El Gobierno presentó este martes una solicitud de medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, después de que venciera la intimación enviada al Reino Unido el 28 de septiembre. Busca impedir que avance la explotación hidrocarburífera en la Cuenca Malvinas Norte mientras continúa el arbitraje iniciado bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
Argentina dio este martes un nuevo paso en la escalada jurídica y diplomática por la explotación petrolera alrededor de las Islas Malvinas y presentó ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar una solicitud de medidas provisionales para intentar frenar las actividades autorizadas por el Reino Unido en la Cuenca Malvinas Norte.
La presentación fue confirmada por la Oficina del Presidente y se produce después del vencimiento del plazo de dos semanas que el Gobierno argentino había fijado el 28 de septiembre para que Londres adoptara medidas destinadas a impedir el inicio o la continuidad de las actividades hidrocarburíferas vinculadas con el proyecto Sea Lion.
El planteo busca que el tribunal adopte medidas transitorias mientras se constituye el tribunal arbitral previsto en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), procedimiento que Argentina inició a fines de septiembre contra el Reino Unido.
Hasta el momento, el tribunal no resolvió el pedido.
La presentación argentina tampoco implica que Sea Lion haya quedado suspendido: se trata de una solicitud que deberá ser analizada antes de que pueda producir algún efecto obligatorio.
Qué busca Argentina
Según el comunicado oficial, la solicitud apunta a “impedir la explotación de hidrocarburos por el Reino Unido en la plataforma continental de la Cuenca Malvinas Norte” y a preservar los derechos que Argentina reivindica sobre su plataforma continental.
El Gobierno sostiene además que la continuidad de las actividades autorizadas unilateralmente por Londres podría agravar la controversia y generar efectos difíciles de revertir sobre recursos naturales no renovables.
La presentación fue formulada bajo el artículo 290, inciso 5, de la CONVEMAR.
Ese mecanismo permite que, mientras todavía no está constituido el tribunal arbitral que entenderá en el fondo del litigio, una de las partes solicite al Tribunal Internacional del Derecho del Mar medidas urgentes para preservar sus derechos o prevenir daños graves al medio marino.
Para concederlas, el Tribunal debe considerar, entre otras cuestiones, que el tribunal arbitral que se constituirá podría tener jurisdicción sobre la controversia y que existe una situación de urgencia que justifica intervenir antes de que ese órgano quede conformado.
Argentina ya utilizó este procedimiento en 2012, cuando acudió al mismo tribunal en el caso de la Fragata ARA Libertad contra Ghana.
Qué todavía no está resuelto
El comunicado difundido este martes informa el objetivo general del planteo, pero hasta las últimas horas el Tribunal Internacional del Derecho del Mar todavía no había publicado en su registro público el expediente completo ni el detalle integral de las medidas solicitadas por Argentina.
Por eso, todavía no corresponde afirmar que Londres haya recibido una orden de detener Sea Lion ni que se hayan suspendido licencias o contratos.
El próximo paso será que el tribunal procese formalmente la solicitud, dé intervención al Reino Unido y establezca el procedimiento para analizar el pedido argentino.
Recién después podrá decidir si concede todas, algunas o ninguna de las medidas provisionales solicitadas.
El arbitraje principal bajo el Anexo VII continuará por separado y tendrá que analizar cuestiones de jurisdicción y de fondo.
El punto jurídico que Londres discute
La controversia tiene una dificultad adicional.
Argentina plantea el caso dentro del régimen de la CONVEMAR y sostiene que tanto Buenos Aires como Londres aceptaron procedimientos obligatorios de solución de controversias al ratificar la Convención.
El Reino Unido, en cambio, viene sosteniendo que la disputa de soberanía sobre las islas no puede ser resuelta mediante ese mecanismo y defiende el derecho de los habitantes de Malvinas a decidir su futuro político y económico.
Ese desacuerdo será central.
La disputa histórica por la soberanía sobre las Islas Malvinas y la discusión sobre los derechos y obligaciones marítimos bajo la CONVEMAR están relacionadas políticamente, pero no son jurídicamente idénticas.
La Asamblea General de Naciones Unidas reconoce desde 1965 la existencia de una disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido y ha instado a ambos gobiernos a negociar una solución pacífica.
