El Gobierno modificó su propuesta original ante las dificultades para conseguir los votos y ahora plantea suspender las primarias por un año. El nuevo borrador incluye listas colectoras, Ficha Limpia y cambios en el financiamiento de las campañas y los debates presidenciales. El oficialismo intentará avanzar este martes con el dictamen.
El Gobierno de Javier Milei aceleró las negociaciones para modificar las reglas electorales de cara a las presidenciales de 2027 y puso en circulación un nuevo borrador de reforma que contempla suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), en lugar de eliminarlas definitivamente como pretendía la Casa Rosada.
La propuesta comenzó a tomar forma ante las dificultades del oficialismo para reunir los apoyos parlamentarios y será uno de los ejes de la reunión que la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado celebrará este martes 17 de noviembre, a las 15.
La Libertad Avanza pretende conseguir un dictamen que permita llevar el proyecto al recinto el jueves 26 de noviembre, aunque todavía existen diferencias con los bloques aliados y no están garantizados los votos necesarios para aprobarlo.
El nuevo texto, de 20 artículos, introduce modificaciones que van más allá de las primarias. Entre ellas aparecen un mecanismo de listas colectoras, restricciones para las candidaturas de personas condenadas por determinados delitos, cambios en el financiamiento político y la eliminación de la obligatoriedad de los debates presidenciales.
Las PASO quedarían suspendidas solo durante 2027
El principal cambio respecto de la iniciativa original es el alcance de la modificación al sistema de primarias.
En abril, el Poder Ejecutivo había enviado al Congreso un proyecto que proponía eliminar definitivamente las PASO. Ahora, el borrador que circula entre los legisladores establece su suspensión únicamente para las elecciones nacionales de 2027.
De aprobarse, los partidos y las alianzas deberían seleccionar sus candidatos presidenciales y legislativos mediante los mecanismos establecidos en sus cartas orgánicas y reglamentos internos, sin recurrir a una primaria nacional obligatoria.
El sistema de PASO continuaría vigente en la legislación y podría volver a utilizarse en elecciones posteriores, salvo que el Congreso disponga otra modificación.
La decisión tendría consecuencias directas sobre las estrategias de las principales fuerzas políticas. Por un lado, permitiría al oficialismo resolver sus candidaturas sin una competencia interna abierta. Por otro, obligaría al peronismo y a sus distintas corrientes a definir sus postulaciones mediante acuerdos o procedimientos partidarios propios.
La suspensión constituye una concesión del Gobierno frente a los sectores políticos que se resisten a eliminar permanentemente las primarias, pero que podrían aceptar una excepción para los próximos comicios.
Las colectoras, una herramienta para negociar con los gobernadores
Una de las novedades más relevantes del borrador es la incorporación de un sistema de listas colectoras o adhesiones electorales, que permitiría que una misma fórmula presidencial sea acompañada por distintas listas de candidatos al Congreso.
La modalidad propuesta habilitaría, por ejemplo, que La Libertad Avanza presente una fórmula presidencial y una lista propia de legisladores, mientras otra fuerza política del mismo distrito pueda acompañar a esa fórmula con sus propios candidatos a diputados o senadores.
En la Boleta Única de Papel, la candidatura presidencial aparecería en dos columnas contiguas, asociada a las respectivas listas legislativas. El mecanismo requeriría acuerdos formales entre las agrupaciones y tendría un límite de dos columnas por distrito.
La propuesta responde principalmente a los intereses de gobernadores y dirigentes provinciales que buscan conservar su identidad electoral y sus candidatos al Congreso, sin quedar obligados a integrar una lista única con el oficialismo nacional.
Entre los sectores involucrados en esas conversaciones aparecen dirigentes vinculados con los gobiernos de Mendoza, Corrientes y otras provincias que mantienen canales de negociación con la Casa Rosada.
Sin embargo, las colectoras también generan controversias.
