El Presidente anunció una nueva estrategia frente al avance petrolero en el Atlántico Sur y este viernes oficializó dos decretos. La oposición cuestionó el giro político del mandatario pero mostró matices frente a las medidas, mientras que el Reino Unido rechazó de plano su planteo y ratificó su posición sobre las islas.
El presidente Javier Milei colocó nuevamente a la cuestión Malvinas en el centro de la política exterior argentina con un mensaje por cadena nacional en el que endureció el tono frente al Reino Unido, anunció medidas contra las empresas vinculadas con la explotación petrolera en el Atlántico Sur y prometió reforzar la presencia argentina en la región.
Parte de esos anuncios tuvo una primera traducción concreta este viernes, con la publicación de los decretos 867/2026 y 868/2026 en el Boletín Oficial. Otra parte, en cambio, todavía deberá pasar por el Congreso: el Gobierno prevé enviar la próxima semana un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que ampliaría las sanciones vigentes y crearía un Consejo de Seguridad Nacional.
El movimiento abrió además una nueva tensión con Londres. El Gobierno británico respondió pocas horas después del discurso y reafirmó que su posición sobre las islas es “absoluta e inquebrantable”.
Malvinas, petróleo y un cambio de tono
En un mensaje de unos 15 minutos desde la Casa Rosada, Milei sostuvo que “Las Malvinas son argentinas, por historia y por derecho” y rechazó expresamente que los habitantes de las islas puedan invocar el principio de autodeterminación para definir su estatus político.
El Presidente afirmó que la Argentina enfrenta ahora un peligro concreto por el avance del proyecto petrolero Sea Lion, operado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration al norte de las islas.
Según Milei, permitir el desarrollo de ese yacimiento no solamente implicaría la explotación de recursos naturales que la Argentina considera propios, sino que además contribuiría a consolidar la presencia británica en el archipiélago.
El proyecto Sea Lion ya tomó decisión final de inversión y se encuentra en etapa de desarrollo. De acuerdo con la información de las propias empresas, las tareas de perforación están previstas para comenzar a principios de 2027, mientras que el inicio de la producción comercial de petróleo está proyectado para marzo de 2028.
Ese cronograma introduce una precisión frente al discurso presidencial: Milei habló de una amenaza que adquiriría capacidad material en “pocos meses”, aunque la extracción propiamente dicha está prevista, según las compañías, para 2028.
Qué cambia con el decreto de sanciones
Una de las medidas centrales quedó plasmada en el Decreto 868/2026.
El punto clave es que las sanciones contra empresas que operen sin autorización argentina en la plataforma continental no son nuevas. Están contempladas desde hace años en la Ley 26.659, sancionada en 2011 y endurecida posteriormente en 2013.
La legislación vigente ya permite inhabilitar durante períodos de cinco a veinte años a personas o empresas involucradas en actividades hidrocarburíferas no autorizadas por la Argentina y contempla además fuertes multas y sanciones penales.
Lo que hizo ahora el Gobierno fue modificar el mecanismo para agilizar su aplicación.
El decreto designó al Ministerio de Relaciones Exteriores como autoridad de aplicación y estableció que los organismos nacionales deberán comunicar en un plazo de cinco días cualquier actividad que pueda infringir la ley.
Una vez iniciado un procedimiento, el presunto infractor dispondrá de diez días hábiles para presentar su descargo y, posteriormente, Cancillería deberá resolver el expediente dentro de otro plazo de diez días.
También se incorporaron nuevos filtros para impedir que compañías vinculadas con operaciones hidrocarburíferas no autorizadas en Malvinas puedan acceder a beneficios o autorizaciones dentro de la Argentina.
Entre ellos, quienes soliciten ingresar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) deberán declarar que cumplen y continuarán cumpliendo con la Ley 26.659. Una exigencia similar alcanzará a quienes pretendan obtener permisos, concesiones o habilitaciones hidrocarburíferas en el país.
La Base Naval Integrada y el segundo decreto
El otro instrumento publicado este viernes es el Decreto de Necesidad y Urgencia 867/2026, que modifica el Presupuesto Nacional.
La norma contiene una adecuación presupuestaria más amplia y contempla, entre otros puntos, mayores recursos para el área de Defensa destinados a fortalecer las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas.
Milei vinculó expresamente ese incremento con dos objetivos: avanzar prioritariamente con la Base Naval Integrada de Ushuaia y reforzar las capacidades argentinas de telecomunicaciones.
El proyecto de la base, sin embargo, no nació con esta administración.
Su construcción comenzó formalmente en 2022, durante el gobierno de Alberto Fernández, con el objetivo de convertir a Ushuaia en un gran centro logístico para la actividad argentina en el Atlántico Sur y la Antártida. Los trabajos avanzaron de manera parcial y atravesaron posteriormente un período de fuerte demora.
Milei prometió ahora reimpulsar esa infraestructura y aseguró que permitirá convertir a la Argentina en un polo logístico central para el Atlántico Sur.
Lo que todavía debe pasar por el Congreso
El tercer componente de la estrategia presidencial todavía no está vigente.
El Gobierno prepara un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que según lo anunciado será enviado al Congreso la próxima semana.
