El Concejo de Representantes aprobó el jueves 9 de octubre una ordenanza que suspende por 12 meses la aprobación de edificios de viviendas colectivas, oficinas y usos mixtos en el Área Central de Villa Carlos Paz y en los corredores urbanos principales. La medida, impulsada por el intendente Esteban Avilés, obtuvo el apoyo del bloque oficialista y renueva —de forma acotada— el freno iniciado en 2023 con la Ordenanza 7001, que ya había sido prorrogado en 2024 y extendido transitoriamente en 2025 por medio de otra ordenanza.
La suspensión se circunscribe en este caso a zonas de mayor densidad urbana definidas en el Código de Edificación y Urbanismo, a diferencia de etapas previas donde el alcance había sido casi total. La ordenanza exceptúa edificios destinados a alojamiento turístico formalizado y servicios institucionales, educativos y de salud, siempre que no incorporen viviendas.
“Frenar la especulación y planificar antes de lamentar”
La concejala Marcela Bosch (Carlos Paz Unido) fundamentó el proyecto señalando que la ciudad atraviesa “un modelo de desarrollo que tiende hacia la especulación inmobiliaria y a la vivienda ociosa por sobre el arraigo y la vida cotidiana”. Sostuvo que este freno es una oportunidad para “ordenar y pensar qué ciudad queremos”, advirtiendo que el microcentro “no puede seguir creciendo sin límites” y que en algunos sectores “más del 50% de las viviendas están vacías”.
Bosch planteó que la decisión surge de los diagnósticos del Consejo de Planificación Urbano Ambiental (CEPUA) y defendió el principio rector: “planificar antes de construir, evaluar antes de autorizar y proteger antes de lamentar”. Según su visión, la medida permitirá evitar presión sobre servicios insuficientes y orientar un desarrollo más equilibrado.
“Improvisación y falta de planificación”
En la vereda opuesta, el concejal Daniel Ribetti (Juntos por Carlos Paz) rechazó la iniciativa al considerar que “durante 26 meses se prohibió construir en el 95% de la ciudad, y ahora resulta que sí se puede. Eso no es planificación”. Afirmó que la gestión municipal tuvo una década para resolver problemas estructurales vinculados al agua, el saneamiento y el transporte, sin avances concretos ni consenso para actualizar el Código de Edificación.
También alertó sobre el efecto económico del freno al asegurar que “la construcción es el segundo motor económico de la ciudad después del turismo, y este freno lo golpea directamente. No veo planificación, veo improvisación”.
Merlino defendió el rumbo urbanístico: “la construcción sigue activa”
La concejala Raquel Merlino (Carlos Paz Unido) respondió que la medida no implica un freno general y que la actividad continúa con niveles importantes. Citó cifras oficiales de superficie aprobada en los últimos años —54.000 m² en 2022; 63.000 m² en 2023; 50.000 m² en 2024 pese a la prohibición parcial— y una proyección para 2025 cercana a los 60.000 m². Señaló que el objetivo es priorizar el uso social del suelo: “el gobierno trabaja por una ciudad sostenible; los que ponen escollos son otros”.
Próximos pasos
El proyecto fue aprobado con siete votos del oficialismo y sin acompañamiento de las minorías. De esta forma, el municipio denegará nuevas solicitudes de construcción en la zona afectada por un año, mientras avanza en estudios técnicos y normativos orientados a definir parámetros permanentes para la densificación, los servicios urbanos y el uso del suelo.
Al definir su alcance, la ordenanza precisa que se considera vivienda colectiva a las construcciones que agrupan más de seis unidades por lote, en edificaciones aisladas o en bloques compartidos con circulación común.
Un debate que continuará
El oficialismo sostiene que la medida protege la identidad urbana y evita la presión especulativa sobre el centro. La oposición advierte que los sucesivos frenos revelan la ausencia de una planificación sostenida. Mientras tanto, el futuro del desarrollo inmobiliario en el corazón de la ciudad quedará sujeto a un nuevo ciclo de estudios, replanteos y negociaciones políticas.
Nota correspondiente a la edición n° 616 del periódico La Jornada, del 29 de octubre de 2025.