El dirigente Gerardo Milman, cercano a la senadora Patricia Bullrich, cuestionó su constitucionalidad para la elección de senadores nacionales, al advertir que podrían entrar en conflicto con el sistema de representación de mayorías y minorías establecido por la Constitución.
El borrador dispone que los votos de las distintas listas legislativas se computen por separado, un aspecto que abrió interrogantes sobre su incidencia en la distribución de bancas.
Ante esos cuestionamientos, el oficialismo analiza posibles modificaciones al mecanismo durante el debate parlamentario.
Ficha Limpia y cambios en las campañas
La reforma también incorpora una nueva versión de Ficha Limpia, que impediría acceder a candidaturas nacionales a personas condenadas por delitos dolosos cuando la sentencia haya sido confirmada en segunda instancia.
Según el texto conocido este lunes, para que la restricción se aplique en una elección, la confirmación judicial debería haberse producido antes del 31 de diciembre del año anterior.
La iniciativa contempla además la creación de un registro público bajo la órbita de la Cámara Nacional Electoral y extiende determinadas restricciones a la designación de funcionarios en la administración pública.
Otros capítulos proponen modificaciones al sistema de financiamiento de los partidos y las campañas, con una mayor participación de aportes privados, cambios en las condiciones para realizar publicidad electoral y nuevas herramientas digitales para la afiliación partidaria.
También se plantean requisitos adicionales para presentar candidaturas, entre ellos la acreditación de avales ciudadanos.
Otra modificación relevante es la eliminación de la obligatoriedad de los debates presidenciales, establecida actualmente por ley. El borrador permitiría que la Cámara Nacional Electoral organice un debate entre los candidatos que lleguen a una segunda vuelta, pero sin imponer su realización.
Asimismo, contempla cambios en la selección de los representantes argentinos ante el Parlamento del Mercosur.
Los votos que le faltan al oficialismo
La estrategia parlamentaria del Gobierno depende de las negociaciones que encabeza el jefe de Gabinete, Diego Santilli, con gobernadores y dirigentes de bloques aliados.
La Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por el senador libertario Agustín Coto, tiene 19 integrantes. Para conseguir un dictamen de mayoría, el oficialismo necesita reunir diez firmas y depende del acompañamiento de legisladores radicales y de fuerzas provinciales.
La situación tampoco está resuelta en el recinto, donde se requieren 37 votos para aprobar una reforma de la legislación electoral.
Desde la Casa Rosada transmiten optimismo sobre las posibilidades de alcanzar esa mayoría, pero distintos sectores parlamentarios advierten que los acuerdos todavía no están cerrados.
El PRO, cuyo bloque en el Senado preside Martín Goerling, manifestó reparos frente a la incorporación de colectoras y reclamó conocer el texto definitivo antes de comprometer su respaldo.
Dentro de la Unión Cívica Radical tampoco existe una postura uniforme. Mientras algunos dirigentes analizan aceptar una suspensión excepcional, otros prefieren conservar las primarias o transformarlas en optativas.
En contrapartida, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, respaldó este lunes la eliminación de las PASO y sostuvo que sería incoherente oponerse a una modificación similar a la que impulsó en su provincia. También reclamó que la discusión se resuelva antes del comienzo del año electoral.
El peronismo, por su parte, mantiene su rechazo a la suspensión de las primarias, mientras otros bloques provinciales esperan definiciones de sus gobernadores antes de fijar posición.
Las negociaciones también exponen diferencias dentro del propio oficialismo, especialmente en torno al armado de alianzas y al alcance de las concesiones que la Casa Rosada está dispuesta a realizar.
Con ese escenario, la reunión de este martes aparece como una primera prueba para la estrategia electoral de Milei. El Gobierno busca llegar a 2027 con nuevas reglas para definir candidaturas y construir alianzas, pero antes deberá transformar las conversaciones políticas en votos concretos dentro del Congreso.
