Los referentes de Juntos por Carlos Paz cuestionaron la reiteración de moratorias y aumentos de tasas, apuntaron contra las prioridades del gasto municipal y reclamaron previsibilidad tributaria. Aunque acompañaron el último plan de pagos, lo definieron como una consecuencia de una administración que consideran ineficiente. Gispert llevó el planteo al terreno electoral: “Hay que sacar al Gobierno”.
La nueva moratoria municipal fue el punto de partida, pero la conferencia de prensa que brindaron este miércoles Gustavo Molina, Pía Felpeto y Walter Gispert terminó convirtiéndose en una fuerte ofensiva política contra la administración de Esteban Avilés, con críticas al gasto, los aumentos de tasas, la caída de la recaudación y las prioridades que, según plantearon, mantiene el Municipio al momento de administrar sus recursos.
Los tres dirigentes de Juntos por Carlos Paz coincidieron en una lectura: la necesidad de recurrir nuevamente a una moratoria no sería, para ellos, una muestra de alivio fiscal sino el síntoma de un problema más profundo en las cuentas municipales.
“Entendemos que dicha herramienta es un despropósito. Es una herramienta de corte populista”, afirmó Molina, quien sostuvo que el Ejecutivo debería “dejar de aumentar impuestos y ajustar el gasto”.
El vocal del Tribunal de Cuentas vinculó la caída de la recaudación con la presión tributaria y cuestionó que la respuesta municipal vuelva a ser una herramienta para estimular el ingreso de recursos.
“Se utilizan estas herramientas para activar la recaudación y, si a eso le sumamos el último aumento de tasas, estamos en serios problemas”, planteó.
Felpeto habló de “demagogia fiscal”
Felpeto profundizó esa línea y cuestionó específicamente que la moratoria sea presentada como una política de alivio luego de los sucesivos incrementos tributarios.
“Presentar la moratoria como una medida de alivio es realmente hacer demagogia fiscal, porque si cada tres meses le estamos aumentando las tasas a los vecinos, los estamos sofocando con impuestos”, afirmó.
La concejala reclamó mayor previsibilidad y puso el foco en la reiteración de este tipo de medidas.
Recordó que el año pasado ya se había implementado una moratoria con una quita del 70% sobre intereses y que el nuevo régimen elevó ese beneficio hasta el 90% en determinados casos.
“Es una herramienta de tipo excepcional, pero la vienen aplicando una y otra vez”, cuestionó.
La particularidad es que el bloque acompañó la aprobación del último plan de pagos. Felpeto explicó que lo hicieron porque consideran necesario ofrecer una salida a quienes actualmente no pueden ponerse al día, aunque sostuvo que también debe contemplarse la situación de los contribuyentes cumplidores.
“Tenemos que defender al ciudadano que cumple a principio de año y que, de repente, a mitad o a fin de año se encuentra con estas moratorias que benefician a quienes no han cumplido con las obligaciones tributarias”, señaló.
Molina puso la lupa sobre el gasto
Uno de los tramos más fuertes de la conferencia apareció cuando Molina cuestionó las prioridades de pago del Municipio.
El tribuno afirmó que COTRECO, a cargo de la recolección de residuos, y la empresa Carcor, vinculada al transporte urbano, reciben en conjunto alrededor de $1.000 millones mensuales y aseguró que el Municipio mantiene con esas compañías una dinámica de pagos muy diferente a la que aplica con otros proveedores.
“Hay dos empresas con las cuales son sumamente eficientes y puntillosos al momento de ejercer los pagos”, sostuvo.
Según Molina, mientras esos expedientes tendrían una rápida resolución (“entra el expediente y al otro día están cobrando”), otros proveedores —entre ellos empresas locales— deben atravesar procesos que pueden extenderse aproximadamente 60 días.
También estimó que los salarios representan cerca del 60% del gasto municipal y utilizó esos números para insistir en que el problema debe buscarse antes en la estructura de erogaciones que en la necesidad de incrementar los ingresos.
“Es momento de ajustar, de ser más eficiente en el gasto, en vez de estar dando moratorias e impulsando aumentos de tasas”, afirmó.
Gispert llevó la discusión directamente a 2027
Gispert fue quien imprimió el tono político más duro y vinculó la gestión municipal de Avilés con la administración provincial de Martín Llaryora.
“Avilés es como Llaryora: utilizan herramientas del Estado con un viso electoral”, afirmó el legislador, quien acusó a ambos gobiernos de administrar ineficientemente los recursos públicos.
También sostuvo que Avilés “hace dos años que no hace nada” y que ahora avanzó sobre la avenida Cárcano “con los dineros de su aliado Llaryora”.
Gispert retomó además la discusión por los mecanismos de actualización de las tasas municipales y recordó su presentación judicial para cuestionarlos por no respetar el procedimiento establecido por la Carta Orgánica. En ese punto volvió a plantear que, según sus cálculos, la evolución de los recursos que el Municipio obtiene de los contribuyentes se ubicó por encima de la inflación.
Pero su intervención terminó dejando explícito que el cuestionamiento excede ampliamente la discusión tributaria.
Ante una pregunta de La Jornada sobre qué herramientas quedan frente a los aumentos después de los planteos realizados en el Concejo y la vía judicial, Gispert respondió sin rodeos:
“Hay que sacar al Gobierno. No hay otra alternativa”.
Y agregó: “Hay que sacar a Llaryora, hay que sacar a Avilés y a aquellos que se dicen opositores” pero terminan, según su interpretación, acompañando a los oficialismos.
La definición terminó de ubicar la conferencia en un escenario que ya tiene a 2027 como telón de fondo.
La moratoria, los aumentos y la recaudación fueron los temas formales de la convocatoria. Pero el mensaje político que dejaron Molina, Felpeto y Gispert fue más amplio: sostienen que la situación fiscal es consecuencia de un modelo de administración que necesita aumentar tasas y generar planes extraordinarios de regularización para sostener sus ingresos, y plantean que la alternativa pasa tanto por reducir el gasto como por producir un cambio político en Villa Carlos Paz.