Con 42 votos a favor, 28 en contra y 2 abstenciones, la Cámara alta ratificó los cambios introducidos en Diputados y sancionó la norma. El oficialismo celebró el resultado tras aceptar la eliminación del artículo sobre licencias médicas, mientras la CGT y bloques opositores anticiparon judicialización y nuevas medidas de protesta.
El Senado aprobó y convirtió en ley la reforma laboral impulsada por el Gobierno, al ratificar el texto que había regresado desde la Cámara de Diputados con modificaciones puntuales. La votación final fue de 42 votos afirmativos, 28 negativos y 2 abstenciones, un resultado que le permitió al oficialismo cerrar el trámite parlamentario de una iniciativa que venía generando fuerte resistencia sindical y un debate político sostenido.
La sanción definitiva llegó después de una negociación de último momento para destrabar el tratamiento: el oficialismo aceptó eliminar el artículo vinculado al régimen de licencias médicas, que había concentrado cuestionamientos de sectores aliados y de la oposición dialoguista. Con ese cambio, el Gobierno terminó de asegurar los respaldos para convertir el proyecto en ley.
En el recinto, la reforma fue defendida como una “modernización” destinada a reducir costos, facilitar la contratación y disminuir la litigiosidad. Del otro lado, los bloques que votaron en contra advirtieron que el paquete implica una pérdida de protección para los trabajadores y un retroceso en el equilibrio de fuerzas de la negociación colectiva, además de anticipar planteos judiciales sobre la constitucionalidad de algunos artículos.
Aunque el detalle completo de la implementación quedará sujeto a reglamentación, el texto aprobado incluye cambios sobre reglas de contratación y desvinculación, modificaciones en el funcionamiento de los convenios y un marco actualizado para conflictos laborales. También se discutieron disposiciones sobre la prestación mínima de servicios en actividades consideradas esenciales, uno de los puntos que la CGT y otros sectores gremiales señalaron como una restricción al derecho de huelga.
La sanción se dio en un contexto de alta tensión social: la CGT había convocado a un paro general para el día del debate y, tras la aprobación final, sostuvo que evaluará los próximos pasos. En el plano político, el Gobierno celebró el resultado como un hito de su agenda económica, mientras la oposición anticipó que la disputa seguirá tanto en tribunales como en la calle.
Con el trámite legislativo concluido, el próximo paso formal será la promulgación y publicación, instancia a partir de la cual comenzarán a correr los plazos para la aplicación de los cambios previstos.
