? ¿Mediante procedimientos abiertos y evaluaciones de idoneidad, o a través de decisiones discrecionales?”, preguntó.
Para Mancuello, la transparencia debe abarcar todas las etapas de la relación laboral y no limitarse al momento de acceder a la estabilidad.
“¿De qué sirve hablar de igualdad de oportunidades en el último escalón si no sabemos cómo se accedió al primero?”, planteó.
Desde esa perspectiva, cuestionó que la discusión legislativa se haya concentrado en el concurso sin profundizar en los criterios utilizados para incorporar personal contratado durante los años anteriores.
Cinco años de antigüedad, 30 puntos; un título universitario, seis
Otro de los aspectos centrales de su crítica está relacionado con el sistema de puntajes previsto para evaluar los antecedentes de los postulantes.
Mancuello señaló que en el concurso de 2024 se otorgaban cuatro puntos por cada año de antigüedad, mientras que en la nueva convocatoria ese valor se incrementó a seis puntos.
En cambio, según indicó, un título universitario continúa representando seis puntos y uno universitario con posgrado, siete.
La comparación permite dimensionar el cuestionamiento: cinco años de antigüedad representan 30 puntos, frente a los seis que se asignan a una carrera universitaria completa.
“¿Estamos valorando la capacidad, la preparación y el desempeño o estamos premiando, fundamentalmente, la permanencia dentro del sistema?”, interrogó Mancuello.
Su planteo apunta a discutir el peso relativo de la experiencia acumulada y la formación académica dentro de los mecanismos de evaluación, así como la necesidad de incorporar criterios que reconozcan las competencias y el desempeño de los trabajadores.
El riesgo de la dependencia política
La dirigente también introdujo una dimensión política vinculada con las condiciones en las que se desempeñan los empleados municipales contratados.
En particular, planteó interrogantes sobre la autonomía de quienes dependen de renovaciones periódicas para conservar su fuente laboral.
“¿Qué libertad real tiene un trabajador cuyo contrato depende de renovaciones periódicas? ¿Puede expresar sus ideas políticas, negarse a participar de una campaña electoral o apoyar a otro partido sin temor por su continuidad laboral?”, preguntó.
Mancuello sostuvo que el sistema de empleo público debería ofrecer garantías suficientes para que las decisiones laborales no puedan convertirse en mecanismos de condicionamiento político.
A su entender, la estabilidad, la idoneidad y la independencia de los trabajadores deben formar parte de una misma discusión sobre el funcionamiento del Estado.
“Los recursos públicos deben sostener servicios para la comunidad, no convertirse en instrumentos de dependencia política”, afirmó.
Capacitación y nuevas competencias
Otro de los ejes de su pronunciamiento estuvo relacionado con la formación continua de los empleados municipales.
Mancuello advirtió que la digitalización y la incorporación de herramientas de inteligencia artificial están transformando las exigencias laborales, por lo que consideró necesario fortalecer las oportunidades de capacitación y actualización profesional dentro de la administración pública.
“Mientras el mundo exige nuevas competencias, ¿qué oportunidades concretas de capacitación y profesionalización estamos ofreciendo a nuestros empleados municipales?”, planteó.
En esa línea, cuestionó que la carrera administrativa pueda quedar excesivamente asociada a la acumulación de antigüedad, sin una inversión equivalente en formación y mejora de las capacidades laborales.
Para la referente de Carlos Paz Despierta, una política de empleo público debería permitir que los trabajadores crezcan profesionalmente, mejoren su desempeño y amplíen sus posibilidades laborales tanto dentro como fuera del Municipio.
“Una persona preparada puede crecer dentro del Municipio, buscar otro empleo o emprender. Tiene más posibilidades de elegir su futuro. Y cuanto mayor es esa libertad, menor es su dependencia de quien ocupa circunstancialmente el poder”, expresó.
“El empleo público debe servir a Villa Carlos Paz”
En el tramo final de su análisis, Mancuello vinculó la defensa de los derechos laborales con la obligación municipal de administrar eficientemente los recursos aportados por los contribuyentes.
Sostuvo que defender a los empleados implica garantizar estabilidad, capacitación, dignidad y libertad política, mientras que defender a los vecinos exige asegurar que el gasto en personal se traduzca en mejores servicios públicos.
“La pregunta no es solamente quién consigue ingresar a planta permanente. La pregunta es qué sistema de empleo público estamos construyendo y a quién termina beneficiando”, resumió.
Desde Carlos Paz Despierta planteó la necesidad de establecer reglas transparentes desde el primer ingreso, sostener programas de capacitación permanente y desarrollar mecanismos de evaluación que contemplen de manera equilibrada la experiencia, la preparación y el desempeño.
“El empleo público debe servir a Villa Carlos Paz, no a la permanencia de ningún partido en el poder”, concluyó Mancuello.