Argentina invoca además la Resolución 31/49 de la ONU, que pidió a las partes abstenerse de adoptar decisiones unilaterales que modifiquen la situación mientras continúe pendiente la controversia.
Qué es Sea Lion y por qué se volvió decisivo
Sea Lion es un proyecto petrolero offshore ubicado al norte de las Islas Malvinas.
Actualmente es operado por Navitas Petroleum, que posee un 65% de participación, mientras Rockhopper Exploration conserva el 35% restante.
Las empresas adoptaron en diciembre de 2025 la Decisión Final de Inversión para la primera fase del desarrollo.
El proyecto prevé una inversión de alrededor de US$2.100 millones hasta completar la primera etapa, con una producción inicial estimada en unos 50.000 barriles diarios y el comienzo de extracción comercial previsto para 2028.
La primera fase apunta a recuperar unos 170 millones de barriles.
Para Argentina, las licencias otorgadas por las autoridades de las islas carecen de validez porque fueron concedidas sin autorización del Gobierno nacional en un área cuya soberanía considera propia.
Las empresas y el Reino Unido rechazan esa posición.
Rockhopper y Navitas han señalado anteriormente que no esperan que las acciones legales argentinas impidan el avance del proyecto.
La escalada comenzó antes de la presentación de este martes
El Gobierno argentino endureció durante los últimos meses su estrategia contra Sea Lion.
Cancillería envió protestas diplomáticas, intimó a empresas y proveedores y abrió procedimientos administrativos contra compañías vinculadas con la actividad hidrocarburífera.
En septiembre informó que había enviado cerca de 180 advertencias a personas y empresas de 30 países y había iniciado 60 procedimientos administrativos.
El 28 de septiembre, Javier Milei instruyó formalmente a Cancillería a iniciar el arbitraje bajo la CONVEMAR y dio al Reino Unido dos semanas para impedir la continuidad de las operaciones.
Ese plazo venció sin que Londres modificara su posición y desembocó ahora en la solicitud de medidas provisionales.
Otro frente: las causas penales y el pedido británico a Interpol
En paralelo al litigio internacional, existe una causa judicial argentina que investiga a responsables de Rockhopper y Navitas por las actividades hidrocarburíferas que Argentina considera ilegales.
El juez federal Julián Ercolini, a pedido del fiscal Carlos Stornelli, solicitó información societaria a autoridades británicas e israelíes para identificar directivos y representantes de ambas compañías y eventualmente citarlos a declaración indagatoria.
La investigación abrió otro foco de tensión este martes.
Según información publicada en el Reino Unido, el Gobierno británico envió una comunicación a la sede de Interpol en Lyon para pedir que rechace eventuales solicitudes argentinas de captura contra personas vinculadas con Sea Lion por considerarlas de naturaleza política.
Londres invoca el artículo 3 de la Constitución de Interpol, que prohíbe a la organización intervenir en asuntos de carácter político, militar, religioso o racial.
Hasta este martes no había confirmación pública de Interpol de que hubiera aprobado una notificación roja contra los directivos investigados.
Tampoco debe confundirse ese frente con la presentación ante el Tribunal del Mar: uno corresponde a actuaciones penales de la Justicia argentina contra personas y empresas; el otro es una controversia internacional entre Argentina y el Reino Unido.
Una disputa que entra en una nueva etapa
El paso dado este martes eleva por primera vez el conflicto por Sea Lion a una instancia jurisdiccional internacional urgente.
El resultado todavía está abierto.
El Tribunal del Mar deberá determinar si corresponde intervenir antes de que se constituya el arbitraje y si existen las condiciones jurídicas y de urgencia necesarias para ordenar alguna medida provisional.
Una decisión favorable a Argentina podría obligar al Reino Unido a adoptar restricciones temporales sobre el desarrollo mientras continúa el litigio.
Un rechazo, en cambio, permitiría que el proyecto siga avanzando sin esa limitación judicial, aunque el arbitraje de fondo continuaría.
Por ahora, la única certeza es que el conflicto dejó atrás la etapa de advertencias diplomáticas: Argentina activó formalmente la vía judicial internacional con el objetivo de detener un proyecto que ya cuenta con inversión comprometida, contratos en marcha y una fecha prevista para comenzar a producir petróleo en 2028.