El juez federal Martín Cormick sancionó al jefe de Gabinete por no acatar una medida cautelar que exige actualizar los salarios docentes y no docentes y recomponer las becas estudiantiles. La decisión se conoció en la víspera de la quinta Marcha Federal Universitaria, que también tendrá una importante movilización en Córdoba.
La Justicia federal dispuso este miércoles una multa de $100.000 por día contra el jefe de Gabinete, Diego Santilli, por el incumplimiento de una medida cautelar que obliga al Gobierno nacional a aplicar las disposiciones de la Ley de Financiamiento Universitario vinculadas con la recomposición salarial de docentes y no docentes y la actualización de las becas estudiantiles.
La resolución fue dictada por el juez Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11, después de que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) denunciara que el Poder Ejecutivo continuaba sin cumplir la orden judicial, pese a las intimaciones realizadas durante las últimas semanas.
El magistrado consideró acreditado el incumplimiento e hizo efectivo el apercibimiento que había reiterado el pasado 30 de septiembre. La sanción fue fijada inicialmente en $100.000 por cada día de demora, aunque el fallo deja abierta la posibilidad de modificar tanto el monto como los funcionarios alcanzados.
Las multas, denominadas astreintes, constituyen una herramienta judicial destinada a forzar el cumplimiento de una obligación. En este caso, recaen sobre el titular de la Jefatura de Gabinete por sus responsabilidades en la administración presupuestaria.
La medida no supone una condena penal ni implica que los importes ya hayan sido abonados, sino que establece una consecuencia económica mientras persista el incumplimiento de la resolución.
Los incumplimientos denunciados por las universidades
El conflicto judicial se originó en la falta de aplicación de la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente, sancionada por el Congreso en 2025 y ratificada por ambas cámaras después del veto presidencial.
En particular, la medida cautelar exige cumplir los artículos 5 y 6, que establecen mecanismos de actualización salarial para el personal docente y no docente de las universidades públicas y la recomposición de los programas de becas estudiantiles.
El CIN, que reúne a los rectores de las universidades nacionales, sostuvo que el Gobierno no había ejecutado las actualizaciones ordenadas y reclamó que se aplicaran sanciones económicas por cada día de demora.
Cormick ya había intimado al Estado nacional en septiembre, otorgándole un plazo de cinco días para cumplir con la resolución. Ante la falta de acreditación de los pagos, reiteró el apercibimiento el 30 de septiembre y concedió una nueva oportunidad para regularizar la situación.
Con ambos plazos vencidos, las autoridades universitarias volvieron a presentarse ante el juzgado para solicitar la aplicación efectiva de las multas.
El presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, valoró la decisión judicial porque individualiza la responsabilidad en una autoridad del Poder Ejecutivo, en lugar de establecer una sanción genérica contra el Estado.
El dirigente universitario sostuvo que se trata de un paso importante dentro de un proceso judicial que todavía continúa y expresó su expectativa de que contribuya a obtener una respuesta del Gobierno.
La apelación del Gobierno no suspende la cautelar
La resolución de este miércoles se produce en medio de otra discusión judicial sobre la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
El 6 de octubre, Cormick declaró inconstitucional la disposición del Decreto 759/2025 mediante la cual el Gobierno había condicionado la ejecución de la ley a que el Congreso determinara las fuentes de financiamiento necesarias.
El Ejecutivo apeló esa sentencia y el magistrado concedió el recurso, por lo que la cuestión de fondo deberá ser revisada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.
Sin embargo, esa apelación no dejó sin efecto la medida cautelar que exige actualizar salarios y becas.
La orden provisoria había sido dictada en diciembre de 2025, posteriormente confirmada por la Cámara y quedó firme después de que la Corte Suprema rechazara un recurso extraordinario del Estado el 25 de junio de este año.
Por ese motivo, el juez consideró que las obligaciones establecidas en la cautelar siguen siendo exigibles mientras continúa el proceso judicial.
En sus presentaciones, el Gobierno cuestionó que se le exigieran pagos sin una determinación suficientemente precisa de las sumas adeudadas y sostuvo que la obligación representaba una carga presupuestaria difícil de establecer.
También argumentó que ya había dispuesto aumentos salariales para el personal universitario y convocado a negociaciones paritarias, por lo que consideraba que había avanzado en el cumplimiento de las disposiciones legales.
El Ejecutivo mantiene, además, su posición de que cualquier incremento del gasto público debe contar con recursos presupuestarios que permitan financiarlo.
Esos argumentos no modificaron, hasta ahora, la decisión judicial de exigir el cumplimiento efectivo de la cautelar.
La resolución llega en la víspera de la marcha universitaria
La sanción contra Santilli se conoció apenas un día antes de la quinta Marcha Federal Universitaria, convocada para este jueves 15 de octubre en distintas ciudades del país.
La movilización tiene como principales reclamos la aplicación plena de la Ley de Financiamiento Universitario, la recomposición salarial de docentes y no docentes y una revisión de los recursos previstos en el proyecto de Presupuesto 2027.
En Córdoba, la concentración comenzará a las 15 en el Monumento del Centenario de la Reforma Universitaria, en Ciudad Universitaria.
La marcha partirá a las 15:30 por avenida Los Nogales, continuará por Plaza España e Hipólito Yrigoyen y finalizará en la intersección con bulevar San Juan, donde se realizará el acto central a las 18.
La convocatoria reúne a la Universidad Nacional de Córdoba, la Facultad Regional Córdoba de la UTN, la Universidad Provincial de Córdoba, organizaciones estudiantiles y gremios docentes y no docentes, entre otros sectores.
Como informó La Jornada, las universidades también cuestionan el proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el Poder Ejecutivo, que contempla recursos inferiores a los solicitados por el CIN para garantizar el funcionamiento del sistema.
En ese escenario, la decisión de Cormick incorpora una nueva presión judicial sobre el Gobierno nacional. La multa diaria busca obligar al cumplimiento de una cautelar vigente, mientras continúa pendiente la resolución definitiva del conflicto sobre la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.