La causa del cannabis medicinal, que se originó el 30 de agosto de 2017 con una serie de allanamientos simultáneos en distintas localidades de la provincia pasó de la órbita de la justicia provincial al fuero federal.
La investigación tiene a nueve personas imputadas de “Comercialización de Estupefacientes y Confabulación en Concurso Real”, entre ellos el fundador y director de las ‘Clínicas del Cannabis’, Carlos Laje, y la carlospacense Fernanda Moyano, encargada del espacio en nuestra ciudad.
De los nueve, Moyano y Paola Toranzo tienen prisión domiciliaria, en tanto otros seis están detenidos en la cárcel de Bouwer y una persona sigue prófuga.
Una vez que se sepa en cuál de los tres juzgados federales que funcionan en Córdoba recae la causa (es por sorteo), los abogados defensores presentarán nuevamente los correspondientes pedidos de excarcelación.
La posibilidad de que la excarcelación le sea otorgada a todos los imputados parece resumir la importancia de que la investigación haya quedado a cargo del fuero federal.
Así lo explicó a La Jornada Nadia Podsiadlo, abogada defensora de Moyano, entre otros de los involucrados.
“El fuero federal respeta a rajatabla el principio de inocencia y los principios y pactos de derecho internacional. En definitiva, respeta lo que estudiamos todos los abogados en los manuales de Derecho.
Es un orgullo tener juzgados federales donde se respeten las garantías constitucionales”, dijo. Y planteó que lo que debería llamar la atención es que en la provincia, “la excepción que es la prisión preventiva pasó a ser la regla”.
Aclaró, además, que en el marco de la causa “nunca se habló de narcotráfico si no de cannabis medicinal, que nunca atentó contra el derecho a la salud”.