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La UCA puso en duda la baja de la pobreza: con una medición alternativa llegaría al 42,4%

Un estudio del Observatorio de la Deuda Social Argentina sostiene que la mejora respecto de 2023 sería considerablemente menor a la registrada por las estadísticas oficiales. Los investigadores señalan problemas en la comparación de ingresos y en la actualización de las canastas básicas, aunque reconocen una recuperación desde el máximo de pobreza de 2024.


La Universidad Católica Argentina (UCA) puso en discusión la magnitud de la reducción de la pobreza registrada durante el gobierno de Javier Milei. Un nuevo informe de su Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) sostiene que, al introducir ajustes en la medición de los ingresos familiares y actualizar los gastos considerados básicos, el indicador podría alcanzar el 42,4% de la población, considerablemente por encima de la estimación construida con la metodología oficial.

El trabajo, difundido este lunes y elaborado por los investigadores Agustín Salvia y Alejo Giannecchini, analiza la evolución de la pobreza y la indigencia entre 2018 y 2026. Su principal conclusión es que la fuerte reducción reflejada en las estadísticas del INDEC pierde buena parte de su magnitud cuando se utilizan procedimientos alternativos que buscan mejorar la comparación entre distintos períodos.

La diferencia resulta especialmente significativa al observar los segundos trimestres de 2023 y 2026.

Al aplicar el procedimiento oficial a los datos trimestrales, la pobreza pasó del 41,3% al 34,4%, una disminución de 6,9 puntos porcentuales. Sin embargo, con la primera metodología alternativa elaborada por la UCA, el indicador prácticamente no cambió: descendió del 37,7% al 37,5%.

Con una segunda alternativa, que utiliza un criterio más exigente para calcular el costo de vida, la pobreza habría aumentado del 40,8% al 42,4%, es decir, 1,6 puntos porcentuales.

Los investigadores aclaran que estos ejercicios no pretenden reemplazar las estadísticas oficiales ni establecer una única cifra verdadera de pobreza. Su objetivo es determinar cuánto varían los resultados cuando se modifican los criterios utilizados para registrar los ingresos y calcular el costo de los consumos esenciales.

El problema de cómo se registran los ingresos

El primer cuestionamiento del ODSA se concentra en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), el relevamiento que utiliza el INDEC para conocer los ingresos de la población y determinar cuántas personas se encuentran por debajo de las líneas de pobreza e indigencia.

Según los investigadores, durante 2024 y 2025 se produjo una mejora excepcional en la capacidad de la encuesta para registrar los ingresos que reciben las familias.

Para identificar ese fenómeno, compararon la información de la EPH con registros administrativos del sistema previsional, datos de ANSES y el Índice de Salarios.

El análisis encontró que, hasta 2023, los ingresos declarados en la encuesta representaban una proporción relativamente menor de los que surgían de esas otras fuentes. Esa diferencia se redujo considerablemente durante los dos años siguientes.

El problema es que una mejora en el registro estadístico de los ingresos no necesariamente significa que las familias hayan experimentado un aumento equivalente de su poder adquisitivo.

Si una encuesta comienza a captar recursos que antes no registraba completamente, una parte de la reducción de la pobreza puede explicarse por ese cambio y no exclusivamente por una mejora de las condiciones económicas.

Salvia sostuvo que las modificaciones en el cuestionario y los procedimientos de la EPH afectan la consistencia de las comparaciones históricas, especialmente entre los períodos anteriores y posteriores a 2024.

Para evaluar ese efecto, el ODSA reconstruyó una serie con criterios homogéneos de captación de ingresos, tomando como referencia los resultados observados hacia fines de 2025.

Una canasta basada en hábitos de consumo de hace dos décadas

El segundo cuestionamiento apunta a la Canasta Básica Total (CBT), que establece el nivel de ingresos que necesita una familia para no ser considerada pobre.

La metodología vigente del INDEC utiliza patrones de consumo derivados de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares de 2004 y 2005.

Aunque los valores monetarios de la canasta se actualizan periódicamente para reflejar la evolución de los precios, la estructura utilizada para distribuir el peso de los distintos gastos responde a hábitos de consumo de hace más de veinte años.

Para la UCA, esa referencia perdió representatividad frente a los cambios que experimentaron los presupuestos familiares, especialmente por el aumento del peso de las tarifas de electricidad, gas, transporte, comunicaciones y otros servicios.

Esta diferencia adquirió particular importancia desde 2024, cuando la reducción de subsidios y los aumentos tarifarios modificaron considerablemente la relación entre los precios de los alimentos y los servicios.

