El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi hizo lugar al pedido del fiscal Eduardo Taiano y consideró que los hechos investigados no configuraban los delitos denunciados. La resolución alcanza también a empresarios e intermediarios vinculados con el lanzamiento de la criptomoneda. Los inversores apartados como querellantes mantienen recursos pendientes ante Casación.
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi sobreseyó este viernes 23 de octubre al presidente Javier Milei, a su hermana Karina Milei y a otras nueve personas investigadas en la causa $LIBRA, iniciada a partir de la promoción presidencial de una criptomoneda cuyo valor se disparó y posteriormente se desplomó, con importantes pérdidas para numerosos inversores.
La resolución fue dictada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 8, a pedido del fiscal Eduardo Taiano, quien había solicitado cerrar la investigación por considerar que las pruebas reunidas no permitían acreditar los delitos denunciados.
En un fallo de 60 páginas, Martínez de Giorgi concluyó que los hechos examinados no encuadraban en las figuras penales investigadas, entre ellas estafa, tráfico de influencias, abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas.
La decisión también benefició a Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Morales, Hayden Mark Davis, Chyi Haur Peh —conocido como Julian Peh—, María Alicia Rafaele, María Pía Novelli, Camilo Rodríguez Blanco y Orlando Mellino.
El magistrado aplicó el artículo 336, inciso 3.º, del Código Procesal Penal de la Nación y dispuso que las actuaciones sean archivadas una vez que la resolución quede firme.
Por qué el juez descartó la existencia de una estafa
El expediente se originó después del 14 de febrero de 2025, cuando Javier Milei publicó en su cuenta de X un mensaje que promocionaba el proyecto Viva la Libertad y difundía la dirección del contrato digital de la criptomoneda $LIBRA.
Tras esa publicación, el valor del activo experimentó una suba extraordinaria, seguida de un desplome que provocó pérdidas entre quienes habían comprado la criptomoneda.
Las denuncias sostenían que la operación podía constituir una maniobra fraudulenta, mediante la cual un grupo reducido de participantes habría obtenido ganancias millonarias aprovechando el impulso que recibió el proyecto con la difusión presidencial.
Sin embargo, Martínez de Giorgi coincidió con la fiscalía en que la promoción del activo, su aumento de cotización y la posterior caída de su precio no alcanzaban, por sí solos, para demostrar una estafa.
El juez explicó que esa figura penal requiere acreditar una maniobra engañosa concreta, el error provocado en las víctimas y una relación directa entre ese engaño y el perjuicio económico.
En ese sentido, consideró que la investigación no había logrado identificar una afirmación falsa específica que hubiera determinado las decisiones de compra de los inversores.
El magistrado reconoció que la condición de Presidente pudo haber otorgado a $LIBRA una visibilidad particular e influido en la confianza de algunos compradores. No obstante, sostuvo que esa circunstancia no permitía establecer la existencia de un engaño penalmente relevante.
También señaló que las pérdidas registradas en un mercado de alta volatilidad, como el de las criptomonedas especulativas, no constituyen por sí mismas una prueba suficiente de una maniobra delictiva.
Qué resolvió sobre la participación de Javier y Karina Milei
Otro eje de la investigación estuvo relacionado con la posible utilización de funciones públicas para promover el proyecto.
Respecto de Javier Milei, el juez consideró que no se había acreditado que su publicación en X formara parte de una actuación administrativa o de una intervención institucional del Estado argentino.
Para esa conclusión tuvo en cuenta informes de organismos oficiales y un pronunciamiento anterior de la Oficina Anticorrupción, que había considerado que el mensaje fue publicado desde una cuenta personal y sin utilización de recursos públicos.
La investigación tampoco encontró documentación que permitiera acreditar un acuerdo institucional entre el Gobierno argentino y los responsables de la criptomoneda.
En cuanto a Karina Milei, secretaria General de la Presidencia, el magistrado examinó las denuncias sobre presuntos pagos destinados a facilitar reuniones de empresarios vinculados con el proyecto y funcionarios nacionales.
Entre las pruebas analizadas figuraban documentos y archivos recuperados del teléfono de Mauricio Novelli, incluidos borradores de acuerdos comerciales y referencias a contactos con integrantes del Gobierno.
El juez sostuvo que esos elementos no demostraban la existencia de una intermediación indebida remunerada ni permitían vincular los supuestos pagos con una actuación de Karina Milei en ejercicio de sus funciones.
También consideró insuficientes los movimientos financieros y los registros de cajas de seguridad examinados durante la investigación para acreditar pagos ilegales a funcionarios.
El pedido del fiscal y las pruebas que quedaron pendientes
Martínez de Giorgi respaldó el requerimiento de Taiano al considerar que estaba suficientemente fundamentado en las pruebas reunidas.
La investigación había incluido allanamientos, peritajes de dispositivos electrónicos, análisis de movimientos de criptomonedas, solicitudes de información a organismos públicos y pedidos de cooperación internacional.
Algunas de esas medidas no pudieron completarse. En particular, los trabajos de seguimiento de fondos digitales encontraron limitaciones técnicas y respuestas parciales de las plataformas consultadas.
El magistrado evaluó también el estado de la acusación después de que la Cámara Federal apartara del expediente a los inversores que habían sido admitidos como querellantes.
En ese contexto, sostuvo que no existía una acusación autónoma que justificara la continuidad del proceso frente al pedido de sobreseimiento formulado por el fiscal.
Los once investigados fueron sobreseídos sin haber sido llamados a prestar declaración indagatoria.
El juez consideró que esa circunstancia no impedía adoptar una decisión definitiva sobre su situación procesal.
Qué puede ocurrir ahora con la causa
El sobreseimiento constituye una decisión de primera instancia que dispone el cierre del proceso penal respecto de las once personas investigadas.
Sin embargo, todavía existen recursos pendientes ante la Cámara Federal de Casación Penal, vinculados con la exclusión de inversores que pretendían continuar interviniendo como querellantes.
En septiembre, la Cámara Federal porteña confirmó su apartamiento y posteriormente declaró inadmisibles los recursos mediante los cuales buscaban recuperar esa condición.
Los damnificados recurrieron entonces a la vía de queja ante Casación, por lo que continúa pendiente una definición sobre su participación en el expediente.
La decisión de Martínez de Giorgi también recibió cuestionamientos del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE), que participa en la causa como amicus curiae.
Su director ejecutivo, Pedro Biscay, consideró que el sobreseimiento fue prematuro y reclamó una revisión integral de la investigación, especialmente por el papel que tuvo la difusión presidencial del criptoactivo.
La controversia judicial comenzó hace más de un año y medio, después de que el mensaje de Milei impulsara la cotización de $LIBRA y su posterior desplome generara denuncias de inversores y presentaciones de dirigentes políticos.
Con la resolución conocida este viernes, el juez dio por concluida la investigación penal de primera instancia al considerar que no se habían acreditado los delitos denunciados. El expediente quedará archivado cuando el sobreseimiento adquiera firmeza, mientras permanece pendiente la definición sobre los recursos presentados por quienes buscan recuperar su participación como querellantes.