“En los primeros días del mes de setiembre presenté un proyecto de ordenanza concerniente a la instalación de videocámaras en la vía pública o espacios públicos de la ciudad dado que el artículo Nº 59 de la Carta Orgánica especifica que el municipio es el responsable de planificar y ejecutar políticas destinadas a promover la seguridad y protección de los habitantes. Los últimos acontecimientos de orden público en cuanto a la inseguridad instalada en Villa Carlos Paz hace necesario tomar medidas urgentes en cuanto a la actuación que debe tomar el municipio para contribuir en la prevención de contravenciones y delito y teniendo en cuenta que la Ley Provincial Nº 9380 y su Decreto Reglamentario Nº 1159/07 no prohíbe en ninguno de sus artículos en forma taxativa la prohibición del uso de videocámaras en la vía publica operadas por municipios”, expresó en un comunicado. Y advirtió: “El referido proyecto todavía no fue tratado en la comisión de Seguridad del Concejo de Representantes demostrando que el gobierno municipal de CPU no tiene la intención de implementarlas excusándose en cuestiones legales inexistentes y queda demostrado en la implementación del uso de cámaras de seguridad en municipios a los que solo les bastó la decisión política de hacerlo”.
La referencia es para “los gobiernos de Tanti y La Falda, en donde sus intendentes Azar y Ardhu ya las han puesto en uso”.
No vamos a explayarnos sobre qué pasa con las cuentas específicas ya creadas y que luego con sus ingresos son usados para gastos generales y no para los fines específicos.
Desde la banca de concejal de la UCR quiero felicitar la decisión política de los municipios de Tanti y La Falda que a través de sus presupuestos pueden desarrollar políticas de seguridad pública”, finalizó Lenci.
Nota correspondiente a la edición n° 389 del semanario La Jornada, del 18 de octubre de 2015.