Los investigadores reconstruyeron la canasta utilizando información de la encuesta de gastos de 2017 y 2018, con dos criterios diferentes.

La primera alternativa, denominada V1, utiliza una estructura austera de consumos no alimentarios. La segunda, V2, toma como referencia hogares con una capacidad de consumo comparable a la utilizada históricamente para elaborar la canasta oficial, pero incorpora patrones de gasto más recientes.

Las diferencias son importantes.

En septiembre de 2026, una familia tipo de cuatro integrantes del Gran Buenos Aires necesitaba $1.632.505 mensuales para superar la línea oficial de pobreza.

Con la primera canasta alternativa, ese umbral ascendía a $1.911.876, un 17% más. Con la segunda, alcanzaba $2.073.930, un 27% por encima del valor oficial.

Esto significa que una familia cuyos ingresos resultan suficientes para superar la línea de pobreza del INDEC podría seguir siendo considerada pobre bajo alguna de las metodologías alternativas.

La pobreza bajó desde 2024, pero menos de lo que muestran las cifras oficiales

El informe también reconoce un aspecto central: todas las metodologías registran una disminución de la pobreza respecto del momento más crítico de 2024, cuando la fuerte aceleración inflacionaria y la pérdida de poder adquisitivo provocaron un deterioro de las condiciones sociales.

La diferencia aparece al calcular la magnitud de esa recuperación.

Entre los segundos trimestres de 2024 y 2026, la metodología oficial muestra una reducción de 16,6 puntos porcentuales, desde el 51% hasta el 34,4%.

En cambio, con la primera alternativa de la UCA, la disminución alcanza los 10 puntos porcentuales, mientras que con la segunda se reduce a 8,6 puntos.

De esta manera, el Observatorio reconoce que existió una recuperación posterior al período de mayor crisis, vinculada con la desaceleración de la inflación, la recomposición parcial de los ingresos y determinadas transferencias sociales.

Sin embargo, sostiene que esa mejora no habría sido tan pronunciada como sugieren las estadísticas oficiales.

El estudio también identifica un cambio de tendencia durante el último año. Entre los segundos trimestres de 2025 y 2026, la pobreza aumentó en las tres series analizadas.

Con el procedimiento oficial pasó del 31,8% al 34,4%; con la primera alternativa, del 35,3% al 37,5%; y con la segunda, del 39,5% al 42,4%.

La indigencia también muestra diferencias

Las objeciones metodológicas se extienden a la evolución de la indigencia, que comprende a quienes no cuentan con ingresos suficientes para adquirir una canasta básica de alimentos.

Entre los segundos trimestres de 2023 y 2026, el procedimiento oficial registra una reducción del 9,9% al 8%, equivalente a 1,9 puntos porcentuales.

Al corregir las diferencias en la captación de ingresos, el cálculo alternativo del ODSA muestra una disminución mucho más limitada: del 7,4% al 7,1%.

Los investigadores también encontraron que durante 2026 se produjo un incremento de la indigencia respecto de los niveles registrados hacia fines del año anterior.

Qué significa la diferencia con el INDEC

El último dato semestral publicado por el INDEC ubicó la pobreza en el 32,3% durante la primera mitad de 2026, mientras que la indigencia alcanzó al 7,5%.

Esas cifras corresponden al promedio del semestre y no deben confundirse con el 34,4% del segundo trimestre que surge de aplicar el procedimiento oficial a los datos trimestrales utilizados en el estudio de la UCA.

Tampoco el 42,4% constituye una nueva medición oficial. Es el resultado de un ejercicio alternativo que modifica los criterios de comparación de ingresos y la composición de la canasta básica.

La investigación no demuestra una manipulación deliberada de las estadísticas, sino que plantea interrogantes sobre su comparabilidad a lo largo del tiempo y sobre la capacidad de las canastas vigentes para reflejar el presupuesto actual de los hogares.

Para el ODSA, estas diferencias son relevantes porque condicionan la evaluación de los resultados sociales de las políticas económicas.

Una reducción de la pobreza puede reflejar mejoras reales en los ingresos y la capacidad de consumo, pero también estar influida por los instrumentos estadísticos utilizados para medirla.

Por eso, los investigadores proponen actualizar los patrones de consumo, mejorar la consistencia de los registros de ingresos y complementar las mediciones monetarias con indicadores de privaciones materiales.

El diagnóstico final del Observatorio reconoce la recuperación registrada después de la crisis de 2024, pero advierte que la pobreza estructural continúa afectando a una proporción muy elevada de la población argentina y que, con criterios alternativos de medición, el país podría encontrarse en una situación similar o incluso peor que la existente antes del cambio de gobierno de 2023.

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