La iniciativa buscará modificar nuevamente la Ley 26.659 para ampliar y endurecer las sanciones contra empresas involucradas en operaciones no autorizadas en Malvinas.
La intención oficial es extender las consecuencias también a proveedores, impedir que los infractores puedan contratar dentro de la Argentina tanto con el Estado como con privados y habilitar, cuando corresponda, mecanismos de juicio en ausencia.
El proyecto también pretende llevar el régimen más allá de los hidrocarburos para alcanzar otras actividades que puedan afectar recursos naturales en las islas.
A la vez, creará un Consejo de Seguridad Nacional, con participación coordinada de Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía, y establecerá un esquema de protección de infraestructura crítica y de los espacios marítimo y aeroespacial.
Será allí donde comenzará probablemente la discusión más compleja con la oposición, ya que el contenido definitivo del proyecto y las facultades que recibiría ese nuevo organismo todavía deberán ser conocidos y debatidos por el Congreso.
El factor Trump detrás del nuevo escenario
Milei inscribió las medidas dentro de lo que definió como “vientos de cambio” en el escenario internacional.
La referencia estuvo dirigida fundamentalmente al presidente estadounidense Donald Trump, quien el lunes afirmó que Washington está revisando su posición respecto de las Malvinas.
Trump no anunció, sin embargo, un cambio de política ni expresó formalmente un respaldo a la posición argentina. Ante una consulta sobre la soberanía de las islas, señaló simplemente que revisa todas las posiciones y que esta era una de ellas.
Estados Unidos ha evitado en términos generales tomar partido sobre la cuestión de soberanía desde la guerra de 1982. Por eso, cualquier modificación efectiva de esa postura tendría un peso diplomático considerable.
Milei presentó las declaraciones de Trump como una consecuencia del alineamiento estratégico construido entre Buenos Aires y Washington y consideró que podrían abrir una oportunidad inédita para el reclamo argentino.
La oposición: apoyo a Malvinas, cuestionamientos a Milei
El pedido presidencial de construir un “frente unido ante el mundo” no evitó las críticas opositoras.
Sin embargo, las primeras reacciones dejaron una diferencia importante: los cuestionamientos estuvieron dirigidos principalmente al recorrido político de Milei, a la oportunidad del anuncio y a algunas herramientas propuestas, y no al reclamo argentino de soberanía.
El excanciller Santiago Cafiero sostuvo que el Presidente terminó retomando instrumentos desarrollados durante gobiernos anteriores y recordó que tanto las sanciones previstas en la Ley 26.659 como el proyecto de la Base Naval Integrada ya existían.
El también excanciller Jorge Taiana cuestionó lo que describió como tres años de “desmalvinización” y afirmó que varias de las medidas llegan después de decisiones del propio Gobierno que, según su interpretación, habían debilitado la política argentina sobre las islas.
Desde el gobierno bonaerense, Carlos Bianco acusó a Milei de actuar con oportunismo y recordó sus anteriores elogios a la ex primera ministra británica Margaret Thatcher.
También Victoria Tolosa Paz, Malena Galmarini, Myriam Bregman y Nicolás del Caño cuestionaron el cambio de discurso y plantearon que el Gobierno intenta utilizar electoralmente una causa que atraviesa al conjunto de la sociedad argentina.
Hubo, no obstante, posiciones más matizadas.
El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, destacó el “cambio de posición” del Gobierno nacional y respaldó la construcción de una estrategia común sobre Malvinas, pero reclamó que los anuncios se traduzcan en presupuesto, plazos concretos y participación efectiva de la provincia.
Melella remarcó además que no puede existir una política nacional sobre las islas sin Tierra del Fuego, jurisdicción que constitucionalmente las incluye dentro de su territorio.
Londres respondió con dureza
La reacción británica fue mucho menos matizada.
El ministro de Defensa del Reino Unido, Wes Streeting, sostuvo que el compromiso británico con las islas es “absoluto e inquebrantable” y atribuyó el mensaje de Milei principalmente a la política interna argentina.
El canciller británico Ed Miliband reafirmó la misma línea: Londres sostiene que las islas continuarán siendo británicas mientras esa sea la voluntad de sus habitantes y fundamenta su posición en el principio de autodeterminación.
Ese argumento choca directamente con uno de los puntos más categóricos del discurso de Milei, quien afirmó que los isleños constituyen una población implantada y, por esa razón, no pueden invocar legítimamente ese principio para resolver la disputa de soberanía.
También hubo consecuencias inmediatas en el terreno económico: las acciones de Rockhopper Exploration, una de las compañías involucradas en Sea Lion, cayeron en Londres después de las amenazas de sanciones formuladas desde Buenos Aires.
El Gobierno británico, no obstante, no dio señales de modificar su posición ni el desarrollo del proyecto petrolero.
La propia Rockhopper sostiene que las licencias otorgadas por la administración de las islas son válidas y que, por el momento, las decisiones argentinas no alteran el cronograma de Sea Lion.
Con los dos decretos ya publicados y una ley todavía pendiente de ingreso al Congreso, el nuevo capítulo de la cuestión Malvinas queda así abierto en tres frentes simultáneos: la disputa por los recursos del Atlántico Sur, la discusión política interna sobre el giro de Milei y una renovada tensión diplomática con el Reino Unido.