La medida fue publicada en el Boletín Oficial mediante la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte. El Gobierno nacional aclaró que el derecho a la gratuidad sigue vigente, pero eliminó el régimen de compensaciones económicas que cubría parcialmente a las empresas por los boletos sin costo otorgados a personas con discapacidad, trasplantadas o en lista de espera y niños, niñas y adolescentes con cáncer.
El Gobierno nacional dejó sin efecto el régimen de compensaciones económicas destinado a empresas de transporte automotor interjurisdiccional por los pasajes gratuitos otorgados a sectores en situación de vulnerabilidad.
La decisión fue publicada este martes en el Boletín Oficial a través de la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte de la Nación, que deroga el esquema mediante el cual el Estado cubría parcialmente el costo de esos boletos.
La medida alcanza a los servicios de colectivos de larga distancia de carácter interjurisdiccional y refiere a pasajes sin cargo destinados a personas con discapacidad, personas trasplantadas o en lista de espera y niños, niñas y adolescentes con cáncer, siempre luego de realizar los trámites correspondientes.
Hasta ahora, ese régimen permitía que las empresas recibieran una compensación económica por los pasajes otorgados gratuitamente a quienes integran esos grupos. Con la nueva resolución, esa asistencia estatal queda eliminada.
El derecho sigue vigente, pero sin compensación nacional
En el texto oficial, el Gobierno aclara que la decisión “no afecta el contenido esencial del derecho a la gratuidad” y sostiene que ese beneficio continúa “plenamente vigente y exigible”.
Esto significa que las personas alcanzadas por la normativa podrán seguir solicitando los pasajes gratuitos. La diferencia central es que el Estado nacional ya no intervendrá con compensaciones económicas a las empresas por esos boletos.
La resolución también remarca que las compañías pueden “determinar libremente recorridos, horarios, precios, modalidades y duración de los servicios”, y considera que el esquema de ayuda estatal resulta “innecesario”.
La medida abre ahora interrogantes sobre cómo se garantizará en la práctica el acceso efectivo a los pasajes gratuitos, especialmente para personas que dependen de esos traslados para tratamientos médicos, controles, estudios o gestiones vinculadas a su salud.
