El exjefe de Gabinete deberá informar previamente cualquier viaje al exterior y obtener autorización judicial. El juez Ariel Lijo rechazó, en cambio, los pedidos para detenerlo y retenerle el pasaporte.
El juez federal Ariel Lijo dispuso que Manuel Adorni no pueda salir del país sin autorización previa, mientras avanza la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el exjefe de Gabinete.
La resolución fue adoptada a pedido del fiscal Gerardo Pollicita, quien conduce las medidas destinadas a determinar si la evolución patrimonial del exfuncionario guarda relación con sus ingresos declarados.
El alcance concreto de la restricción obliga a Adorni a informar anticipadamente cualquier intención de viajar al exterior. A partir de ese pedido, el juzgado deberá evaluar la pertinencia y razonabilidad del traslado antes de autorizarlo.
No se trata, por lo tanto, de una prohibición absoluta: el exfuncionario podrá solicitar permiso judicial para abandonar temporalmente el territorio argentino.
La medida alcanza únicamente a Adorni y no fue extendida a su esposa, Bettina Angeletti, quien también aparece bajo investigación dentro del expediente.
Rechazaron detenerlo y retenerle el pasaporte
La diputada nacional Marcela Pagano y el abogado Gregorio Dalbón, denunciantes en la causa, habían solicitado la detención preventiva del exjefe de Gabinete. De manera subsidiaria, pidieron que se prohibiera su salida del país y se ordenara la retención de su pasaporte.
Pollicita consideró que no existen, por el momento, elementos objetivos que permitan sostener un peligro de fuga o de entorpecimiento de la investigación. Lijo coincidió con ese criterio y rechazó tanto la detención como el retiro del documento.
Sin embargo, el fiscal entendió que Adorni debe comunicar cualquier viaje para que la Justicia pueda analizarlo previamente, planteo que fue aceptado por el magistrado.
La resolución constituye la primera restricción personal dictada contra el exfuncionario desde el inicio de la investigación.
Antes de conocerse la decisión, Adorni había presentado mediante su abogado, Matías Ledesma, un escrito en el que informó que se encontraba en la Argentina y que no tenía previsto viajar al exterior en el futuro cercano.
La aclaración se produjo después de que circularan versiones periodísticas sobre una eventual radicación temporal en Uruguay. Hasta el momento, esas versiones no fueron confirmadas por el exfuncionario ni consideradas suficientes por la Fiscalía para sostener que existiera un riesgo concreto de fuga.
Qué investiga la Justicia
La causa busca determinar si el crecimiento patrimonial de Adorni resulta compatible con sus ingresos durante su paso por la función pública.
La investigación analiza sus declaraciones juradas, movimientos financieros, gastos personales, viajes dentro y fuera del país, operaciones inmobiliarias y trabajos realizados en una vivienda ubicada en el barrio privado Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.
Uno de los elementos incorporados al expediente es el testimonio del contratista Matías Tabar, vinculado con las refacciones realizadas en esa propiedad. También se encuentran bajo análisis comunicaciones entre ambos anteriores a la declaración testimonial.
El fiscal consideró que esos contactos no alcanzan, hasta ahora, para afirmar que Adorni haya intentado obstaculizar la investigación. Entre sus argumentos señaló que el testimonio del contratista aportó información relevante para la causa y no evidenció que hubiese sido condicionado o amenazado.
Pollicita aguarda además un informe de la Dirección de Asesoramiento Financiero en las Investigaciones, que deberá analizar la documentación reunida y establecer si existen inconsistencias patrimoniales y cuál sería su magnitud.
Con ese material, la Fiscalía podrá requerirle formalmente a Adorni que justifique el origen de los bienes y fondos investigados. Por el momento no se confirmó una fecha para una eventual declaración indagatoria.
Sin reacción pública del Gobierno
La restricción fue conocida una semana después de la renuncia de Adorni a la Jefatura de Gabinete, cargo que ahora ocupa Diego Santilli. El exfuncionario también dejó posteriormente su lugar como representante del Estado en el directorio de YPF.
En su carta de dimisión, Adorni negó haber cometido actos de corrupción, denunció una campaña mediática en su contra y aseguró que demostrará ante la Justicia la legalidad de su patrimonio.
Hasta el cierre de esta nota, ni el exjefe de Gabinete ni el Gobierno nacional habían difundido una declaración pública específica sobre la nueva medida.
La investigación continúa abierta y Adorni conserva su estado de inocencia mientras no exista una sentencia firme. La próxima definición relevante dependerá del análisis financiero solicitado por la Fiscalía y de las explicaciones patrimoniales que deberá presentar el exfuncionario.