Una jueza hizo lugar a una cautelar del gremio Sevina y frenó los efectos del decreto firmado por el presidente Milei
La jueza en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo Federal de San Martín, Martina Forns, ordenó suspender por seis meses cualquier acto administrativo derivado del decreto 461/2025, que dispuso la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad.
La medida fue dictada en respuesta a una presentación del gremio Sevina y apunta a preservar el statu quo hasta que se resuelva el planteo de fondo sobre la validez del decreto. En este sentido, Forns aclaró que aún no se pronuncia sobre la nulidad o inconstitucionalidad de la norma, ya que eso requiere “un estudio más complejo, con amplio debate y prueba”.
Mientras dure la suspensión, el Gobierno no podrá avanzar con reubicaciones, cesantías, pases a disponibilidad ni con la eliminación de estructuras vinculadas a Vialidad Nacional.
Entre sus fundamentos, la jueza sostuvo que tanto la Constitución como convenios de la OIT con jerarquía constitucional (en particular los N.º 87, 98 y 151) impiden que el Estado, en su doble rol de empleador y regulador, modifique unilateralmente condiciones laborales vigentes por norma colectiva.
La reacción oficial no tardó en llegar: el vocero presidencial Manuel Adorni confirmó este lunes que el Gobierno apelará la decisión judicial. “Vamos a defender lo que entendemos necesario para terminar con los focos de corrupción en la obra pública”, afirmó en redes sociales.
El decreto cuestionado había sido anunciado la semana pasada como parte del plan de ajuste del gobierno de Javier Milei. Incluye también la eliminación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial. Según el Ejecutivo, sus funciones serán absorbidas por la Secretaría de Transporte y una nueva Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos del Transporte.
Vialidad Nacional, creada en 1932, es el organismo técnico responsable de la planificación, construcción y mantenimiento de la red vial del país. Su labor resulta estratégica para garantizar la conectividad territorial y el desarrollo productivo.
